12 de julio 2020 - 00:00

Una solución para desarticular el indomable sistema de inteligencia

El mal uso de los servicios de inteligencia para realizar tareas de espionaje ilegal debe frenar. La solución no es sencilla. Un compromiso de la política semejante al que frenó las asonadas militares puede ser la solución.

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La función principal de la inteligencia nacional -de acuerdo a lo señalado por la propia normativa-, consiste en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación. Lejos de dichos objetivos, desde su creación en el 1946, la Secretaria de Inteligencia al igual que el sistema de inteligencia nacional en su conjunto, en numerosas ocasiones a través del espionaje ilícito, se ha dedicado a lograr el condicionamiento de jueces, funcionarios y dirigentes políticos y sociales, entre otros tantos.

El convencimiento que la seguridad es garantía de libertad y democracia, pero que sin libertad y sin democracia no puede existir seguridad, constituye uno de los principios ideológicos de la sociedad occidental, sobre los que se levantaron sus estructuras jurídicas, económicas y políticas. Dada la importancia de lo mencionado, se concluye entonces que es absolutamente necesario e imprescindible que los estados nacionales posean un servicio nacional de inteligencia direccionado únicamente a la seguridad y la defensa exterior e interior del país.

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La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, dispuso hoy el cambio del nombre del edificio del organismo, bautizado como “Martínez de Hoz”, por el de “José Hernández”, en honor a la reivindicación del gaucho y en virtud de que el ex funcionario fue un

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, dispuso hoy el cambio del nombre del edificio del organismo, bautizado como “Martínez de Hoz”, por el de “José Hernández”, en honor a la reivindicación del gaucho y en virtud de que el ex funcionario fue un "exponente de la complicidad civil de gobiernos de facto".

En la Teoría del Estado hay un consenso dominante que define a la República como el gobierno de la ley. Siguiendo dicha definición, observamos que en nuestro país en lo referente a la inteligencia, la responsabilidad por el fallo en su funcionamiento se le puede atribuir no solo al Poder Ejecutivo, - quien tiene por cierto la mayor responsabilidad- sino en verdad a los tres poderes del Estado.

En consecuencia, podríamos afirmar entonces que la responsabilidad recae no solo sobre el Estado, sino sobre la Re pública misma. ¿Por qué se puede aseverar esto? Veamos.

La ley de inteligencia nacional sancionada en el 2001 como una respuesta de la política al escándalo de la conocida Ley Banelco, creó el Sistema de Inteligencia Nacional. En dicha norma, se creó la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) como órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente.

Este acontecimiento generó un grave problema institucional, dado que a partir de ese momento, los agentes de inteligencia emprendieron labores que en teoría habrían de estar ajustadas a ley. Precisamente ahí está el grave problema: un agente de inteligencia no tiene demasiado apego a la ley, dado que en su accionar en ocasiones para lograr su objetivo, opera al margen de la misma. ¿Cuál fue la consecuencia?

Que el Poder Judicial por el accionar de los espías se convirtiese en ocasiones en el facilitador no solo de escuchas ilegales por parte de los servicios de inteligencia, sino que se vulneren los derechos esenciales de las personas en democracia.

El caso de la AMIA y el reciente caso D’Alessio son claros exponentes de la entramada dependencia entre justicia y servicios de inteligencia. Es necesario destacar en este sentido, que la actual interventora de la AFI -a través de una resolución administrativa-, redujo notablemente el accionar de los agentes de inteligencia como auxiliares de la justicia. Ojalá esto sea el principio de un cambio en dicho sentido.

Continuando con el análisis de la mencionada ley, observamos que en dicha norma se creó la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Taxativamente en su Artículo 32, la ley dice: “Los organismos pertenecientes al Sistema de Inteligencia Nacional serán supervisados por la Comisión Bicameral, quien fiscalizará que su funcionamiento se ajuste estrictamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, verificando la estricta observancia y respeto de las garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional”.

