Pactos fiscales, consensos y acuerdos Nación-provincias prometieron la eliminación de ingresos brutos pero fracasaron. La razón es que las provincias no están dispuestas a entregar una fuente de ingresos autónoma en un contexto de coparticipación federal cuestionada y necesidades fiscales locales permanentes.
Desaparecer IIBB implicaría rehacer el federalismo fiscal argentino, algo que políticamente no ha sido posible hasta ahora.
El Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) sigue siendo uno de los tributos más odiados del sistema fiscal argentino. Es provincial, grava la actividad económica en cascada, tiene un sesgo antiexportador y su carácter federal lo convierte en un nudo difícil de desatar sin un consenso entre las 24 provincias.
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Pactos fiscales, consensos y acuerdos Nación-provincias han prometido una y otra vez su eliminación gradual o su sustitución. Todos han fracasado. La razón es simple y estructural: las provincias no están dispuestas a entregar una fuente de ingresos autónoma en un contexto de coparticipación federal cuestionada y necesidades fiscales locales permanentes. Desaparecer IIBB implicaría rehacer el federalismo fiscal argentino, algo que políticamente no ha sido posible hasta ahora.
El problema más agudo no está tanto en el impuesto en sí, sino en el abuso de los regímenes de recaudación en la fuente que convierten un pago a cuenta razonable en una carga financiera anticipada brutal, sobre todo para pequeños contribuyentes.
El Convenio Multilateral (CM) nació para evitar la doble imposición y funcionó bien cuando el contribuyente determinaba y pagaba todo vía DDJJ. Pero la expansión de regímenes anticipados creó saldos a favor crónicos (SAF) que aumentan la tasa real del impuesto, castigando especialmente a los pequeños contribuyentes y pymes, que carecen de recursos, estructura y tiempo para tramitar las engorrosas y burocráticas devoluciones de esos saldos.
Es lo que lo diferencia de su primo nacional, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que si bien tiene los mismos efectos distorsivos que IIBB, a ningún contribuyente le exigen pagar por adelantado más de lo que debe.
Sistemas como SIRCREB (acreditaciones bancarias), SIRTAC (tarjetas), SIRCUPA (billeteras virtuales) y SIRPEI (importaciones) no son ejemplos de descoordinación; al contrario, vinieron a reemplazar cientos de regímenes provinciales dispersos por herramientas unificadas y administradas por la Comisión Arbitral (CA). Representan avances en armonización y han sido muy efectivos. Sin embargo, pese a su coordinación (al SIRCREB han adherido casi todas las provincias), siguen generando problemas graves: aplicación indiscriminada, alícuotas fijas altas independientemente del margen real, y un fuerte sesgo anti-bancarización que desalienta el uso de canales formales, fomenta el efectivo y la informalidad y agrava los SAF. Para un pequeño contribuyente, una transferencia o un cobro simple puede retener más que el impuesto debido por la operación.
No hace falta esperar la derogación total de IIBB o su reemplazo por otro impuesto menos distorsivo para empezar a actuar. Hay medidas concretas, realistas y de efecto rápido que aliviarían a miles de contribuyentes sin pisar las competencias provinciales:
En síntesis: las provincias no soltarán IIBB en el corto plazo por razones fiscales y políticas. Pero los regímenes de recaudación abusivos sí pueden ser acotados ya. Con límites desde el BCRA, regímenes unificados y coordinados desde la Comisión Arbitral y adhesiones condicionadas en un nuevo pacto fiscal, se lograría un alivio concreto para los pequeños contribuyentes, menos informalidad inducida y un sistema menos asfixiante. Hay que actuar en lo que duele de verdad: la voracidad fiscal anticipada que asfixia al sector privado.
Ministro de Economía de Río Negro (2017-19), Presidente de la Comisión Arbitral (2020-21) y Diputado Nacional (2021-25)
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