Argentina tiene los impuestos más altos del mundo, según cuatro entidades, Banco Mundial, IMD, Adam Smith Foundation y la Unión Industrial Argentina, aplicando métodos distintos, en el sector formal de la economía. No los tiene sólo por la voracidad fiscal de sus políticos, sino también por un Poder Judicial en lo fiscal que, con su tolerancia, la incentiva. En un reciente trabajo, explicamos la causa: el historial de graves ataques del poder político contra la Corte Suprema provocaron que la Justicia se convierta en una institución con rasgos de comportamiento pusilánime. Es la sociedad civil, no los jueces, la que paga las consecuencias. Si la Justicia no cambia sustancialmente, ninguna reforma y mejora fiscal será sostenible.
Los Nobel de Economía 2024, Acemoglu y Robinson, sostienen en “Por qué fracasan los países” que el éxito (o fracaso) depende más del buen (o mal) funcionamiento de las instituciones que de la actuación de sus políticos. Atribuyen el fracaso argentino al no respeto de la propiedad, a los golpes de Estado y a la falta de independencia judicial, esta última a causa de los ataques a la Corte vía juicios políticos (Perón, 1946) y manipulación de su número de miembros (Menem, 1990). Dan conclusiones fatales sobre nuestra Justicia: “pasó a ser una costumbre que cada nuevo presidente argentino elija a sus propios jueces del Tribunal Supremo” y “se acabó con una institución que podría haber impuesto límites al poder ejecutivo”.
En nuestro trabajo incluimos datos que les dan la razón. Desde 1947, la Corte sufrió trece ataques de la política: cinco golpes judiciales y tres intentos; más dos manipulaciones (ampliaciones) y otros tres intentos. Diez fueron de gobiernos democráticos. Resultado: de 68 ministros que pasaron por la Corte desde ese año, sólo cuatro entraron, permanecieron y salieron bien; con un criterio más estricto, sólo uno.
Comparamos a Argentina con seis países afines: Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay. Como punto de partida, hicimos que cinco plataformas de IA calificaran de 1 a 10 los ataques a cada Corte en el último siglo, bajo seis categorías, desde juicios políticos a designaciones por decreto, ponderando 70% la cantidad y 30% la gravedad de los ataques. Argentina tuvo la peor calificación promedio: 9,70; el resto, de 7,70 (México) a 2,0 (Uruguay). Luego, investigamos cada ataque, resultando que (i) Argentina es el único con ataques en las seis categorías; México sufrió seis (ni la mitad de nuestros trece) y Uruguay uno; (ii) nuestra Corte cambió de integración, en forma total o sustancial, diez veces; el doble del total en los otros seis; (iii) esos países también sufrieron golpes de Estado, pero cuatro respetaron la continuidad de sus jueces; los golpes son a la política, no a la Justicia; y (iv) salvo De la Rúa, cada presidente argentino tuvo o intentó tener su Corte. Conclusión: los ataques de la política a nuestra Justicia fueron gravísimos.
Una Justicia con rasgos pusilánimes
Salvo por las violaciones a los derechos humanos de la última dictadura, para la institucionalidad del país, esos ataques a la Justicia —en especial de gobiernos democráticos— fueron tan graves como los golpes de Estado, sólo que tuvieron menos prensa. La Justicia pudo haber confrontado al poder político, por sí misma y buscando el apoyo de la sociedad civil. Pero, por la razón que fuere, no lo hizo. Eligió adaptarse. Y esa adaptación la degeneró, en general, en una institución con rasgos de comportamiento pusilánime.
El pusilánime —del latín, alma pequeña— no es “chico”, sino que se “achica”. Ante la figura autoritaria, aprende que confrontar tiene costo y que ceder (adaptarse) lo reduce. Una institución puede comportarse similar al humano: aversión al conflicto, respuestas tibias, sobreactuaciones, minimización de derechos y deberes, cesión ante presiones, negación de la realidad. Un patrón de conducta general. Así, el problema de la Justicia en lo fiscal no es de ideología, ni de corrupción, ni de quién paga los sueldos; es una cuestión de pusilanimidad institucional, en el sentido técnico y estricto del concepto, a partir de los brutales golpes de la política que los jueces decidieron no confrontar y que la sociedad civil tampoco salió a defender.
