Incalificable fallo de Corte Suprema

Tan lamentable proceder se desprende de una serie de hitos que comenzaran a sucederse tras la «arenga» mediante la cual en junio del año pasado el presidente de la Nación, ordenó en forma abusiva a través de la cadena o red oficial de radio y televisión, al Poder Legislativo para que «renovara» a los jueces de la Corte Suprema, que se aprestaban a firmar la inconstitucionalidad de una nueva violación de derecho a la propiedad privada que amparan los depósitos judiciales. Ello fue ordenado, reitero, en ocasión de tomarse conocimiento que se trataría -entre otros temas de trascendencia institucional-, el de un depositante en el sistema financiero.

Fue así como, bajo el argumento de una inexistente « extorsión» jamás denunciada ante la Justicia, se frustró el dictado de sentencia en la causa «Lema», que le hubiese permitido recuperar su dinero a un depositante enfermo que poco tiempo después falleció...

Y a ello no han sido ajenos algunos integrantes del tribunal, siendo relevante destacar la particular actuación que le cupo a su actual presidente, Dr. Enrique S.

Petracchi, quien tras firmar otorgando amparos en cientos de causas dictadas el mismo día en que se firmó la sentencia en el «caso Smith», horas después, sorpresiva y sugestivamente se negó a actuar. Luego de pocos días se excusó de intervenir por ser supuesto titular de un depósito. Aquí debe consignarse que nunca el suscripto como integrante del tribunal logró que se le exhibiera o se le indicara dónde obrara tal causal de excusación, que por lo demás de existir debía también haber impedido que firmara los cientos de resoluciones que aquella misma mañana del 1 de febrero de 2002, refrendó con otros siete jueces integrantes, máxime que en el arranque de ese Acuerdo, fue el propio Dr. Petracchi, quien enfáticamente mocionó para que se declarara la inconstitucionalidad que luego se negó a firmar. Tiempo después y ya en ejercicio de la presidencia, lejos de arbitrar los mecanismos para cubrir los vacíos provocados por su apartamiento y el de los ministros que sucesivamente fueron enjuiciados, y no obstante contar en la causa «Beratz» -originariamente elegida para dictar el primer fallo en la materia-, con conjueces que fueron sorteados en diciembre de 2002, el Dr. Petracchi se rehusó a emplear ese medio de integración del tribunal que sí fue utilizado en la resolución de numerosas causas que versaban sobre otras materias.

Para justificar tal reticencia, que provocó la acumulación en la Corte de más de doce mil causas sobre « corralito financiero» -lo cual es reprobable en consideración a que el proceso de amparo está previsto por la Constitución como una acción expedita de urgente resolución-, el Dr. Petracchi manifestaba que estaba excusado, o que era conveniente esperar la integración definitiva del tribunal, argumentos que finalmente caerían al fallarse en «Bustos», en donde primaron razones de oportunismo vinculadas al comienzo del juicio político al Dr. Boggiano, cuyo voto afín a los decretos era conocido.

Nada entonces ha sido casual, ya que el Dr. Petracchi sabía perfectamente que la designación de conjueces había recaído, y correspondía que siguiera recayendo, sobre los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país, que, como en los casos de los magistrados Kiernan, Petra, Bello o Lona, que ya se habían pronunciado en sus respectivas Cámaras Federales sitas en diversas provincias, por la inconstitucionalidad de los decretos, en consonancia con la unanimidad de criterio expuesta por todos los jueces competentes de toda la Nación, y consolidada en nuestra Justicia mucho antes inclusive del precedente dictado en marzo de 2003 por la Corte en el «caso San Luis».

Y por esa misma razón, fue que además omitió sustanciar las recusaciones planteadas en causas análogas a los Dres. Boggiano y Belluscio quienes, a pesar de ello, finalmente votaron en el reciente «caso Bustos», generando un vicio que lo torna anulable ya que también debía resolverse tal cuestión previa con la intervención de conjueces, ante la actual conformación del tribunal.

Ignorando tales extremos, se habilitó entonces a quienes juntamente con el Dr. Maqueda habían fustigado e incluso agraviado al Dr. Fayt por intervenir en el «caso San Luis», a pesar de que este ministro había quedado habilitado a votar por sus pares al rechazarse su excusación.