Deuda argentina: entre la "libanización" y el "acoso"

Si bien el debate sobre el tema de la deuda externa-argentina es algo que nos acompaña desde tiempos inmemoriales, la declaración de default por parte de un fugaz presidente hace dos años, con el beneplácito y el aplauso de la Asamblea Legislativa, no sólo actualizó la vigencia de dicho debate, sino que desencadenó una crítica y desfavorable situación para el país en el ámbito internacional.

Ha quedado demostrado, en estos dos años, el error de haber tomado una decisión de tal naturaleza en forma abrupta sin haber tenido siquiera un mínimo plan de acción posterior, ni una estrategia de corto, mediano y largo plazo; también puede advertirse, hoy, lo que ha significado en términos de costos y de atraso tal error para el país. Lo paradójico de la situación es que, atento al carácter tan absurdo de lo acontecido, no sólo se ha complicado la Argentina, sino que se ha colocado también en una difícil, incómoda posición de desorientación al conjunto de los acreedores; incluyendo tanto a los organismos internacionales multilaterales de crédito, como a los particulares tenedores de títulos de deuda, quienes han quedado atrapados debiendo elegir entre romper lanzas definitivamente con el deudor y escoger individualmente las acciones legales por seguir, o admitir que la deuda -tal como está conformada-es realmente impagable y que deben resignarse a recibir lo que el país considere que «puede» pagar, y de la forma en que éste indique, generando un peligroso precedente en materia de crédito que colocaría en jaque a la comunidad internacional y al mundo de las finanzas.

Hoy la duda existencial para todos los acreedores es «qué hacer con la Argentina...». Dentro del mismo FMI existe una división entre los que desean establecer una política flexible y de tolerancia que permita una salida «elegante» ( sobre la base de las llamadas « reformas estructurales» sin traicionar la política general del ente ni crear precedentes negativos en la materia), y quienes desean utilizar el caso argentino como un ejemplo de escarmiento para desalentar a otros países a recurrir a conductas similares.

• Divisiones

En lo que respecta a los acreedores privados, también entre ellos existen algunas divisiones. Por una parte, están los más intransigentes, quienes han iniciado acciones judiciales -con algunas medidas cautelares trabadas-y los que no desean siquiera dialogar sobre la base de la propuesta de Dubai; y por otro lado, están los más razonables, quienes pretenden buscar algún camino intermedio de recambio de títulos sobre una suerte de menú de opciones que combine algunas de las alternativas expuestas para minimizar el impacto de la quita. El gobierno, por su parte, desde el comienzo del default adoptó -a lo largo de todas sus administracionesuna política de dilación en la solución del tema y de provocación de los acreedores basada en dos ingredientes básicos: 1) la desacreditación de todos los acreedores desde el discurso y la tribuna, amenazándolos e imputándoles la responsabilidad exclusiva de todos nuestros males actuales; y 2) la postergación de los contactos con los acreedores privados para la negociación y elaboración de una oferta que, cuando fue formulada, lució tardía, desafiante e inaceptable para ellos.

Más allá de que pueda coincidirse o discreparse respecto de esta técnica negociadora «al límite» -por nuestra parte disentimos de ella-, y sin que pueda asegurarse cómo terminará finalmente este proceso, lo cierto es que parecería que la dilación y la forma que se ha llevado adelante el tema han sido por demás perjudiciales, pues se ha dejado avanzar el conflicto a un punto tal de disgusto generalizado que incluso ha motivado a tribunales extranjeros -judiciales y privados-tener una cierta fuerte animosidad en contra del país que los llevó a dictar medidas cautelares o de procedimiento que llegan a violar convenciones internacionales (como fue el caso de los embargos a sedes diplomáticas), o a reconocer en forma insólita a accionistas minoritarios de empresas que prestan servicios públicos en la Argentina, o de «holdings» controlantes de éstas, derechos patrimoniales personales por los daños que sufren las prestadoras de servicios públicos afectadas por la política del gobierno (casos CIADI), constituyendo ambos antecedentes un claro « acoso» y «abuso» en contra del país.

• Peligroso

Lo ocurrido demuestra que insistir en las dilaciones y las provocaciones, manteniendo posiciones inflexibles y agitando los ánimos desde la tribuna, puede ser no sólo inconducente, sino también algo sumamente peligroso, pues parece haber llegado, finalmente, el tiempo para acordar y cerrar este capítulo, incorporando una dosis de flexibilidad, razonabilidad y responsabilidad al debate. Postergar estos acuerdos no sólo es una apuesta demasiado fuerte y peligrosa, sino que puede llevar a una suerte de « libanización» de la deuda y de los deudores generando una fractura en los mecanismos internos de los organismos internacionales (FMI incluido) que impida la toma de decisiones en relación con nuestras necesidades disparando, también, las acciones judiciales de los bonistas y acreedores privados, en diversas jurisdicciones y obteniendo embargos y medidas cautelares a lo largo y ancho del planeta con afectación del desenvolvimiento internacional del país y, quien sabe, también del de sus ciudadanos.

Si para muestra basta un botón, lo acontecido recientemente con el caso del Correo Argentino y el embargo de sus cuentas parece ser suficientemente elocuente. Para una situación que transita, hoy, entre la «libanización» y el «acoso», aquel «... argentinos a las cosas...» de Ortega y Gasset parecería ser la respuesta más adecuada.