Dejar bajar el dólar tiene más ventajas (pero más oposición)

Roberto Lavagna

Con 1,5% de marzo, la persistencia del aumento de la tasa de inflación ha desatado un fuerte debate. Por el lado del gobierno, tenemos que distinguir básicamente tres posiciones: Primero, la del Banco Central, que (acertadamente) niega que la emisión de pesos para la compra de dólares genere presiones inflacionarias, puesto que la cantidad de pesos de la economía aumenta porque aumenta la demanda de pesos y no porque haya emisión espuria e inflacionaria.

Segundo, la del Ministerio de Economía, a cargo de Roberto Lavagna, que ha centrado su atención en las presiones de aumentos salariales y que confía en que las mejoras de los resultados fiscales de abril y de mayo, restando capacidad de gasto al sector privado, descomprimirán el problema (lo que, como veremos, es parcialmente cierto).

Tercero, la del poder político, que de sus dichos parecería desprenderse el diagnóstico de que el aumento de los precios se debe básicamente a la codicia desmedida de los empresarios y que, por lo tanto, se soluciona mediante la «persuasión» y los acuerdos de precios.

En el extremo opuesto, el desprestigiado FMI está proponiendo una política anticíclica (no expandir tanto el gasto público cuando se expande tanto la recaudación fiscal), que evite sobresaltos cuando se revierta una coyuntura externa excepcionalmente favorable para nuestro país. Con ello no se está criticando alguna emisión monetaria con origen en un déficit fiscal ni un exceso de gasto con aumento del endeudamiento público: se está recomendando prudencia, lo que en la Argentina debería considerarse como una discusión saludable y de altísima sofisticación, exclusivo mérito del actual gobierno, que ha sabido darle un alto valor al orden presupuestario.

Por otra parte, el organismo internacional también recomienda reducir la compra de dólares con emisión monetaria, como si ésta fuera la causa de la mayor presión inflacionaria. Si bien hay que desestimar este diagnóstico, sí vale la pena considerar que una menor compra de dólares implicaría una revaluación del peso por caída del tipo de cambio nominal.

• Desacuerdo

Un fenómeno de estas características reduciría automáticamente la tasa de inflación e implicaría un aumento del ingreso nacional en dólares y, por lo tanto, del salario real y del bienestar general. Un resultado ideal para un año electoral, y sin embargo, con muy pocos defensores: desde ya que la UIA no estaría de acuerdo con esta política, puesto que perjudicaría la rentabilidad empresaria. Los productores agropecuarios tampoco estarían a favor, más aún si se revirtiera el favorable ciclo internacional, lo que llevaría a fuertes reclamos a favor de una baja de retenciones a las exportaciones.

Tampoco estaría de acuerdo el Ministerio de Economía, que parece apostar a la alta rentabilidadempresaria y su contrapartida en bajos salarios como motores del crecimiento, y un eventual ciclo de fuerte inversión. Además, el tipo de cambio real alto asegura ingresos fiscales por retenciones a las exportaciones. Por ello, también se opondría el poder político, puesto que las retenciones no son coparticipables con las provincias, y la estrategia de un alto superávit fiscal ha dado un buen resultado en términos de independencia política y gobernabilidad. (Debería considerarse, contrariamente, que una pérdida de ingresos por retenciones sería más que compensada por la expansión del mercado interno, y que las eventuales pérdidas de rentabilidad de los sectores exportadores deberían ser más que compensadas por las mejoras en productividad.)Paradójicamente, tampoco bendecirían una revaluación los sindicalistas, puesto que, si hay que luchar por un aumento de los salarios en dólares, preferirán que se produjera a expensas de un aumento salarial nominal en pesos a que se lleve todos los laureles una revaluación. Entonces, el mecanismo antiinflacionario por medio de la revaluación tendría inevitablemente demasiados opositores, cuando los que deberían defenderlo ( asalariados y prestadores de servicios, la gran mayoría del país) tienen poca representatividad en el debate.

Veamos ahora qué podemos aportar en esta puja que promete ser apasionante: luego del abandono de la convertibilidad, de hecho, se ha aplicado una política de cambio fijo con un tipo de cambio real exageradamente alto (salarios y precios de los servicios demasiado bajos en términos reales). Cabe recordar que los devaluacionistas proponían primero una paridad de $ 1,40 por dólar, pero en la crisis no desperdiciaron la oportunidad y la fijaron virtualmente en alrededor de 3 pesos por dólar. En aquel entonces, ello pudo ser convalidado merced a una brutal huida de capitales, contrapartida de un abundante superávit de cuenta corriente de la balanza de pagos, contracción de la demanda y de la actividad interna, y de una elevada capacidad ociosa.

Luego de casi tres años, a medida que la economía tiende a normalizarse, está desapareciendo el superávit de cuenta corriente, al mismo tiempo que se recomponen la demanda interna,la actividad económica, la utilización de la capacidad instalada y el empleo. Bajo este contexto, es totalmente utópico esperar que de aquí en más un proceso de inversión y crecimiento económico sostenido no venga acompañado de una recomposición salarial y de precios relativos, que con tipo de cambio nominal fijo sólo puede manifestarse como inflación.Más aún, cuando todavía deben resolverse las recomposiciones de tarifas de los servicios públicos y los precios de la mayoría de los servicios privados, alquileres, etcétera...

Entonces, estamos frente a un gran dilema: si se quiere mantener el tipo de cambio nominal, la tasa de inflación sólo podrá ser contenida con distorsiones poco duraderas o con sacrificios en términos de actividad y crecimiento económico. Si no, habrá que convivir con elevada inflación y sus negativas consecuencias en términos de conflictividad e incertidumbre. En cambio, si se elige la revaluación del peso (siempre observando los niveles de productividad), el resultado será de mayor actividad económica y menor inflación, menor conflictividad salarial y mayor certidumbre económica general.