Una de las problemáticas más importantes hoy en el país, pero especialmente en la Ciudad de Buenos Aires por su volumen, es el acceso a la vivienda. En las últimas décadas, la Ciudad ha ido atravesando un proceso de “inquilinización”, es decir, cada vez menos porteños y porteñas poseen sus viviendas y cada vez son más quienes alquilan. Si se analiza el régimen de tenencia de la vivienda en la Ciudad en los últimos años, la proporción de hogares inquilinos pasó de 23,9% en 2003 al 34,4% en 2019, mientras que los hogares propietarios han decrecido en similares proporciones, del 64,4% en 2001 y 54,1% en 2019.
Esta proceso de “inquilinización” que venía avanzando con fuerza durante el gobierno de Mauricio Macri, se vio acelerado por la pandemia y el parate económico que significó, con el consecuente aumento de la pérdida de poder adquisitivo general. La palabra “general” es una de las claves por las que es fundamental abordar la crisis habitacional en la Ciudad: está atravesando diferentes clases sociales, desde las clases populares que habitan en barrios y villas y alquilan a través del mercado informal en cada vez peores condiciones, hasta las clases medias que hoy tienen que achicarse por el fuerte aumento en el precio de los alquileres formales. Además, según releva el informe de la Defensoría del Pueblo sobre desalojos en villas en CABA, "se han generado desplazamientos de sectores medios que alquilaban en el mercado formal hacia el alquiler en el mercado informal, toda vez que no han podido sortear las barreras de acceso y permanencia a una vivienda en alquiler".
Si analizamos el fenómeno más de cerca, surgen otros datos no demasiado alentadores. En el siguiente gráfico, se puede ver que en CABA hay un porcentaje altísimo de personas que alquilan y son jefes o jefas de hogar menores a 35 años.
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Gráfico de elaboración propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) elaborada por el INDEC.
Este dato preocupa no sólo porque la tendencia refuerza el proceso de inquilinización en la Ciudad, sino también porque afecta a les más jóvenes. En paralelo, en la última década, el creciente fenómeno de alquileres temporarios por habitación en casas de familia se extendió entre quienes buscan independizarse de la casa familiar, dado que los ingresos que se necesitan para alquilar un monoambiente son demasiado altos para quienes tienen un acceso reciente al mercado de trabajo.
En el siguiente gráfico, también puede verse una reducción en los últimos años de la cantidad de personas que alquilan de bajos ingresos en la Ciudad. Esta caída, lejos de representar a un grupo que dejó de alquilar porque accedió a una vivienda propia, representa de manera muy gráfica la expulsión de porteños y porteñas de la Ciudad por no poder sostener el costo de la vivienda.
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Gráfico de elaboración propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) elaborada por el INDEC.
La precarización es evidente y redunda en una lenta expulsión de sus habitantes a los márgenes. Para poder diseñar políticas públicas que la reviertan es necesario contar con un diagnóstico acertado y con una mirada inclusiva que promueva el acceso a una gran franja poblacional, especialmente a las personas más jóvenes de clase media, el sector más afectado por los aumentos en los alquileres. Si bien es cierto que la caída en los niveles de ingresos deterioran la capacidad de afrontar gastos como un alquiler o la cuota de un crédito, lo cierto es que el aumento sostenido de los valores de las propiedades en los últimos años hace cada vez más difícil revertir la inquilinización.
Según algunos análisis, este aumento se debe a la falta de oferta. Sin embargo, según un relevamiento del propio IVC, la Ciudad tiene actualmente casi 140.000 viviendas ociosas. No es que faltan viviendas, faltan viviendas accesibles. Un alquiler que sea asequible para las grandes mayorías no debería representar más del 30% del salario aproximadamente. En la actualidad, los alquileres de 3 y 4 ambientes alcanzan valores hasta del 60% del salario.
Este fenómeno se vio además potenciado en los últimos años por la priorización de la construcción de torres y viviendas de lujo en la Ciudad, promovida desde el Estado porteño, y por la falta de la asignación de recursos a atacar la problemática de la inquilinización. Como señala el informe previamente citado de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, durante la pandemia, si bien “pueden destacarse las acciones vinculadas con la prevención de desalojos a través del asesoramiento, información, acompañamiento de las partes y mediación de conflictos (…) la única respuesta de ayuda económica implementada continuó siendo el subsidio habitacional pre existente, sin ningún tipo de adecuación a la situación sanitaria para el acceso al mismo (sólo se eximió de presentar documentación a las personas ya incorporadas)”.
Por otra parte, la reciente aprobación en la Legislatura del convenio entre el gobierno porteño e IRSA para la construcción de un barrio privado en Costanera Sur da cuenta de esta tendencia a privilegiar los emprendimientos inmobiliarios de lujo que ya lleva varios años y que sin dudas continuará profundizando la fragilidad habitacional de los porteños y porteñas.
Politóloga, legisladora porteña (MC) y dirigenta del Movimiento Evita CABA.
