El análisis de las modificaciones anunciadas y el tratamiento informado sobre la reforma electoral requiere, ante todo, aclarar que todavía no es ley vigente y aspectos como la obligación exacta del debate en balotaje o la exclusión definitiva de mayores barreras partidarias requieren verificación en ese texto.
Aun así, el recorrido del proyecto -marcado por incorporaciones, retiros y cambios durante su tratamiento- permite discutir qué criterio conduce la reforma y a quién procura beneficiar. La iniciativa parece organizada alrededor de las necesidades de quienes detentan el poder, mientras las garantías ciudadanas quedan sujetas a negociación. Una mayoría puede modificar las reglas, pero esa facultad no la exime de explicar por qué el cambio mejora las condiciones en las que la sociedad elegirá a sus próximos representantes.
La suspensión de las PASO retiraría por segunda elección nacional consecutiva una potestad de participación reconocida a la ciudadanía. En 2027 ocurriría, además, por primera vez en una elección presidencial desde su implementación. No se suspende solamente un procedimiento entre partidos: se priva al ciudadano de una instancia abierta para intervenir en la formación de las candidaturas que después deberá elegir. Que esa oportunidad se haya utilizado de manera desigual permite discutir su diseño, pero no justifica retirarla sin una alternativa suficiente.
La experiencia de 2025 debería obligar a explicar más, no a repetir la suspensión. La Cámara Nacional Electoral documentó que, con la única excepción de una alianza, las agrupaciones recurrieron a mecanismos de designación sin voto directo de los afiliados en un universo de 626 partidos intervinientes. La devolución de la selección a las estructuras partidarias no aseguró una participación equivalente, ni la ausencia de PASO evitó la caída de la concurrencia a la elección general. Esto no demuestra que la suspensión haya causado el ausentismo, pero sí cuestiona que votar menos veces sea una respuesta suficiente para recuperar participación.
Quien accedió al poder con determinadas herramientas debe responder por las oportunidades que les dejará a sus competidores, ya que retirarlas puede dificultar la articulación opositora y favorecer a estructuras ya consolidadas. Existe, además, una conveniencia financiera señalada por analistas del mercado: suspender las primarias permitiría postergar la incertidumbre y las presiones cambiarias asociadas con una señal electoral anticipada. Aunque allí puedan confluir intereses del Gobierno y de sectores financieros, las garantías ciudadanas no pueden depender de cuánto incomode un resultado al poder ni de cómo reaccionen los mercados. Los problemas económicos deben resolverse con política económica, no retirando oportunidades de expresión electoral.
Por su parte, retirar el debate obligatorio de la elección general reduce una garantía de información precisamente cuando la ciudadanía debe comparar toda la oferta presidencial. El mensaje original del proyecto no ofreció una fundamentación específica para esa eliminación. Un debate permite conocer algo más que los panfletos de campaña: observar cómo los candidatos defienden sus propuestas, responden a objeciones y reaccionan frente a sus rivales en un terreno menos plácido que una exposición controlada. Mantener la obligación solamente para el balotaje parece una concesión negociadora antes que una explicación coherente: si la comparación pública merece protección cuando quedan dos candidatos, corresponde justificar por qué dejaría de merecerla cuando todavía deben elegirse entre todos.
La negociación exhibió que se pretendía retirar herramientas permitidas que protegen oportunidades cívicas mientras se intentaba reintroducir las colectoras, restringidas por la normativa nacional desde 2019. Su incorporación y posterior retiro muestran hasta qué punto el diseño electoral quedó atravesado por acuerdos entre el oficialismo y sus aliados. Cabe preguntarse qué había cambiado en el interés ciudadano para justificar primero su regreso y después su exclusión, pues las necesidades de una alianza política no bastan como fundamento de las reglas comunes.
En la misma línea, Ficha Limpia merece una discusión consistente y no convertirse en una moneda de negociación. En noviembre de 2024, ocho ausencias libertarias contribuyeron al fracaso de una sesión destinada a tratarla; en mayo de 2025, el rechazo en el Senado estuvo acompañado por acusaciones de un acuerdo entre el Gobierno y dirigentes misioneros, que el Ejecutivo negó. Aunque esos antecedentes requieren distinguir responsabilidades documentadas de maniobras denunciadas, habilitan a exigir coherencia a quienes ahora la presentan como bandera de transparencia: la integridad de las candidaturas no debería adquirir o perder prioridad según el acuerdo electoral que se procura cerrar.
En contraste, es positivo que la negociación haya retrocedido respecto del endurecimiento de las condiciones para constituir y mantener partidos, una pretensión especialmente cuestionable después de la expansión y consolidación territorial de la propia fuerza gobernante bajo las reglas anteriores. Según registra la crónica oficial del Senado, las mayores exigencias habían quedado fuera de la nueva propuesta. Preservar una vía practicable para organizar nuevas fuerzas protege también a ciudadanos que todavía no encuentran representación: haber conseguido ingresar no autoriza a volver más estrecha la puerta para quienes llegan después.
Asimismo, conservar la mitad de los espacios de publicidad electoral evita su eliminación total, pero sigue siendo un recorte frente al régimen vigente. La referencia para evaluar el cambio no puede ser únicamente la propuesta más restrictiva del Gobierno. Reducir la difusión asignada a las fuerzas políticas puede aumentar el peso de los recursos propios y de la capacidad de financiar exposición, en perjuicio de quienes tienen menos. Para los ciudadanos importa cuánto pluralismo informativo se conserva y, sin documentación adicional, no corresponde atribuir esta decisión a un lobby de medios, pues la objeción institucional se sostiene por sus consecuencias sobre la igualdad de oportunidades.
En definitiva, la imperfección de una herramienta no demuestra que la garantía que procura proteger sea prescindible. El costo de las PASO no vuelve irrelevante la participación; las dificultades de un debate no vuelven innecesaria la comparación pública; la fragmentación partidaria no autoriza a clausurar la aparición de alternativas. El balance crítico de esta reforma es que la ciudadanía aparece como la parte que debe resignar oportunidades para facilitar acuerdos ajenos.