Reforma política e inseguridad no son necesariamente complementarias como afirma el gobierno: puede alcanzarse un nivel adecuado de seguridad sin reforma política y aplicarse nuevas leyes en materia política sin que disminuyan los índices de inseguridad.
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La incorporación de la reforma política al tema de la inseguridad no parece natural ni comprensible, excepto que encubra un atajo en dirección a otro objetivo político.
La reforma política es necesaria, sin embargo, con o sin dobles intenciones, pero debería respetarse la autonomía de su necesidad. Hay dos riesgos en mezclar la iniciativa de reforma política con un plan de combate a la inseguridad. Por un lado, que las iniciativas de reformas queden parcializadas, cuando éste es un tema que debe encararse de forma integral y, por el otro, que se vacíe de contenido el proceso mismo de la reforma. Esta necesidad surge no sólo de la recomendación de los especialistas en instituciones políticas, que sugieren una serie de modificaciones para mejorar la gobernabilidad, la representación y la participación. Surge, también, de las demandas de la sociedad que todavía no ha cerrado la brecha de confianza en su dirigencia y siente una enorme distancia entre electores y elegidos.
• Pasos
La reforma política debería ser encarada como un proceso de menor a mayor. Si se intenta una hipótesis de máxima para instrumentarla -que incluya incluso la reforma de la Constitución-no se conseguirá nada. Si el proyecto legislativo es muy ambicioso -sancionar todos los capítulos posibles de la reforma-se avanzará poco, porque la comunidad política en general reaccionará negativamente en un gesto de autodefensa. En cambio, parece razonable avanzar con pocas iniciativas pero que pongan en marcha una tendencia.
El primer paso debería hacer cumplir lo que ya está en la ley: la democracia interna de los partidos, el financiamiento de las campañas electorales y restablecer la vigencia de las elecciones internas abiertas y simultáneas, legislación existente desde 2003 que no pudo aplicarse. Tenemos las leyes pero no existe el organismo que pueda ejecutarlas.
Necesitamos, por lo tanto, crear por ley un órgano electoral independiente, formado por profesionales no partidarios, financieramente autónomo, que esté en condiciones de auditar a la política e imponerle el cumplimiento de la ley.
El segundo paso debería preparar el juego completo de una reforma, y ponerle tiempos y formas -no importa cuáles- a su instrumentación. Ese programa debería incluir, sin orden de importancia:
• Una nueva afiliación general en los partidos políticos porque no sabemos realmente cuántos adherentes tiene cada uno.
• Flexibilizar el sistema de la lista sábana, reduciendo la magnitud del problema por lo menos en los seis grandes distritos electorales en los cuales vota 80% del electorado. En estos distritos, es común que una lista de candidatos desconocidos sea arrastrada por un candidato mediático.
• Establecer progresivamente el voto electrónico. Pese a las críticas provocadas por dificultades en su implementación, es uno de los instrumentos más transparentes que pueden utilizarse para combatir las prácticas clientelistas en las grandes ciudades.
• Eliminación
La decisión por parte del gobierno de encarar finalmente el tema -aunque la vía o la intención elegida sea otra-merece ser elogiada. Debe ser bienvenido también el proyecto de «eliminación de la lista sábana» presentado la semana anterior en la Cámara de Diputados por un grupo de legisladores.
La tarea conjunta del Poder Ejecutivo y del Congreso -independientemente del interés particular que mueva las iniciativas- es un paso adelante frente a la alternativa de no hacer nada.
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