Carne: tras suspensión, lo peligroso es que se imponga precio máximo

El «antimodelo» encerrado en su laberinto se enoja con la realidad y pretende suprimirla con autoritarismo. Devaluar la moneda no es otra cosa que modificar la relación de precios a favor de la exportación y en contra del consumo interno. «Sobredevaluar» implica exagerar ese efecto. Los salarios valen menos que antes de la devaluación si se los mide en las cantidades de productos exportables que pueden consumir. La carne es uno de ellos.

Lo lógico, lo sano y lo recomendable sería dejar de impulsar la devaluación «artificial», dejar que el peso encuentre su nivel de equilibrio sin compras del Banco Central y eliminar las retenciones a las exportaciones, salvo situaciones muy puntuales y específicas que no viene al caso analizar. En particular, respecto de la producción ganadera, deberían eliminarse, además, las restricciones a la faena. El precio de la carne bajaría en pesos, aunque se mantuviera en dólares. Es decir, nuestros trabajadores y jubilados podrían consumir más carne sin perjudicar la exportación ni, por lo tanto, el ingreso de divisas que proviene de la demanda internacional que nuestros productores han logrado captar.

Pero no, el gobierno prefiere alentar la «sobredevaluación» y evitar su «costo político» reprimiendo algunas de sus consecuencias con prohibiciones, treguas, aprietes, etc., de modo selectivo, reaccionando caso por caso. Es el reino de la contradicción y la arbitrariedad, caldo innegable de la corrupción. Los tubos sin costura u otros bienes industriales, por ejemplo, pueden aprovechar la devaluación plena (la gente no los come), en tanto que la carne no podrá hacerlo. No es la magnitud de la renta lo que define ese comportamiento oficial, sino el impacto en la población del aumento provocado por el gobierno. La prohibición de exportar carne impedirá al país el ingreso de una enorme cantidad de dólares, y muchos trabajadores perderán sus empleos. Se oculta a la población que la causa de la inflación argentina es monetaria e institucional. Se alienta la emisión artificial de moneda para comprar «reservas» para pagarles a los organismos internacionales y se desconocen sistemáticamente las garantías constitucionales en los procesos de producción, comercialización y acumulación. La mezcla es claramente explosiva.

• Efectos

Aunque por las enormes reservas de inversión de los 90 los efectos no se ven en lo inmediato. Pero a no dudarlo que se verán. Cualquier agente económico deberá advertir claramente después de la reciente medida que los precios han dejado de ser el orientador de la inversión. Pese a que el cuadro internacional favorable induciría a aumentar la producción de carne, por ejemplo, equilibrando la oferta y demanda en el mediano plazo, la arbitrariedad del gobierno aconseja el comportamiento opuesto, alejando el equilibrio.

Lo previsible es que a la prohibición de exportación suceda la veda de consumo interno o los precios máximos, experiencias ya conocidas. Y lo mismo vale para los otros sectores en tanto orienten su oferta a mercados de consumo popular. Por ejemplo, la construcción de viviendas para alquiler se ha convertido en una alternativa frente al riesgo de ahorrar en los bancos; pero ¡cuidado!, si la inflación impulsa los alquileres, pueden volver los conocidos « congelamientos». Y así podríamos seguir indefinidamente.

• Perjuicio

Ningún planificador público puede suplir al mercado y menos en los tiempos modernos. Como resultado de ello, la oferta para el pueblo será cada vez más escasa, de peor calidad y más cara en relación con el salario. Si en cambio se eliminaran las restricciones artificiales y se dejara que los precios internos se sinceraran, tanto de los bienes transables como de los servicios, el ingreso de los capitales que se fueron durante la crisis permitiría un significativo aumento de la inversión y de los salarios reales, es decir, de los salarios medidos por la cantidad de bienes transables y no transables que puedan adquirir.

Pero además de estas nociones elementales de sentido común económico, que lamentablemente deben ser reiteradas no por desconocidas, sino por incumplidas, el autoritarismo económico conduce inexorablemente al autoritarismo político. La represión no será sólo respecto de los precios de ciertos bienes, sino respecto de quienes defiendan a los productores de esos bienes.

• Adjetivos

«Intereses corporativos», «especuladores», «vivos», «aprovechadores», etc. serán los adjetivos menos agresivos que se oirán. Y a la represión mediática seguirán otras persecuciones sin que, lamentablemente, podamos excluir de este cuadro la violencia física. Estatal o «paraestatal». Todo lo contrario es lo que indica la Constitución.

La libertad es la antesala de la paz. El trabajo es la fuente principal de la propiedad de sus frutos. La propiedad es vana ilusión sin la garantía de su uso y goce pacíficos. La libertad de comercio incluye la de exportar, importar o vender al mercado interno, según las conveniencias de cada uno. Los síntomas de lo que ocurre están cada vez más claros: el «antimodelo» no cierra. No es sustentable. La represión de la inflación no tardará en mostrarse estéril. Pero el camino a la verdad, es decir, a la realidad, estará plagado de obstáculos puestos por el autoritarismo que se empeñará en negarla hasta el final.