Esas malditas PASO

Mas allá de los efectos sobre partidos y electores, queremos llamar la atención sobre los efectos que las PASO tienen sobre el propio sistema democrático y el presidencialismo argentino.

Las PASO son, como tantas otras particularidades de nuestro sistema político, un invento local, tan nuestras como el tango o el asado.

Fotos de Ignacio Petunchi

Las PASO son el producto de la ley 26571 -”Ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral”- y su nombre supone y define un conjunto de reglas institucionales. La principal, que los electores deciden quiénes van a competir en las elecciones generales, que en nuestro caso inmediato, se celebrarán este año en el mes de octubre.

En este caso, el elector decide entre los precandidatos a quienes serán definitivamente candidatos. Son abiertas porque independientemente de los colores políticos de cada ciudadano todos estamos llamados a votar: afiliados, independientes y no afiliados a ningún partido político. La simultaneidad implica que todas las fuerzas políticas dirimen su interna en el mismo acto electoral y la obligatoriedad es tanto para el ciudadano como para el partido: estos deben obligatoriamente presentarse (y sacar al menos 1,5% de votos) para poder competir luego en la elección general.

En teoría una primaria sirve para definir candidatos, es decir, para dirimir diferencias entre postulantes de un mismo partido. Pero las PASO son, como tantas otras particularidades de nuestro sistema político, un invento local, tan nuestras como el tango o el asado. Desde ya que en otros países la concurrencia a primarias es una práctica común. Por ejemplo, como señala Facundo Cruz, Estados Unidos ha construido una cultura en torno a la selección de candidaturas presidenciales, legislativas y a gobernador: hay debates, hay televisación, hay participación, pero las primarias no son simultáneas. Uruguay también ha recurrido a esta regla al reformar la constitución en el año 1996 y eliminar los lemas. Sin embargo, ningún otro país obliga a partidos y electores a concurrir a la selección de candidatos. Por caso, en Uruguay, son obligatorias para los partidos, mientras las nuestras, como dijimos, obligan a partidos y electores. Es una doble obligación.

Así, ya desde hace años se señalan los efectos nocivos que deja en las organizaciones el efecto divisivo de las primarias y el desgaste que la doble campaña implica para los partidos con menos recursos. En el mismo sentido, se argumenta que la multiplicación de elecciones y la consiguiente prolongación de los tiempos de campaña desgastan a los partidos (especialmente a los más pequeños) y genera hastío entre los votantes, y, consecuentemente, apatía política, ese enorme mal de nuestros tiempos cívicos.

Un documento elaborado por CIPEC en el año 2016 indicaba también que después de la primera implementación en 2011 se llamó la atención sobre el peligro de que, en ausencia de primarias con competencia, las PASO funcionen como una gran encuesta nacional. Porque lo cierto es que, tal como les reconoce la constitución de 1994 en su artículo 38, los partidos son libres de elegir sus candidatos y por lo tanto las PASO no los obligan a ofrecer al elector alternativas -léase, varios precandidatos de la misma organización política-.

El mismo documento indica que en su primera implementación en el año 2011 el “desempeño de las PASO fue poco auspicioso en promover la competencia. Hubo muy poca y ocurrió casi exclusivamente en el campo de la oposición. Además prácticamente ninguna interna fue realmente competitiva, ya que los vencedores se impusieron en general por grandes diferencias. En la categoría presidente y vice todas las agrupaciones presentaron listas únicas. En diputados sólo hubo competencia en el 11% de las agrupaciones y apenas el 3% se definieron por una diferencia pequeña.

En 2013 hubo más competencia: 1 de cada 4 agrupaciones tuvieron más de una lista para los cargos legislativos considerados todos los distritos, y el 7% se definió por márgenes pequeños. Nuevamente, la competencia fue más frecuente entre las fuerzas de oposición.

En 2015 las agrupaciones parecen haber atravesado una curva de aprendizaje que les permitió utilizar el mecanismo estratégicamente. Así, las PASO facilitaron la articulación de una coalición de oposición para la contienda presidencial y, además de Cambiemos, UNA y el FIT tuvieron primarias con competencia.

Así, llegamos a un 2019 donde ninguna de las diez fórmulas que presentaban candidatos presidenciales (técnicamente precandidatos) ofrecía alternativas, es decir, se presentaron fórmulas únicas por cada partido o frente electoral. En la categoría presidente - vice, ninguno fue a PASO.

Mas allá de los efectos sobre partidos y electores, queremos llamar la atención sobre los efectos que las PASO tienen sobre el propio sistema democrático y el presidencialismo argentino. Hemos dicho que las primarias son una originalidad del sistema argentino, pero agreguemos algo más: postulados los precandidatos no puede haber modificaciones, de forma tal que los participantes de la interna no pueden hacer acuerdos posteriores para compartir la fórmula presidencial, ni siquiera con precandidatos de otros partidos. Esto se traduce en que cuatro meses antes se obliga a tomar una decisión sobre las fórmulas, que, una vez pasadas las PASO, son inmutables.

Este sistema no solo tiene pocos beneficios reales por lo explicado anteriormente, y enormes consecuencias para un erario público que carga sobre sí un enorme déficit, sino que al mismo tiempo, esos más de tres mil millones de pesos que cuestan las PASO al contribuyente, terminan siendo gastados en una maquinaria institucional que ha probado en las últimas horas su faceta más peligrosa: la deslegitimación fáctica del presidente en ejercicio, y la legitimación tácita de quien potencialmente pudiese llegar a la toma efectiva de decisiones, casi cinco meses después. En el marco de la difícil situación que atraviesa nuestro país, este sistema perverso ha producido enormes consecuencias económicas como las evidenciadas en los últimos días.

Si la enseñanza del conflictivo traspaso de poder entre Raúl Ricardo Alfonsín y Carlos Menem, implicó haber aprendido que cuanto más pronto se suceda la asunción presidencial con respecto a la elección que lo define, mayor es la probabilidad de estabilidad política e institucional, las PASO parecen haber echado por tierra todo ese aprendizaje.

Para concluir, es imperativo aclarar que, aún cuando el contexto no fuese el presente, un mecanismo institucional con la capacidad real de deslegitimar varios meses antes al tomador principal de decisiones ejecutivas de una república, debiera ser cuando menos revisado de cara al futuro en orden a favorecer efectivamente la estabilidad política que es condición sine qua non para la estabilidad económica y el desarrollo real de las naciones, como es harto conocido hoy día en todo el mundo.

(*) Los autores son docentes de la Maestría en Economía y Ciencia Política de ESEADE