Esa adaptación tomó dos formas
La primera, el diseño de los jueces de una “armadura”: un sistema judicial lo más restrictivo posible, para los propios jueces y para que el contribuyente pueda defenderse lo menos posible. En nuestro trabajo citamos tres ejemplos. El primero, un Consejo de la Magistratura que, desde una Constitución que lo había politizado (Pacto de Olivos), la Corte lo agravó con su sobreactuada interpretación que “equilibrio” entre jueces, abogados y políticos no es igualdad sino “no controlar”, de la que resultó casi medio Consejo integrado por políticos. El segundo, la máxima de control de constitucionalidad que se incluye en las sentencias como parámetro para declarar inválidas las leyes; es tan restrictiva la de nuestra Corte que deja de ser una máxima para respetar la separación de poderes para convertirse en una invitación a la inconstitucionalidad. El tercero, las cautelares contra el Estado que, a partir de una jurisprudencia muy restrictiva, pasaron a estar casi prohibidas por una ley de 2013.
La segunda forma es la actuación débil bajo esa armadura. Citamos ejemplos: jurisprudencia titubeante (tasas municipales), sentencias tibias (“Candy”), ponderación de efectos macroeconómicos para el Estado (Acordada 36/2009), exigencias excesivas (“Nobleza Piccardo”), procesos eternos y negación de la realidad. Por ejemplo, un fallo llega a invocar 36 veces la “emergencia del Estado”; pero no encontramos ninguno, de los más de 200 jueces en lo fiscal, que refiera a los impuestos y sistema tributario más gravosos del mundo, a la “emergencia del contribuyente”. Así, resulta una Justicia que, como regla, minimiza sus facultades y obligaciones, y sobreactúa todo lo posible para no enfrentar al poder político.
Las consecuencias no las sufren los jueces, que gozan de inamovilidad, cierto prestigio y muchos también de ingresos exentos, sino los contribuyentes, la sociedad civil. El juez en lo fiscal, en general, se corre, y los 150 tributos, los más pesados del mundo, pasan. Su máxima tolerancia en cada caso incentiva al sector político en general a cometer los máximos excesos en impuestos y en gastos. Por eso sostenemos que el Poder Judicial tiene responsabilidad primaria por la tragedia fiscal argentina. Se entiende de dónde viene ese comportamiento, pero no se lo justifica: tal actuación general es tan inaceptable como imperdonable.
El empresariado, por años de temor a represalias, reclamaba fiscalmente sólo en los pasillos; pero cambió cuando ese riesgo desapareció, ahora lo hace a viva voz. Ese cambio no está ocurriendo en la Justicia en lo fiscal. La Corte actual, el tribunal más rescatable, fijó cada tanto límites importantes, pero como excepción y tarde. Frente a los tributos más altos, el país necesita implacabilidad como regla, en la Corte, en el fuero contencioso administrativo, en el Tribunal Fiscal de la Nación y en las justicias provinciales.
Argentina necesita una Justicia que se haga respetar por la política. Cambiar tal comportamiento y armadura llevaría normalmente años. Pero no se puede esperar tanto, urge el cambio. En mayor o menor medida, todos los sectores están evolucionando hacia un orden fiscal. Se entienden las décadas de golpes brutales que sufrió la Justicia, pero ya no hay razones para seguir actuando así. Es hora de que estos vientos de cambio lleguen al Poder Judicial. Solo con una Justicia implacable y oportuna frente a los excesos más gravosos del mundo podremos tener impuestos y gastos lógicos y, en suma, un país lógico.
[*]La presente es resumen del reciente artículo del autor “El Poder Judicial del país más gravoso del mundo - Parte II”, DTE Errepar, disponible en www.logica.org.ar (con autorización).
(*) Presidente de Lógica, ONG apartidaria dedicada a generar conciencia fiscal en la sociedad