Deuda pública: hablemos claro

Asombrosamente, esas mismas autoridades deciden que los acreedores privados deberán ser castigados. Casi la mitad de esos acreedores a quienes se les propone quitarles más de 90 por ciento de sus ahorros está formada por ciudadanos argentinos. Deberíamos saber por qué se decide castigar de esa forma a un grupo de ciudadanos. ¿Así defiende el gobierno a los residentes que pagaron sus impuestos y ahorraron en el país; residentes que gastan o invierten sus rentas beneficiando la economía real? Un país sólo crece con un fuerte ahorro interno. ¿Cree el gobierno que con estas actitudes fomenta el ahorro? ¿Por qué el gobierno pretende que los ahorristas residentes que no fugaron sus fondos al exterior tengan un castigo adicional? Todos en el país fueron castigados en sus salarios, patrimonios, nivel de vida, el aumento de la pobreza y la indigencia. Pero hay un grupo, los ahorristas y futuros jubilados, que perderá 90 por ciento de una parte de sus ahorros. Difícil de creer.

Y ¿quiénes son los acreedores de la deuda pública argentina? El 40 por ciento reside en la Argentina. Menos de 20 por ciento es italiano. El resto se reparte entre Japón, Alemania, España, los Estados Unidos y, en cantidades muy menores, otros países europeos y asiáticos. En síntesis, el gobierno decide que a los culpables del desastre se les pague todo y que a los residentes en nuestro país -que fueron engañados por las autoridades argentinas con las promociones de apoyar al país y la seguridad que da un Estado soberano-se les realice un recorte nominal de 75 por ciento y real de más de 90 por ciento de los ahorros que pusieron a resguardo en el Tesoro nacional. La lógica sería que quienes con sus fondos apoyan la economía real de otros países sean los castigados. Para crecer, un país necesita de un fuerte ahorro interno. ¿Creen las autoridades que con las medidas propuestas fomentan el ahorro interno? Esperemos que se busquen otras alternativas. Cuando nuestras autoridades dicen que quienes colocaron sus fondos a 30 por ciento anual merecen esa quita, seguramente están en lo cierto. Pero la realidad es que todos los fondos que obtuvo la Argentina en los '90 los consiguió a tasas de mercado y en muchos casos aun menores. Esas cifras de 30 por ciento que se mencionan fueron obtenidas en el mercado secundario y a partir de 2001.

Nuestras autoridades saben que los Estados soberanos, al igual que las empresas, tienen continuidad jurídica. Cuando comparan a una parte de nuestra deuda con el caso de la empresa de electricidadde los Estados Unidos que cotiza hoy a alrededor de 15 centavos de dólar, deberían agregar que éste es el valor presente (en nuestro caso es menos de 10 por ciento). Y que ese valor de 15 centavos se incrementará cuando se reordene la empresa. Además, lo más importante es que los responsables directos, indirectos y aquellos que estaban encargados del control están siendo juzgados, muchos en prisión y algunos hasta pueden llegar a sufrir cadena perpetua. Para nuestras autoridades los culpables son los ahorristas por haber dejado los fondos en el país. Algo no funciona. Los ahorristas residentes en el país no son culpables. El presidente de la República debe protegerlos, no castigarlos.