Soberanía para el Buen Vivir

La tensión entre ambiente y desarrollo constituye una falsa dicotomía. No puede haber justicia social (que no es lo mismo que "inclusión") sin independencia económica, ni se puede alcanzarlas sin el ejercicio efectivo de la soberanía política.

Noticias Argentinas

Las recientes (y poco felices) adjetivaciones realizadas por José Natanson y Claudio Scaletta en sus editoriales estuvieron dirigidas a estigmatizar, una vez más, a los movimientos socio-ambientales. En cambio, deberíamos abrir un profundo debate que nos permita desentrañar las salidas posibles para nuestro país en el contexto actual.

La tensión entre ambiente y desarrollo constituye una falsa dicotomía. El problema, en todo caso, es que tanto los think tanks liberales como ciertos sectores del progresismo comparten un criterio común: matices más, matices menos, consideran que la única estrategia posible para conseguir las divisas que necesita el país es un modelo de basado en la producción y exportación de commodities (soja transgénica, megaminería, hidrocarburos convencionales y no convencionales, etcétera). Ignoran de plano los costos sociales y ambientales (o las llamadas “deseconomías externas” de las que hablaba el recientemente fallecido economista Miguel Teubal), así como la brutal reconfiguración productiva de nuestro país como resultado de la apertura impuesta a sangre y fuego por la dictadura militar iniciada en 1976 y consolidada en democracia durante la década de los años noventa.

La comprensión de dicha reconfiguración nos permitiría fijar algunas prioridades. Si estamos de acuerdo en que nuestro país necesita obtener divisas, lo que tenemos que priorizar no es la proliferación de proyectos extractivos sino la recuperación de las herramientas regulatorias del Estado Nacional en el comercio exterior. Esta es la clave para construir una política cambiaria soberana y para protegernos de la inflación y la devaluación, dos peligros que acechan constantemente la vida cotidiana de millones de argentinos y argentinas.

Tomemos por caso la discusión actual en torno a la re-licitación de la (mal) llamada Hidrovía Paraguay-Paraná, por donde pasa casi la totalidad de los commodities con destino de exportación: los miles de millones de dólares que se fugan año a año como producto del contrabando y la subfacturación de las empresas exportadoras, ¿no son justamente los dólares que necesitamos? ¿No deberíamos, como primera medida, revertir los mecanismos que posibilitan dicho saqueo antes de pensar cómo exportar más recursos naturales/bienes comunes?

El Estado Nacional no sólo carece de un rol en el comercio exterior (sólidamente establecido en algunos países del llamado “primer mundo”), sino también de controles efectivos en los puertos y en las vías navegables, tomando como válida cualquier operación de exportación a simple declaración jurada. El comercio exterior monopolizado por un puñado de transnacionales (COFCO, Cargill, ADM, Dreyfus, Bunge) y el manejo casi discrecional de la navegación del Río Paraná les permitió triangular operaciones para exportar “en negro”, evitando cualquier tipo de control.

Las estimaciones del fraude y del contrabando aduanero son atroces: como señaló recientemente Alcira Argumedo, la cifra de las divisas que se esfuman en nuestro país ronda los 30 mil millones de dólares anuales. La socióloga recordó que sólo con el análisis del caso de Minera La Alumbrera se estima una defraudación que supera los 8 mil millones de dólares al año, ya que la empresa declara menos metales de los que realmente exporta según un informe de un grupo de geólogos de la Universidad Nacional de Tucumán. Si a ello le agregamos los costos del saqueo pesquero, el sobrecosto logístico, la subfacturación y las tradicionales presiones especulativas, como la acumulación de granos en silos y silobolsas que no se exportan hasta que el dólar suba, la cifra no resulta para nada extraña.

Aún dadas estas condiciones, algunos economistas neo-desarrollistas parecen no advertir que, en la medida que este andamiaje diseñado especialmente para la sangría de nuestros recursos permanezca intacto, la estrategia de incrementar las exportaciones para obtener más divisas supone también el incremento de los volúmenes de contrabando del que se benefician las grandes corporaciones exportadoras.

Cerrar estas “venas abiertas” es lo prioritario. No puede haber justicia social (que no es lo mismo que “inclusión”) sin independencia económica, ni se puede alcanzarlas sin el ejercicio efectivo de la soberanía política.

El camino sigue siendo la construcción de una Empresa Pública de Alimentos (la expropiación fallida de Vicentín SAIC lo hubiera posibilitado), la creación de Hidrovías Sociedad del Estado (como lo anunció el propio presidente Alberto Fernández en agosto pasado) para el control de nuestras vías navegables, la recuperación de los ferrocarriles y de una flota mercante para el control de la logística y el repoblamiento de nuestro territorio a partir de políticas demográficas inteligentes.

Por supuesto que no compartimos las promesas del modelo agro-minero-exportador. Se benefician muy pocas personas, es lesivo para los intereses del pueblo argentino y es dañino para nuestro medio ambiente.

Pero tampoco somos estúpidos. Sabemos que la superación de este modelo es cuestión de tiempo, imaginación política y organización. A la “ilusión desarrollista” que cree en un modelo de crecimiento con inclusión social sin modificar las condiciones económicas estructurales heredadas de genocidas y Chicago boys, le oponemos la práctica cotidiana del Buen Vivir, desplegada por miles de compañeros y compañeras organizados en nuestro país, quienes cultivan alimentos sanos para sus familias y para su comunidad; crean cooperativas de comercialización para generar mercados sociales de consumo a escala nacional, con el fin de evitar la intermediación de las grandes cadenas de supermercados que inciden en la formación de los precios; y cooperativas de producción de alto valor agregado en la elaboración de productos, para el consumo local y la exportación.

Además, apostamos a la reducción del daño ambiental y la generación de trabajo a través del reciclado. Al mismo tiempo creemos en la organización de una fuerza social con la suficiente imaginación política para cuestionar las matrices del desfinanciamiento nacional y abocarse día a día a construir un país vivible, respirable, una Argentina del buen vivir para todas y todos.

(*) Director Nacional de Políticas Integradoras, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación