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El actual gobierno hace exactamente lo contrario: divide, fragmenta, polariza, disuelve. Al revés de lo que planteaba Perón, su política se basa en la confrontación permanente, hacia adentro y hacia fuera del peronismo y de la Argentina. Ante la proximidad de las elecciones legislativas del 23 de octubre, el oficialismo trata de construir una base política propia, que le permita remontar su debilidad de origen (resultado de ser el primer gobierno constitucional que llega al poder en la Argentina después de haber perdido las elecciones) y adquirir una legitimidad que le negaron las urnas. Pero para cumplir con ese objetivo, en un acto supremo de deslealtad, no vacila en atacar justamente a quienes le posibilitaron alcanzar una presidencia a la que jamás hubiera podido siquiera soñar acceder con sus propias fuerzas.
Cabe recordar que, como resultado de una maniobra política perpetrada en el congreso de Lanús, efectuado en noviembre de 2002, para evitar la realización de elecciones internas abiertas destinadas a legitimar su fórmula presidencial para las elecciones del 27 de abril de 2003, el peronismo, por primera vez en su historia, concurrió a las urnas dividido en torno a tres candidatos.
En ese escenario de atomización del peronismo, el binomio que entonces salió segundo en la primera vuelta electoral, y que ni por asomo hubiera podido ganar una elección interna abierta dentro del Partido Justicialista, asumió la Presidencia de la República con el respaldo de apenas 22% de los votos.
El nuevo gobierno, en vez de avanzar hacia la reunificación del peronismo, eligió el camino de la confrontación permanente contra sus adversarios internos y contra las principales instituciones de la República, incluidas la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas. De entrada marginó a los sectores que habían acompañado a las otras dos fórmulas justicialistas. En cambio, avanzó en la gestación de alianzas políticas con distintos sectores de izquierda y de ultraizquierda, inclusive con un ala del movimiento piquetero a la que comenzó a financiar pródigamente con fondos públicos, en una práctica sistemática del más corrupto clientelismo político extendida también a algunos gobernadores y hasta a ciertos medios de comunicación.
Esa misma estrategia de la «transversalidad» le hizo apoyar en la Capital Federal la reelección de Aníbal Ibarra como jefe de Gobierno, contra la posición de la mayoría del peronismo porteño, un respaldo que ahora pretende disimular, para tratar de evitar la catástrofe electoral que le espera en la Ciudad de Buenos Aires.
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