La inflación no es generada por su cálculo

La decisión del Gobierno de suspender la actualización del IPC del INDEC expone, según el autor, una estrategia orientada a sostener el relato de la desaceleración inflacionaria. En un contexto de suba de tarifas, apertura de importaciones y cambios regulatorios, la discusión deja de centrarse en cómo bajar la inflación para enfocarse en cómo se la mide, con impactos directos sobre salarios, jubilaciones, pobreza y producción nacional.

La suspensión de la actualización del IPC del INDEC revela una estrategia oficial para sostener el relato de la baja de la inflación. En un escenario de suba de tarifas y apertura de importaciones, el debate se desplaza de cómo reducir los precios a cómo se los mide, con impacto directo en salarios, jubilaciones y pobreza.

INDEC

El Gobierno comenzó el año con políticas que hasta hace poco desestimaba, o negaba públicamente, como la necesidad de acumular Reservas por parte del BCRA.

Además, implementó una medida que muestra la preocupación de la actual administración nacional por sostener el relato de la baja de la inflación: suspendió la actualización de la canasta del IPC del INDEC, decisión que derivó en la renuncia del titular del organismo.

El nuevo IPC mejoraba la medición por dos medios. Por un lado, actualizaba los bienes censados: dejaba de tomar la canasta de consumo de 2004, que incluía VHS, CDs, walkmans, etc., y la sustituía por los bienes y servicios de la encuesta de los hogares de 2017/2018. Por otro lado, el cambio iba a dar más ponderación a los servicios (especialmente los públicos), mucho más cercana a la situación de consumo actual de los hogares. Se adujo, no oficialmente, que una de las razones de mantener el viejo cálculo fue la próxima entrada en vigor de un nuevo régimen tarifario para la luz, el gas y el agua (aprovechando un año no electoral), donde la gran mayoría de los usuarios pasarán a pagar tarifa plena (sin subsidios) a lo largo de 2026.

Varios exfuncionarios indicaron que el gobierno decidió no modernizar el índice en 2025 por las elecciones legislativas de ese año. Ahora se dice oficialmente que se suspende hasta que la inflación sea cero. En ambos casos se trata de argumentos ad hoc. Un índice, para ser objetivo, debería regirse estrictamente por el calendario planificado por el organismo de estadísticas, no por la conveniencia para el oficialismo.

El IPC no sólo impacta en las decisiones financieras (por ejemplo, en los bonos públicos indexados por CER y en las actualizaciones de contratos), sino también en un cúmulo de otros temas de suma importancia, como la determinación de los salarios reales y de sus paritarias, la determinación de la AUH, de las jubilaciones, y en la medición de la pobreza, que el gobierno sostiene haber bajado abruptamente.

Tras siete meses de un IPC mensual en aumento, y con fuertes incrementos de tarifas en ciernes lo que hace muy difícil controlar la inflación, pareciera que el gobierno se ha volcado a tratar de controlar cómo se mide la inflación.

Durante el pasado año, la desaceleración de los precios se concentró más en los bienes que en los servicios, es decir en los transables expuestos a la apertura comercial propiciada por el gobierno. En cambio, los no transables, como los servicios públicos y otros como educación y prepagas de salud, aumentaron su precio por la política de desregulación, mientras que los servicios a las personas que no sucumbieron ante la parálisis económica aprovecharon la protección que les daba la imposibilidad de ser alcanzados por la competencia internacional. Este mecanismo seguirá funcionando en 2026, encareciendo cada vez más los servicios.

En los últimos días, varios funcionarios, entre ellos Federico Sturzenegger, han repetido argumentos a favor del disciplinamiento de los precios locales gracias a las importaciones, en especial a la compra de ropa proveniente del exterior. El ministro Luis Caputo se jactó de que “nunca” compró ropa en Argentina “porque es un robo”. Esta referencia a la ventaja de la apertura para mantener precios bajos debilita el otro relato del gobierno: que la inflación es sólo un fenómeno monetario. Pareciera, entonces, que a la inflación la consideran multicausal.

Esta cruzada contra la producción nacional recuerda a la publicidad de las sillas durante la última dictadura cívico-militar, donde se denostaba la calidad de la industria argentina, prefiriendo los productos extranjeros. Cabe señalar que la publicidad mencionada antepone el interés del consumidor al del trabajador: el primero tendría más opciones de compra, pero en detrimento del segundo que puede perder su trabajo.

Es difícil separar el interés del trabajador de la suerte del consumidor: si alguien pierde su trabajo pierde en simultáneo su capacidad de consumo. El problema es el modelo, y no la calidad o los precios.

Esta idea de fomentar la liberalización de importaciones ahora se verá seguramente magnificada por el acuerdo comercial con los Estados Unidos. El texto, de “recíproco” no tiene nada. La mayoría de los artículos son exigencias a la Argentina, deberes que tiene que cumplir. A cambio, se otorga acceso a sus inversiones en aquellos bienes estratégicos para Estados Unidos en su disputa con China, como los minerales críticos (que también son estratégicos para nuestro país, y sobre los cuales se estaría cediendo el control de los recursos). El tratado recuerda al pacto Roca-Runciman, donde a cambio de garantizar una cuota de carne se entregó el desarrollo económico nacional. La posibilidad de frenar este acuerdo que reduce soberanía descansa ahora en el Congreso, y en la reacción de la sociedad, que pugne para lograr los consensos necesarios para ponerle un límite a determinadas políticas gubernamentales.