Desde su creación, con independencia de la fuerza política que logró la presidencia de dicha comisión, hubo una serie de acontecimientos que dejaron al descubierto la falencia de la comisión bicameral a la hora del control. Como ejemplos podemos señalar:

  • el Proyecto X que le costase el puesto al jefe de la gendarmería nacional;
  • el accionar de la misma fuerza de seguridad en el caso Santiago Maldonado, a través del jefe del escuadrón 35;
  • el espionaje ilegal llevado a cabo por el ex jefe de la Armada Jorge Godoy y por el que recibiese una condena judicial, en relación a tareas de inteligencia realizadas a gremialistas, militantes sociales, militantes de derechos humanos, periodistas y políticos.

Estos casos, exponen el fracaso de la comisión en lo concerniente a la fiscalización del funcionamiento de los organismos pertenecientes al Sistema de Inteligencia Nacional.

Caso Maldonado: declararon cuatro gendarmes ante el juez Otranto
Efectivos de la Gendarmería nacional fueron investigados por la aparición sin vida de Santiago Maldonado.

Efectivos de la Gendarmería nacional fueron investigados por la aparición sin vida de Santiago Maldonado. "A 35 meses de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago, todavía seguimos esperando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, responda nuestro pedido para que se asigne un nuevo juez y comience una verdadera investigación", señaló la familia.

Por último y en referencia al Poder Ejecutivo, podemos decir que desde el retorno de la democracia, hay sobradas muestras del mal uso de los servicios de inteligencia para realizar tareas de espionaje ilegal, en cuyo caso el único objetivo era lograr obtener información que pudiese ser utilizada para condicionar o neutralizar a jueces, políticos y dirigentes sociales.

En el 2004, el entonces ministro Gustavo Béliz, mostraba en un canal de televisión la foto de Jaime Stiuso, un espía al que los anteriores gobiernos lo utilizaban como de “consulta”. El ex fiscal Alberto Nisman tomaba muy en cuenta los “consejos” brindados por Stiuso, en relación con la causa AMIA. Este espía lejos de concluir con su trabajo, continúo cumpliéndolo hasta el 2014. Este ejemplo demuestra que el problema trasciende a un presidente en particular.

El último caso de espionaje ilegal que lo tiene como principal actor al gobierno de Mauricio Macri nos muestra que más allá del nombre propio -llámese Alan Ruiz, Federico Melo Jorge Horacio “Turco” Sáez, Leandro Araque y otros-, la metodología empleada por los poderes ejecutivos en relación con el espionaje ilegal sigue indemne.

El problema es sumamente complejo, dado que como hemos dicho, cruza a los tres poderes del Estado. La solución no es para nada sencilla y requiere de una férrea labor destinada a encontrar la solución a un dilema de carácter estructural.

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Arriba: Alan Ruiz; Susana Martinengo; el CITEDEF, en Villa Martelli, que funcionaba de base de operaciones 95; Diego Dalmau Pereyra; Abajo: Pilar 1460 (domilicio de la madre de Mercedes Funes), que también funcionaba como base de operaciones; Martín Terra; Leandro Araque; Dominque  Lasaigues.

Arriba: Alan Ruiz; Susana Martinengo; el CITEDEF, en Villa Martelli, que funcionaba de base de operaciones 95; Diego Dalmau Pereyra; Abajo: Pilar 1460 (domilicio de la madre de Mercedes Funes), que también funcionaba como base de operaciones; Martín Terra; Leandro Araque; Dominque Lasaigues.

Probablemente, un compromiso de la política semejante al que en su momento libró para frenar definitivamente las asonadas militares en nuestro país, pueda encontrar la solución al problema.

Si anhelamos tener un mejor Estado y esencialmente una mejor República, el problema de los servicios de inteligencia debe ser abordado con la rigurosidad que se merece. Si ello no ocurre, solo será una cuestión de tiempo transcurrido, hasta que surja otro escándalo que tenga a los servicios de inteligencia como lamentables protagonistas.

(*) Licenciado en Ciencia Política y Gobierno (Univ. Nac. de Lanús), profesor en Docencia Superior (UTN), miembro de la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) y de la Asociación Argentina de Consultores Políticos (ASACOP).

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