Deuda: una salida para la negociación
-
Planes sociales y formación de capital humano
-
Atención: el nuevo plazo fijo que le gana a la inflación todos los meses
Por otra parte, la falta de institucionalidad del nuevo paradigma hace que el sistema judicial internacional siga actuando dentro del marco legal vigente. Para un juez, lo que existe es un contrato de deuda, un deudor que tiene fondos pero que los quiere destinar sólo a ciertos acreedores y un acreedor que tiene un derecho, aunque limitado a las posibilidades ciertas de pago del deudor. Esos jueces no entienden de nuevos paradigmas, ni de escarmientos globales, sólo atienden casos individuales en el marco de contratos y leyes firmados bajo las viejas reglas de juego. Cuando todo esto se junta es evidente que instrumentar las nuevas reglas requiere algo más que ganas. Exige un programa serio y general para replantear el rol de los organismos, y los castigos posibles a deudores y acreedores. No basta con decir «acuerden de buena fe», «mejoren la propuesta, pero bajen la exposición con los multilaterales» y «no pidan fondos frescos para ayudarlos a resolver el problema porque eso es parte del viejo paradigma». Hay que entender, insisto, en que este planteo de castigo asimétrico a los acreedores y que uno de ellos, además, tiene el papel de auditor y acreedor privilegiado no es un «nuevo paradigma» es un mamarracho inviable e incompatible con un funcionamiento aceptable del mercado de capitales internacional y difícilmente supere los estrados judiciales. La solución exigirá un esfuerzo de todos los acreedores predefault y no sólo de algunos. Esto me permite pasar ahora al «dilema» entre sustentabilidad y aceptabilidad.
En otras palabras, la propuesta del gobierno se deriva de un ejercicio y no de un teorema. Seguir repitiendo el es-logan de que sólo es sustentable dicha propuesta y no otra, mantiene el problema en el actual punto de estancamiento. Para explorar alternativas, permítaseme discutir la cuestión de la sustentabilidad de manera más amplia. La capacidad del gobierno argentino para tener un superávit primario tal que le permita hacer frente a los compromisos de pago de la deuda vieja y nueva en los próximos años depende, a mi juicio, no del superávit fiscal, sino del crecimiento de la economía. O mejor dicho, el superávit fiscal es función del crecimiento y no a la inversa. Con una economía creciendo sostenidamente, la recaudación fiscal puede mantenerse -más allá de las obvias necesidades de eficiencia recaudadora y de diseño del sistema impositivo-y el gasto público controlarse políticamente. Una economía en recesión o en caída libre no resiste ni política, ni económicamente, destinar demasiados fondos al pago de la deuda, no importa cuál haya sido el compromiso asumido. Pero ¿de qué depende el crecimiento? Del ingreso de capitales -o menor salida-; de los precios internacionales de los productos exportables, de la tasa de inversión -indirectamente vinculada al ingreso de capitales-y de la productividad de los factores -también indirectamente vinculada a la inversión-. Es cierto que, a su vez, el ingreso de capitales depende, entre otras cosas, de la disciplina fiscal, para mantener a la política monetaria independiente y controlando la inflación, pero también depende de la tasa de interés internacional, y del ambiente de negocios, etcétera.
En primer lugar, el G-7, el gobierno americano y los organismos tienen que entender que el nuevo paradigma debe ser diseñado e institucionalizado, que no basta con enunciarlo y que, mientras tanto, el caso argentino requiere que se acepte una quita también para los multilaterales o, su equivalente, la aparición de fondos frescos -la alternativa más viable es al menos restituir el nivel de exposición precrisis y dejarla constante por un tiempo-. Esa restitución permitiría armar una propuesta con una quita inicial para el resto de los acreedores como para empezar a sacarla de los juzgados y mover la negociación.
En segundo lugar, los acreedores tienen que entender que ninguna propuesta es sustentable sin crecimiento económico de manera que los instrumentos que se diseñen deben contemplar esta cuestión. Por ejemplo, un instrumento cuyo capital sea ajustable por un índice de precios de exportación de los productos argentinos, índice llevado «objetivamente» por el FMI, permitiría ligar la evolución de la economía internacional y el acceso a mercados con el pago de la deuda. En los ciclos adversos se paga menos, en los ciclos positivos se paga más. Posiblemente, esto implique mantener los impuestos a la exportación, pero como mecanismo de recaudación a cuenta de otros impuestos y obliga a sostener la disciplina fiscal, dado que los mejores resultados de la recaudación se destinan a pagos de deuda y no a mayores gastos.
