Impuestos que ya parecen ilegales

Han comenzado a exteriorizarse reclamos por el efecto que sobre los salarios produce la inflación al no ajustarse los mínimos no imponibles. Tales reclamos habrán de generalizarse y cobrarán mayor intensidad a medida que la inflación no ceda. A la posición de la dirigencia sindical habrán de sumarse pedidos de los empresarios, toda vez que unos y otros se enfrentan al pago de tasas impositivas reales más altas que las legales.

Hasta ahora, las autoridades se niegan a convalidar los pedidos pretextando que el Tesoro no puede comprometer el superávit fiscal, argumento ciertamente carente de validez, en la medida en que éste se siga apoyando en una política tributaria que es la resultante de una verdadera expoliación del sector privado a poco que se analicen detenidamente todos y cada uno de los impuestos que la integran.

• Inflación

Sin entrar a considerar las deficiencias de la estructura impositiva que, por lo demás, se apoya en impuestos fuertemente distorsivos que no pueden mantenerse «sine die» como son las retenciones a las exportaciones y el impuesto a los débitos bancarios, consideremos exclusivamente el impacto de la inflación sobre las ganancias a las cuales debieran agregarse los bienes personales.

Ya en el pasado y cuando el país se veía presionado en su política fiscal por el FMI, era una constante de los burócratas internacionales el pedido referido a bajar los mínimos no imponibles para las ganancias del trabajo. El abanderado de esta posición era Vito Tanzi. Su impronta caló muy hondamente en algunos tributaristas argentinos que nunca consideraron el lado del gasto para ponderar el beneficio que los contribuyentes obtienen de los servicios estatales. La cuestión era y es recaudar, más allá de los efectos que esto podía y puede tener sobre la distribución de los ingresos y la eficiencia del sistema.

En tal orden de ideas, el mínimo no imponible puede bajarse ajustándolo nominalmente a la baja, como hizo el gobierno de la Alianza a poco de asumir y que fue justamente criticado por los especialistas incluyendo a la corriente política justicialista, o bien, como se hace ahora, de una manera velada al no ajustarlo «pari pasu» la inflación que se registra.

En inflación, es el caso que para mantener los ingresos laborales, el propio gobierno implementa políticas de ajustes por decretos con la finalidad de mantener el estímulo a la demanda y racionalizando tales aumentos en el terreno de la justicia distributiva.

Pero es el caso que al crecer los sueldos y salarios, pero no actualizarse el mínimo no imponible, aparece un ingreso nominal gravable que dista de ser el que realmente correspondería, con lo cual la retención que mensualmente hacen los empleadores absorbe una parte significativa del aumento concedido. Este verdadero exceso de gravamen es el que sirve para contribuir a mantener parte del superávit primario.

En términos de equidad, lo que realmente correspondería sería ajustar por la inflación acaecida después de la crisis financiera de 2001 -que ha sido de 74,1% medidapor los precios al consumidor hasta el 31 de diciembre de 2005- no sólo el mínimo no imponible, sino además todos los adicionales deducibles de los salarios. En realidad, tal sería lo menos que debiera hacerse, porque el crecimiento general de precios subestima el efecto que la inflación produce sobre los salarios de bolsillo, toda vez que el gasto de los trabajadores está básicamente afectado por el precio de los alimentos, y que es el rubro que mayor aumento ha tenido, con lo cual puede afirmarse que aún el ajuste del mínimo no imponible por la inflación discrimina en contra de los trabajadores.

• Desestímulo

En cuanto a las rentas empresarias, la falta de ajuste de los balances igualmente produce una tasa real impositiva significativamente mayor a 35% con el que la ley grava a las utilidades. En este orden de ideas se crea un desestímulo significativo a la inversión de riesgo, que en un país de las características de la Argentina exige una prima mayor a la de cualquier país con mejor orden institucional.

El argumento de las autoridades pasa, como ha ocurrido siempre, por el sacrificio que implicaría en términos de recaudación acceder a los justos reclamos de los contribuyentes, cuando en realidad debieran centrarse en la búsqueda de los lineamientos que produjeran la estabilidad de precios. Al no hacerlo así, han de empeorar el cuadro de la distribución y profundizarán los efectos de desincentivación sobre la inversión, de modo que lo que han dado en llamar «el modelo productivo» terminará llevando nuevamente al estancamiento, una vez agotados los efectos que produjo la utilización de la capacidad ociosa instalada que encontraron al inicio de su gestión.

Mientras tanto, las cifras de recaudación seguirán contabilizando al impuesto inflacionario y marcando récords que no son tales, a poco que se reconozcan los derechos de los contribuyentes.

(*) Profesor consulto UCA. Profesor pleno UB.