Apps de delivery: ilegalidad y peligrosidad en el contexto del Covid-19

Opiniones

La actividad de las "apps de reparto" se presta en un marco de descontrol y falta de responsabilidad por parte de las estructuras empresarias que lucran con ellas

En estos últimos años, nos hemos acostumbrado a ver, como parte del paisaje urbano, a jóvenes (y no tan jóvenes) a bordo de motos y bicicletas repartiendo no sólo comida, sino todo tipo de objetos. Los “repartidores” llevan en sus mochilas, camperas o remeras los coloridos logos de las distintas “apps” de reparto que se comunican con ellos y les indican dónde y qué tienen que retirar y dónde entregar y en qué tiempo. Los más jóvenes ya las han incorporado como una parte más de los servicios que tienen disponibles en su celular y utilizan intensivamente esas “aplicaciones”. Hasta aquí la versión “naif”, “revolucionaria” y “de avanzada” de estos servicios.

En efecto, se han escrito muchas líneas, aquí y en el exterior, sobre el trasfondo de situaciones de desamparo y aprovechamiento de la necesidad de estos trabajadores vinculados ahora no a un empleador, sino a una plataforma tecnológica, un ser abstracto que supuestamente “intermedia” entre la necesidad de dos personas. “Economía colaborativa” es el amigable término con el que se quiere bendecir a estas “nuevas formas de trabajo” hoy elevadas al pedestal de la épica en este aislamiento social y obligatorio. Sin embargo, no vamos aquí a repetir lo que se puede saber con una simple búsqueda en internet y los reiterados reclamos en torno a los derechos laborales y de seguridad que exigen con mayor o menor éxito.

En este artículo, nos referiremos a la ilegitimidad pura y dura que sale de leyes y fallos vigentes en, por ejemplo, el ámbito de esta Ciudad de Buenos Aires donde, en efecto, está vigente desde 2016 la ley 5526 que exige que todos estos trabajadores (y las empresas que los emplean) estén habilitados y registrados. Ante la inacción del Gobierno de la Ciudad en la aplicación de dicha Ley se promovió un amparo colectivo que definió, en sendas medidas confirmadas por Cámara y en un fallo de Primera instancia, la absoluta ilegalidad de la operatoria de estas “apps de reparto” las cuales, para poder operar, deben cumplir con la Ley (Causa “ENVIOS YA S.A. Y OTROS /GCABA S/AMPARO COLECTIVO” Expte. N°36.976/2018). Cualquiera que quiera profundizar podrá acceder a la información del expediente en el portal de la justicia de la Ciudad y podrá advertir la actividad procesal desplegada para separar al Juez de la causa y presentar constantes recursos para incumplir algo tan simple como establecer un registro público para que estos servicios se presenten de manera debidamente habilitada.

El tema es que hoy, en esta cuarentena, nos encontramos con que estas actividades de entrega o reparto domiciliario han sido declaradas como “actividades esenciales” por el Poder Ejecutivo Nacional en el DNU N°297/2020, una actividad que estando regulada no cumple con ninguna ley laboral ni de tránsito ni de ninguna naturaleza.

La actividad se presta en un marco de total ilegalidad, descontrol y falta de responsabilidad por parte de las estructuras empresarias que lucran con ellas, empresas que a viva voz dicen no tener empleados ni responsabilidad alguna en el servicio que, por otra parte, ofrecen. Todo ello, empujando a la ruina de las verdaderas mensajerías o empresas de entrega a domicilio que sí disponen de una habilitación a nivel nacional y con personal registrado, que hoy son las que sí podrían desempeñar con responsabilidad y eficacia esta actividad esencial.

En lo que tiene que ver con el control de tránsito, no se entiende cómo estos repartidores informales acceden a los permisos de circulación sin disponer, no ya de una habilitación específica, sino un empleador que los avale como tales. ¿Realmente podemos creer que se trata de emprendedores o empresarios autónomos? En los hechos, hoy cualquier propietario de una moto o bici puede registrarse en una o más de esas “apps” y con eso saldría tranquilamente a decir que es “repartidor” y transgredir el aislamiento social preventivo y obligatorio establecido por el decreto 297/20 ¿o necesita tener una campera colorida?

Al amparo de esa absoluta falta de registro e identificación de los repartidores y la nebulosa de las “intermediarias”, la actividad puede ser realizada impunemente para actividades ilegales, por ejemplo, de sustancias o medicamentos prohibidos, etc. Al respecto habrá que pedir un envío de “lo que sea” Además, y al declinar todo tipo de autoridad sobre los repartidores, estas “apps” no pueden asegurar ni garantizar por parte de los repartidores el cumplimento de protocolos sanitarios (pese a que publicitan engañosamente lo contrario), ni proveerlos de material de aislamiento, convirtiéndolos en los hechos en una red dinámica de contagio del COVID-19.

Por último, y no resulta un tema menor a la luz de los antecedentes legales y judiciales antes aludidos, se aprecia el doble estándar de exigencia que exhibe el Gobierno comunal que, por un lado, ha intentado prohibir totalmente la circulación urbana de personas mayores (sin ningún sustento legal) pero por otro lado permite impunemente que diariamente campee una red de agentes de contagio en la calle de personas que no conoce ni controla. Entendemos que el Gobierno nacional, como máximo responsable en esta emergencia, debería tomar medidas urgentes y estrictas para que estos servicios esenciales de reparto se realicen de manera legítima, ajustada a la ley, y con máximo cuidado para los trabajadores y los consumidores involucrados.

Repetidamente se anuncia que en estas situaciones derivadas de la pandemia hay conductas y omisiones que, de verificarse y no corregirse, configuran delitos, y ésta claramente no parece escapar a esta calificación. Es urgente que el Estado tome debida nota: hoy los repartidores no son héroes, sino víctimas de empresarios que al margen de la ley elevaron sus ganancias de manera sideral y, en la actual emergencia sanitaria, son una peligrosísima y descontrolada red de posibles contagios para la población.

(*) Horacio E. Bueno (foto) y Alfredo Pérez, Estudio Bueno, Rizicman y Louge Abogados.

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