"Cortar los puentes es legítima defensa"

Estos días hemos visto cómo los opositores a Gualeguaychú, en los medios nacionales, algunos periodistas y entrevistados, han venido sosteniendo sus críticas al corte de rutas, basados en la injusta acusación de que los mismos son ilegales, cambiando así el eje de la discusión y omitiendo los ilícitos anteriores de Uruguay, que avanzó sobre derechos argentinos, violando previamente el tratado del río.

Y estos ataques son más fuertes e implacables, cuanto más lejos sus autores se encuentran de Gualeguaychú, ya que a mucha distancia de la realidad concreta, la dimensión del daño no se percibe.

Debemos afirmar desde lo jurídico, del derecho internacional o desde donde se lo observe, que el corte de la Ruta 136 es de absoluta legalidad, más aún, es una obligación, ante la fragrante violación de un tratado por parte de Uruguay.

Además, conviene resaltar que jamás funcionario alguno, del Poder Ejecutivo o Judicial ha formalizado intimación que conmine a desalojar las rutas. Si tuvieren ellos basamento legal están obligados, bajo apercibimiento de incumplimiento de los deberes de funcionario publico, a efectuar la acción judicial, cosa que como he señalado no han concretado. El Derecho no es abstracto. Encarna en quienes reside la obligación constitucional de hacerlo respetar.

Por otra parte la legalidad de los cortes, está dada por el derecho y obligación que poseen todos los ciudadanos de defender la soberanía y como ordena la Constitución, ante cualquier agresión exterior -violación del tratado del río Uruguay- concurrir en defensa de la Patria. El ejercicio de la representación nacional ante el exterior no es un derecho propio del Estado nacional sino una delegación posterior de cada uno de los ciudadanos y las provincias, que ceden el ejercicio, más no la titularidad de la soberanía. Los que viven lejos, los cómodamente parapetados en escritorios de la Capital Federal pueden hacerse los distraídos. Nosotros no. No podemos. Y no queremos. No salimos a la ruta por gusto, lo hacemos por necesidad. ¿O acaso alguien cree que nuestra vocación es vivir en la ruta o llevarnos mal con nuestros vecinos y arruinar una relación entrañable?

El Poder Ejecutivo, por delegacióndel pueblo a través de la Constitución, ejerce la Defensa Nacional, pero si esta acción no se concreta por cualquier circunstancia, los habitantes están obligados a reemplazar a las autoridades y retomar los poderes delegados, defendiendo el territorio.

Es el antiguo y glorioso grito de Fuenteovejuna, honrado por toda nuestra tradición cultural e institucional, y fuente de derecho hispano y universal, que los pueblos se levanten para defender lo que las autoridades superiores parecen haber abandonado. Y es nada más ni nada menos lo que estamos haciendo.

Hay un país originariamente agresor -Uruguay- que no respeta nuestros derechos sobre el río, que ejecuta acciones inconsultas y de disponibilidad, como si fuera dueño exclusivo. Ante ello, se reclama, se recurre a la Corte de La Haya, se insta a la concertación y nada se logra, pues Uruguay, continúa en forma absoluta e individual disponiendo. Más aún, en medio del litigio, prosigue construyendo la planta cuestionada, duplica el abastecimiento de agua de un río compartido, sin autorización, violando nuevamente el tratado y en definitiva agrede diariamente.

Frente a esto el gobierno nacional no actúa y son los ciudadanos, que recuperando los poderes delegados, sin buscarlo, pero tampoco eludiendo la responsabilidad, dentro del marco de paz, recurren al medio más disponible, efectivo, pacífico y de defensa que poseen, el corte de ruta.

Muchos nos hemos tomado el trabajo de consultar -con las reservas del caso- jurídicamente y judicialmente esta situación, la que es catalogada como legal. Por eso afirmamos que el corte de ruta, en este caso concreto, o en la emergencia la suspensión de relaciones y cierre de fronteras, sea lo que opine el Banco Mundial, La Haya o quien sea, es legal, legítimo y hace al Derecho de legítima defensa.

Mas, nadie puede obligarnosa mantener relaciones con malos vecinos.

Nosotros somos los más interesados en que el corte de ruta termine. Queremos que concluya a través del mandato constitucional que obliga a las más altas autoridades a plantarse frente a la agresión extranjera y mantenerse firme en nombre de todo el país. Queremos la conciliación que termine con las pasteras fuera de la cuenca del río Uruguay.

Los pueblos cuyos gobiernos no se hacen cargo de afrontar virilmente las dificultades terminan fatalmente conducidos a enfrentamientos no queridos por ninguno al comenzar el diferendo.

Ya sabemos la respuesta de los intereses económicos y los organismos internacionales, las pasadas y las que vendrán, pero por siempre conservamos un derecho, mantener relaciones diplomáticas y fronteras abiertas, sólo con los que nos respetan.

Mas allá de todo, ante esta realidad, reclamamos acción de nuestros gobernantes, que sin pensar en especulaciones o costos políticos, se acerquen a Uruguay, impulsen con generosidad y humildad un acuerdo, para evitar proseguir en este camino equivocado, que como daño menor, nos conducirá a la ruptura de relaciones.