Desde julio de 2024 el período de prueba dura seis meses, y los convenios pueden llevarlo a ocho en las pymes y a doce en las empresas de hasta cinco trabajadores. Fue una de las banderas de la ley 27.742 y la ley 27.802 la dejó intacta: medio año para evaluar a un empleado y, si no funciona, despedirlo con quince días de preaviso y sin indemnización por antigüedad. En los papeles, el instrumento de flexibilidad más barato del sistema. En los expedientes que llegan al estudio, una de las fuentes de contingencia más caras de 2026. La razón no está en la ley nueva sino en un inciso de la ley vieja que casi nadie lee.
Seis meses de prueba, cero días de margen: el error de registración que convierte un despido gratis en uno completo
La reforma estiró el período de prueba, pero no tocó la condición para usarlo: el alta desde el primer día. Las empresas que "prueban primero y registran después" están pagando indemnizaciones enteras por despidos que creían sin costo.
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La registración desde el primer día es una condición para que el empleador pueda utilizar el período de prueba.
La condición que no cambió
El artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo dice, en su inciso 3, que el empleador debe registrar al trabajador que comienza su relación por el período de prueba, y que si no lo hace se entenderá de pleno derecho que renunció a ese período. No es una multa, que la reforma hubiera podido derogar como derogó las de la ley 24.013. Es una consecuencia contractual: el período de prueba existe solo si la relación está registrada desde el día uno. Un día de trabajo sin alta, y el empleador ya no está probando a nadie: tiene un trabajador con contrato por tiempo indeterminado desde la fecha real de ingreso.
La práctica, sin embargo, es otra. "Lo probamos dos semanas y, si anda, lo damos de alta." "Entra en febrero y lo registramos cuando cierre el mes." "Primero a prueba, después en blanco." Son frases que se escuchan en cualquier pyme y que describen exactamente la conducta que el inciso 3 castiga. El resultado aparece seis meses después, cuando la empresa, convencida de que todavía está dentro del plazo, comunica la extinción "en los términos del art. 92 bis" y se encuentra con un telegrama que le explica que el período de prueba nunca existió.
Cuánto cuesta
Tomemos un caso real con los datos cambiados. Una trabajadora ingresa el 15 de febrero, la registran el 7 de abril y la despiden el 17 de septiembre invocando el período de prueba, con una liquidación final de doscientos mil pesos. Contada desde la fecha de alta, la relación duró cinco meses y diez días: dentro de los seis. Contada desde el ingreso real, siete meses: fuera del plazo, y además con el período de prueba renunciado por la registración tardía. La extinción pasa a ser un despido sin causa, con indemnización por antigüedad, preaviso, integración del mes y proporcionales, calculados sobre la remuneración real. Si el recibo decía un número y el sueldo de verdad era otro, se aplica la presunción del artículo 55 de la LCT en contra del empleador que no registró bien, y la cuenta se hace sobre lo que la trabajadora dice que cobraba. Lo que iba a costar doscientos mil termina en una conciliación de varios millones, más honorarios, más la denuncia ante ARCA por los aportes omitidos. Y nada de esto fue derogado: las multas desaparecieron, la obligación de registrar desde el primer día no.
A eso se suma lo que la reforma agregó. El propio artículo 92 bis prohíbe contratar a un mismo trabajador más de una vez utilizando el período de prueba y califica de abusiva la conducta de probar sucesivamente a distintas personas para el mismo puesto. Las empresas que rotan personal cada cinco meses y medio para no consolidar antigüedad están construyendo, puesto por puesto, la prueba de ese abuso. Y la Justicia del trabajo, que aplicará el artículo 55 de la ley 27.802 a los intereses porque la Corte se lo ordenó, no tiene ninguna orden de ser indulgente con el fraude a la registración.
Qué hacer, del lado de la empresa
Tres cosas simples. La primera, el alta temprana en ARCA antes de que el trabajador pise el lugar de trabajo, aunque el contrato sea a prueba y aunque dure dos semanas: el alta se da de baja con un clic, la relación no registrada no se borra nunca. La segunda, que la fecha de ingreso del recibo coincida con la fecha real; un recibo con una fecha posterior es la confesión escrita de la registración tardía. La tercera, contar el plazo desde el día que la persona empezó, no desde el día del alta, y con un margen: el aviso de extinción tiene que estar notificado dentro de los seis meses, no enviado el último día.
Y una advertencia sobre la remuneración. Registrar a tiempo con un sueldo inferior al real no resuelve el problema, lo traslada: la base de cálculo de cualquier indemnización es la remuneración verdadera, y la diferencia se prueba con transferencias, mensajes y testigos. La reforma eliminó las sanciones por ese tipo de registración defectuosa; no eliminó el derecho del trabajador a cobrar sobre lo que realmente ganaba.
Flexibilidad con reglas
El período de prueba largo es una herramienta legítima y, usada bien, baja el costo de contratar. El problema es que muchas empresas la tomaron como un permiso para postergar la registración, que es exactamente lo contrario de lo que la norma exige. La ley 27.742 abarató la salida; no abarató la informalidad. Quien quiera los seis meses tiene que pagar el precio de los seis meses: alta el primer día, sueldo verdadero en el recibo, y el reloj corriendo desde el ingreso real. Lo demás no es período de prueba. Es un despido sin causa con fecha diferida.