Otro instrumento podría estar vinculado al ingreso de capitales. Dado que lo que importa para el crecimiento es lo que no se va al exterior de los pagos (el ingreso neto de capitales) y no el monto de superávit primario que se destina a pagar deuda, se podría emitir un instrumento con menores quitas sujeto a que los pagos sean reinvertidos en la Argentina por un período determinado y destinados a nueva inversión. Estos instrumentos son peligrosos porque pueden terminar subsidiando inversión que de todas maneras se hubiera hecho en muchos casos, pero bien pueden minimizarse estos riesgos con un diseño adecuado, licitaciones de cupos, etc. En general, todos los instrumentos deberían estar sujetos a cláusulas de pago vinculadas con el crecimiento. Cuando la economía crece se paga, cuando no crece se capitaliza una parte, que se amortiza más rápidamente cuando la economía vuelve a crecer.
•Aceptabilidad
Permítanme un párrafo especial sobre la aceptabilidad de instrumentos ligados directa o indirectamente al crecimiento.
Es cierto que, hasta ahora, los instrumentos de deuda vinculados con el crecimiento han tenido poca o nula aceptación. «Somos acreedores no accionistas», dicen los bonistas. Pero esto es no entender los problemas de deuda soberana cuando la deuda llega a magnitudes tales como la que hoy tiene la Argentina.
En efecto, en las deudas corporativas, en tiempos de crisis, primero están los acreedores y luego los accionistas -salvo en los casos de fraude-. En las deudas soberanas esto no es así. Con políticos desprestigiados y líderes mediáticos que dependen de la opinión pública y los votos para mantener el poder priorizar, en tiempos de recesión, los pagos a los acreedores en lugar de atender la situación social resulta una fantasía. Se podía hablar de «sangre, sudor y lágrimas», cuando las decisiones las tomaban un grupo de elite, no había medios de comunicación masiva y los líderes eran precisamente eso, líderes. Cuando los líderes mantienen su popularidad sólo cuando hacen lo que la opinión pública quiere (reflejada en encuestas del tipo «¿usted qué prefiere que las tarifas aumenten o que le regalen el gas?»), entonces se invierte el esquema corporativo: « primero los accionistas y luego los acreedores». Esto obliga a todo un replanteo del futuro de la deuda soberana, que será parte de otro trabajo (y a enfatizar la necesidad de nuevos liderazgos). Esto no significaque a los acreedores hay que decirles «joróbense» y mucho menos cuando se crece a 8% anual y mientras a los organismos multilaterales, en medio de la crisis, pudimos pagarles más de 6.000 millones de dólares, engañando a la opinión pública que creía que los enfrentábamos.
Pero significa que los actuales tenedores de bonos en default no pueden darse el lujo de no aceptar instrumentos ligados, de alguna manera, al crecimiento económico porque, dada la magnitud de la deuda y el esfuerzo fiscal que requiere honrarla razonablemente, en la crisis igual no les van a pagar. Ahora bien, enmarcados en el « nuevo paradigma» podrían diseñarse bonos que cuando la economía crece se pagan, cuando hay recesión se renuevan y vuelven a pagarse con amortización acelerada para retomar los flujos precrisis, cuando la economía vuelve al crecimiento.
En síntesis, tenemos que salir del laberinto en que la combinación de «nuevo paradigma» y «propuesta sustentable» nos ha metido. Y hay que salir y rápido, porque mantener la actual conflictividad, tarde o temprano, terminará afectando la tasa de crecimiento de la Argentina y, por lo tanto, la situación de los más pobres. Salir del default cuanto antes es « progre» y no lo contrario. Ahora bien, salir y a la vez respetar el nuevo paradigma de castigo a los deudores y a los acreedores requiere incluir en el castigo a los organismos multilaterales, lo que implica fondos frescos para, al menos, volver a una exposición cercana a la existente antes de la crisis, que pueden ser usados para una propuesta de adelanto cash junto con fondos fiscales argentinos. A su vez, al vincular todos los pagos directa o indirectamente al crecimiento económico se hace la propuesta verdaderamente sustentable, política, económica y socialmente, y se obliga a usar los momentos de vacas gordas no para despilfarrar sino para cancelar deudas, al tiempo que se generan incentivos en la comunidad internacional para abrir mercados y eliminar subsidios. Finalmente, los acreedores tienen que aceptar una quita importante y los organismos asumir el nuevo rol de sostenedores de la productividad de la economía (y no financiando cualquier proyecto) y auditores de las nuevas reglas y abandonar el de prestamistas de última instancia y primera cobranza.




Dejá tu comentario