"Fue un error haber dejado afuera de la oferta al FMI"

El ex ministro de Economía Roque Fernández consideró que una adhesión de 66% permitirá al gobierno enfrentar los potenciales litigios «con alguna probabilidad de éxito». Según explicó en una entrevista con Ambito Financiero, este nivel habilita la utilización de «cláusulas de salida», mediante las cuales se pueden modificar las condiciones de emisión de la deuda original (como la jurisdicción legal, cotización en mercados, etc.). Fernández sostuvo además que el país, al igual que todo gobierno deudor en default, padece un «déficit de credibilidad» que podría haber sido atenuado si el acuerdo con el Fondo estuviese vigente. También condicionó la continuidad del equipo económico actual al resultado del canje, y habló de la situación del sector privado argentino. A continuación, el diálogo que mantuvo con Ambito Financiero. Periodista: ¿Cuál es el nivelque define el éxito o fracaso del canje de deuda? Roque Fernández: Es difícil dar un número, pero creo que el objetivo del gobierno es llegar a un mínimo de 66%, lo que le permitiría aplicar las denominadas «cláusulas de salida». Estas cláusulas posibilitan cambiar las condiciones originales de emisión de los bonos en default, tales como mercados donde se listan los títulos, agentes que contabilizan y administran los pagos, o la jurisdicción para litigar.Al utilizarlas, quienes no entren en el canje se quedan con el riesgo de que sean modificadas las condiciones de emisión de la deuda vieja y sus títulos pierdan todavía más valor. P.: ¿Quienes litiguen no podrán defenderse de esta práctica? R.F.: En realidad, se ha mencionado que los abogados que representan a la Argentina han hecho una renuncia explícita a aplicar estas cláusulas frente al juez Griesa en Nueva York. Pero no me queda claro qué facultades tienen los abogados representantes del país para renunciar a facultades que son propias del Congreso Nacional. De todas formas, para hacer uso de esta alternativa, el gobierno deberá lograr 66% de aprobación, nivel que creo le permitirá enfrentar los potenciales litigios con alguna probabilidad de éxito. Si no se llega a 66%, el canje se considerará un fracaso y habrá que empezar de nuevo con otra propuesta. P.: ¿Técnicamente es posible realizar ahora una mejora para evitar los juicios? R.F.: Sí, es técnicamente posible, aunque no estoy seguro de que sea aconsejable. No hay un proceso de negociación tradicional donde las partes contraoferten hasta llegar a un acuerdo que se instrumente como definitivo. En la situación actual, una mejora requeriría rehacer el prospecto y repetir una serie de procedimientos que demorarían un tiempo significativo sin la seguridad de que la nueva oferta sea aceptable. P.: Existe cierto consenso entre los acreedores de que la Argentina está en condiciones de pagar más, ¿puede realmente? R.F.: Los mercados financieros actúan sobre la base de la confianza que generan las diversas economías. Esto no significa que la solvencia estructural de largo plazo no sea importante. Pero todo gobierno deudor en default padece un déficit en credibilidad, y la forma en que se ha llevado la negociación hace sospechar a los acreedores que la Argentina no tiene voluntad de pago. Si los acreedores sospechan que no hay voluntad de pago, es razonable que también piensen que pudiendo pagar más la Argentina ofrezca menos de lo posible, ocultando su verdadera capacidad de pago. P.: ¿Cree que el aval del FMI hubiese dado más credibilidad a la propuesta? R.F.: Bajo la hipótesis de que el gobierno tiene voluntad de pago, creo que haber dejado al FMI fuera de escena no ha sido una estrategia inteligente; hubiese sido fundamental para que no se sospeche de su voluntad de pago. • Condicionante P.: ¿Piensa que del resultado de la reestructuración depende la continuidad de miembros del equipo económico? R.F.: Definitivamente. Tal como está instrumentada la campaña mediática, si el canje es exitoso, o sea más de 66% acepta, el ministro Lavagna podría capitalizarlo políticamente, renunciando y compitiendo en las próximas elecciones. Si el canje fracasa, habrá que empezar todo de nuevo y probablemente el Presidente desee probar suerte con otro equipo. P.: La economía crecería cerca de 3,5% este año sólo por el arrastre de 2004, ¿cuán determinante será el resultado del canje para potenciar o contrarrestar este porcentaje? R.F.: Si el canje es exitoso, habrá un efecto positivo pero no muy significativo en el corriente año. Podrá darse un punto más de crecimientocon éxito o un punto menos si el canje fracasa. P.: ¿Hasta qué punto la reestructuración de la deuda pública condiciona las posibilidades de financiamiento del sector privado? R.F.: Una cosa es el Estado argentino y otra cosa es el sector privado. El sector privado es más creíble y muchas empresas han tenido gestiones eficientes y son objeto de buena calificación crediticia. Pero otras han tenido la habilidad histórica de pasarle el endeudamiento de su mala gestión al Estado y han incrementado sus patrimonios gracias a la pesificación asimétrica, la protección arancelaria, o un tipo de cambio real artificialmente alto. Estas últimas son las que no serán objeto de interés para inversiones de largo plazo y dependerán de la banca oficial. P.: ¿Qué opina de la posible reestatización empresas como Aguas Argentinas? R.F.: No funcionó en el pasado y no va a funcionar en el futuro. Las empresas públicas, por hábiles que sean sus gerentes, están sometidas a las presiones de la administración de turno para imponer precios políticos. Esto dificulta la prestación de servicios a los consumidores y tarde o temprano la empresa se descapitaliza por falta de inversión. Es una mala idea. P.: ¿Cree que el Banco Central dejará que el peso se aprecie y se pierda competitividad? R.F.: Es inevitable porque no se puede hacer «inflation targeting» y fijar el tipo de cambio al mismo tiempo. Pero no hay que perder de vista que la competitividad de un país en el largo plazo no depende del tipo nominal de cambio, ni de cualquier otra variable nominal como precios o cantidad de dinero. Depende de la eficiencia en la asignación de recursos y la ausencia de distorsiones arancelarias, tributarias y laborales. Entrevista de Carolina Morales

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