El deber de cuidar: 20 años de derechos para la niñez

Dos décadas después de la sanción de la Ley 26.061 tenemos que asumir la responsabilidad que nos toca y actualizar su mandato para enfrentar los desafíos actuales. Las infancias no pueden esperar.

El 28 de septiembre se cumplen 20 años de la sanción de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

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El 28 de septiembre de 2005 la Argentina dio un paso histórico: sancionó la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Desde entonces, vivimos bajo un paradigma que cambió para siempre la manera en que concebimos a las infancias: ya no como objetos de tutela, sino como sujetos plenos de derecho. Esa transformación no fue meramente jurídica; también fue, y sigue siendo, cultural. Nos recordó que los niños, niñas y adolescentes no pueden esperar: sus derechos son aquí y ahora, y su protección es una responsabilidad indelegable de la familia, de la sociedad y del Estado.

Veinte años después, el desafío es actualizar ese espíritu fundacional a los nuevos tiempos. Hoy, proteger a las infancias significa también garantizar su seguridad en un mundo digital que avanza a una velocidad vertiginosa. Las amenazas han cambiado: el ciberacoso, la difusión de material de explotación sexual, las ciberestafas y, en su expresión más grave, el abuso sexual infantil en línea, conocido como el delito de grooming, nos obligan a estar en permanente estado de alerta. Porque el universo virtual, que tantas oportunidades abre, también expone a los más vulnerables a riesgos que eran inconcebibles para los legisladores al momento de crear la norma.

Lo digo no solo como funcionaria, sino también como mamá de dos bebés muy chiquitos. Miro a mis hijos y me pregunto qué mundo digital van a habitar. Por eso no podemos, como padres y adultos responsables, tercerizar la educación digital, ni depositar toda la responsabilidad en la escuela o en el Estado. La primera barrera de protección está siempre en casa: en los padres y madres que acompañan, dialogan y marcan un camino. Pero para que esa tarea no sea solitaria, desde el Estado estamos presentes, brindando herramientas, capacitación y asistencia. Esa corresponsabilidad es el único camino posible para cuidar de verdad a nuestras infancias.

Felicitas de Lasa, directora general de Asistencia a la Víctima del Ministerio de Justicia de la Ciudad.

GCBA

Desde el Ministerio de Justicia de la Ciudad, bajo el liderazgo de Gabino Tapia, asumimos ese compromiso con hechos concretos. Mediante la Dirección General de Asistencia a la Víctima llevamos adelante capacitaciones y talleres en colegios, comunas y organismos deportivos para prevenir el cibercrimen y fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes. Impulsamos la elaboración y el diseño de una guía práctica para prevenir y asistir casos de abuso sexual en línea, en conjunto con el Ministerio de Seguridad y el Instituto de Seguridad Pública de la Ciudad. Trabajamos conjuntamente también con el Ministerio Público Tutelar para brindar patrocinio jurídico penal gratuito en casos en los que chicos y adolescentes sean víctimas y lideramos el Comité Local contra la Trata de Personas, abordando con firmeza la explotación sexual y laboral de las infancias.

Además, en el marco de una política de Justicia restaurativa y prevención, estamos avanzando en la firma de un convenio con la Universidad Austral y el Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC) para la realización de talleres en los que se promueva la no reincidencia en delitos como grooming, poniendo el eje en la responsabilidad penal, la reparación del daño y la protección de los derechos de los más vulnerables.

En materia de trabajo infantil, llevamos adelante inspecciones de manera permanente junto al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CDNNyA) respecto a los casos de trabajo infantil artístico, verificando la regularidad y legalidad frente a posibles escenarios de explotación. Avanzamos en la formalización de un circuito de abordaje para estos casos entre la Secretaría de Trabajo y el CDNNyA, a fin de establecer mecanismos claros de derivación y coordinación para la detección temprana y asistencia oportuna.

Asimismo, defendemos el derecho a la alimentación de chicos y adolescentes mediante controles en estadios de fútbol y en espectáculos culturales masivos para impedir que aquellas personas que figuran en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos puedan acceder a actividades recreativas en la Ciudad. Con estos operativos también buscamos generar conciencia en la sociedad.

Además, impulsamos la participación juvenil en la vida democrática con programas como “Mi voto, mi elección”, que ya capacitó a más de 280 mil jóvenes para su primera votación, y “Elegí Participar”, que alcanzó a miles de estudiantes, fomentando la ciudadanía activa más allá del sufragio. Porque un niño que conoce sus derechos y participa será un adulto más consciente y responsable.

Nada de esto sería posible sin la convicción de que la Justicia no se construye solo en los tribunales, sino en cada aula, club y hogar. Nuestro compromiso es garantizar derechos, dar respuestas y estar presentes. En ese sentido, pusimos a disposición líneas de WhatsApp, puntos de Acceso a Derechos en Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC), asesoramiento jurídico gratuito y acompañamiento en cada instancia del proceso penal.

Como mujer, como madre y como funcionaria creo profundamente que proteger a nuestros chicos y adolescentes frente a los riesgos de los tiempos modernos no es solo un deber legal: es una obligación ética y una responsabilidad compartida. Dos décadas después de la sanción de la Ley 26.061 tenemos que asumir la responsabilidad que nos toca y actualizar su mandato para enfrentar los desafíos actuales. Las infancias no pueden esperar y cada derecho vulnerado en un niño, niña o adolescente es una deuda de toda la sociedad. Para nosotros, los chicos son una prioridad y estarán primero, siempre.

*Directora general de Asistencia a la Víctima del Ministerio de Justicia de la Ciudad