En la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de hace algunas semanas atrás, el Presidente de la Nación solicitó investigar penalmente el origen y los usos del endeudamiento externo. Esto fue el puntapié para un debate respecto al endeudamiento externo durante la gestión anterior, especialmente el crédito del FMI, que todavía continua.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Un conjunto de ex funcionarios del gobierno anterior salieron al ruedo buscando desligar de responsabilidades, exponiendo argumentos en los cuales se afirmaba que los fondos del crédito fueron utilizados básicamente para el financiamiento del déficit fiscal y el pago de endeudamiento preexistente.
Según sus números, el 13% de los fondos del FMI se utilizaron para el pago de vencimientos de deuda en pesos, el 84% deuda en dólares, y el resto en gasto primario y para fortalecer reservas. Producto de ello, el acuerdo del FMI no habría tenido perjuicio de la situación financiera y patrimonial del Estado Nacional y por lo tanto existiría ningún problema en su constitución y empleo de fondos.
También, en la opinión de las mismas autoridades del gobierno anterior, se afirmó que la reducción del déficit fiscal era una condición ex ante a la reducción del nivel de deuda, enfatizando como la gestión anterior estaba en un sendero hacia la convergencia fiscal primaria y el virtuosismo que ello tendría sobre la futura sostenibilidad de la deuda
Estos argumentos no son nuevos. Ya habían sido presentados originalmente por el entonces Ministro de Hacienda en un paper del 25 de noviembre de 2019, en la previa a dejar el cargo. Este libreto fue repetido el ex presidente del BCRA, ex funcionarios del Ministerio de Economía y otros economistas que ven con aún ven con buenos ojos la gestión del gobierno anterior.
Sin embargo, y más allá de la cuestión legal, el cumplimiento de los circuitos administrativos del crédito y la evidente co-responsabilidad del FMI con lo sucedido, los argumentos antes citados son técnicamente inexactos y de muy poca utilidad para entender lo sucedido.
Es posible enunciar tres grandes errores técnicos en tales afirmaciones. En primer lugar, la deuda pública si aumentó. Según información de la Secretaría de Finanzas sobre el stock de deuda pública, los pasivos la deuda bruta total de la Administración Central en moneda extranjera previo al acuerdo del FMI era de 229.872 millones dólares. Luego del acuerdo del FMI, para el cuarto trimestre de 2019 la misma deuda alcanzó de 249.047 millones de dólares. Es decir, la deuda en moneda extranjera no solo no permaneció constante, sino que aumentó en más de 19.282 millones de dólares.
En segundo lugar, no es lo mismo endeudarse en dólares para pagar dólares, que endeudarse en dólares para pagar pesos. Al sustituir pasivos en moneda local por pasivos en moneda extranjera, la hoja de balance del deudor se torna financieramente más vulnerable. Cualquier salto en el tipo de cambio eleva el costo de repago afectando de manera adversa la sostenibilidad de la deuda. Y esto fue lo que sucedió.
De modo que resulta falso afirmar la mera reducción déficit fiscal garantizase un sendero de convergencia hacia la sostenibilidad de deuda. Por el contrario, si la deuda en dólares es muy elevada, no importa el esfuerzo fiscal pues la garantía de repago no viene dada por la capacidad ahorro en pesos sino por la disponibilidad de dólares. De manera simple, aún con superávit fiscal los niveles tan elevados de deuda externa la hacían insostenible. Incluso, algunos analistas consideran que la sustitución de acreedores privados por el FMI tornó el proceso de reestructuración sea aún más dificultoso, ya que a los privados se los puede reestructurar y al FMI no.
En tercer lugar, se debe considerar que cambios en la composición del crédito público afectan la situación patrimonial del sector privado. Y esto va más allá de la denominación de la deuda. El pago de deuda pública por parte del Estado implica para el sector privado una variedad de usos posibles de esa liquidez, especialmente en un contexto de desregulación cambiaria. Fue así como muchos de los pagos realizados no terminaron en las cuentas de los acreedores sino que la liquidez siguió camino hacia la compra de dólares y la posterior fuga de esos fondos fuera del sistema bancario, cuando eran pesos; o la fuga directa, cuando eran dólares.
Este desconocimiento resulta sumamente llamativo, especialmente cuando estas mismas autoridades fueron las que en agosto de 2019 decidieron reperfilar los vencimientos de deuda de corto plazo para, justamente, evitar que una elevada inyección de liquidez termine generando una disrupción aun peor en el mercado de cambios y las reservas.
En este sentido, la elevada correlación entre el crédito del FMI y la fuga de capitales es elocuente. Como se observa en el gráfico a continuación, los datos oficiales muestran que entre junio de 2018 y julio de 2019 ingresaron al país 44.490 millones de dólares correspondientes a desembolsos del crédito stand-by del FMI. En el mismo periodo, se registraron compras netas de dólares para Formación de Activos Externos e Inversiones de Portafolio por un total 55.200 millones de dólares.
Durante las vísperas de la campaña electoral este proceso se aceleró a un más. Luego del último desembolso del FMI el 16 de julio de 2019, que simultáneamente resultó ser el más cuestionado debido a las sospechas sobre el incumplimiento con los propios estatutos del Fondo, la dolarización privada fue record, registrando en solo 4 meses un monto equivalente 18.700 millones. En solo 4 meses se dolarizaron fondos por un 42% del crédito del FMI.
De modo que los argumentos presentados por los ex funcionarios sobre los usos del crédito del FMI no pasa el filtro del análisis técnico más básico. Tal engaño no es inocente, sino que tiene como finalidad confundir a la población sobre lo evidente. Esto es, que la mayor parte del súper endeudamiento no resultó en inversión en infraestructura o una mejora de la calidad de vida de la población, sino que sirvió para financiar un circuito de valorización financiera y fuga de capitales cuyas consecuencias más graves nos acompañaran por muchos años más.
Economista. Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE).
Dejá tu comentario