Sin crédito, reglas previsibles ni perspectivas de venta, las pymes postergan ampliaciones y compras de maquinaria que podrían generar empleo.
Entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, la Argentina pasó de 567.416 a 540.262 empresas privadas con empleo registrado.
La Argentina necesita discutir no solo por qué cierran empresas, sino también por qué cada vez menos personas deciden abrir una. La baja densidad empresarial y la escasa creación de nuevas firmas constituyen un problema estructural. Los datos recientes agregan una señal preocupante: el tejido empresario también se debilita cuando se frena su renovación.
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Según las cifras de la serie de empresas privadas con empleo del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) consideradas en este análisis, las aperturas pasaron de 17.203 en el cuarto trimestre de 2023 a 13.562 en el mismo período de 2025: una caída de aproximadamente el 21%. Los cierres, en cambio, pasaron de 19.173 a 19.578, un aumento cercano al 2%.
La comparación permite identificar un componente central de la pérdida de empresas: no hace falta que se dispare la cantidad de cierres para que el universo empresario se reduzca. Si nacen menos firmas, el saldo también se deteriora.
Entre esos dos trimestres, la cantidad de empresas privadas con empleo pasó de 567.416 a 540.262. Son 27.154 menos, una disminución del 4,8%. Conviene precisar qué mide esta serie: las aperturas y los cierres se refieren al inicio o al cese de la declaración de empleo registrado y no equivalen necesariamente a la constitución o disolución de una empresa.
El 9 de noviembre, durante su encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, el papa León XIV recordó que privar a una persona de trabajo significa “herir gravemente su dignidad”. También planteó la necesidad de equilibrar los principios económicos, la visión de los empresarios y las necesidades de los trabajadores y sus familias.
Esa reflexión interpela nuestra discusión económica. Debemos debatir legislación laboral, protección social, salarios y derechos. Al mismo tiempo, necesitamos preguntarnos qué condiciones permiten crear y sostener esos puestos de trabajo.
Desde nuestra perspectiva, defender el trabajo exige cuidar el entramado productivo que lo hace posible. Esta es una conclusión de los autores: para ampliar el empleo privado necesitamos empresas que puedan nacer, invertir y crecer. Empresarios y trabajadores forman parte de un mismo proceso y comparten un interés fundamental en su continuidad.
Crear una empresa implica arriesgar capital, contratar personal, acceder a financiamiento, adquirir equipamiento y asumir obligaciones laborales, fiscales y regulatorias, sin conocer con certeza la demanda futura.
Cuando el riesgo percibido supera el retorno esperado, puede ocurrir algo que rara vez genera titulares: la inversión no se realiza. No se trata de una empresa que cierra, sino de una que nunca llega a abrir. Lo mismo sucede cuando una firma existente posterga una ampliación, una sucursal o una nueva línea de producción.
Desde MONAPY proponemos estudiar ese potencial mediante un concepto: el Stock de Proyectos Reprimidos (SPR). Son iniciativas identificadas por las empresas que permanecen sin ejecutar, ya sea por falta de recursos, incertidumbre, obstáculos regulatorios o expectativas insuficientes de ventas.
Una máquina, una mejora tecnológica, un nuevo producto, una exportación o una incorporación de personal pueden formar parte de ese universo. Todavía no sabemos cuántos proyectos hay, cuánto capital movilizarían ni qué empleo podrían generar. Por eso, antes de asignarles una cifra, necesitamos medirlos.
Un ejemplo permite dimensionar su importancia. Si 100.000 pymes tuvieran un proyecto pendiente de US$30.000 cada una, la inversión potencial sumaría US$3.000 millones. Si fueran 300.000 empresas, alcanzaría los US$9.000 millones.
Se trata de un ejercicio ilustrativo, no de una estimación del SPR argentino. Su utilidad es mostrar que el crecimiento también puede surgir de miles de decisiones de inversión de menor escala, distribuidas entre sectores y regiones.
El financiamiento es fundamental para poner en marcha esos proyectos. También lo son la estabilidad, una carga tributaria compatible con la actividad, la previsibilidad de las reglas y la simplificación administrativa.
Pero disponer de crédito no alcanza si la empresa no espera vender lo que produzca. La decisión de ampliar capacidad depende de una expectativa razonable de demanda, tanto en el mercado interno como en los mercados externos.
Por eso, una política orientada a liberar inversiones debe atender simultáneamente las condiciones de producción y las oportunidades de venta. Incluso un crédito barato puede resultar insuficiente cuando no hay perspectivas de colocar la producción adicional.
Cuando una pyme invierte, su decisión alcanza a otros: compra equipamiento, activa proveedores y puede contratar trabajadores. Esos ingresos generan consumo y nuevas ventas. Así se construye un círculo productivo con impacto territorial, cuya magnitud depende de las condiciones de cada actividad.
Una política pyme debería seguir, al menos, tres dimensiones: la densidad empresarial, es decir, cuántas empresas existen cada 1.000 habitantes; la creación y supervivencia de firmas; y el potencial de inversión identificado que permanece sin ejecutarse.
Para construir este último indicador, proponemos consultar periódicamente a las empresas: ¿tienen un proyecto que quisieran realizar en los próximos 24 meses?, ¿cuánto invertirían?, ¿qué les impide hacerlo? y ¿cuántos puestos de trabajo estiman que podrían generar?
Las respuestas permitirían distinguir los obstáculos, diseñar herramientas más precisas y evaluar si las políticas logran transformar proyectos en inversiones efectivas. Empezaríamos a conocer no solo lo que la economía argentina es, sino también una parte de lo que podría llegar a ser.
Detrás de cada proyecto postergado puede haber un proveedor que todavía no vendió, una máquina que no se compró, una empresa que no creció y un puesto de trabajo que aún no existe.
El desafío argentino es evitar que cierren empresas, lograr que nazcan otras y permitir que las existentes vuelvan a invertir. Porque defender el trabajo exige también cuidar las condiciones que permiten crearlo.