El 30 de julio de 2010 publiqué en este mismo espacio una nota titulada “Si peleamos por la educación, venceremos a la pobreza ”. Allí analizaba los resultados de PISA 2006 y advertía que mantener a los chicos en las aulas era una condición necesaria para educarlos, pero de ninguna manera suficiente. Faltaban meses para conocer la siguiente evaluación. Cerraba la columna con un deseo: “En diciembre próximo se harán públicos los resultados de la ronda 2009, ojalá los mismos no sean los que intuyo”.
Dieciséis años después, los resultados de PISA 2025 vuelven a confrontarnos con aquella realidad. Según el informe de Argentinos por la Educación, elaborado sobre los datos de la OCDE, el 76% de los estudiantes argentinos de 15 años evaluados no alcanzó el nivel mínimo de desempeño en Matemática. En Lectura y en Ciencias, esa proporción fue del 59%. Los puntajes cayeron en las tres áreas respecto de 2022: de 378 a 367 en Matemática, de 401 a 389 en Lectura y de 406 a 393 en Ciencias.
Es difícil encontrar motivos para sorprenderse. En 2006, la evaluación que motivó aquella nota, el 36% de los estudiantes argentinos alcanzaba al menos el nivel mínimo en Matemática. En 2025, apenas lo hizo el 24%. A los adolescentes examinados en esta última edición les faltaban varios años para comenzar la primaria cuando ya discutíamos por qué tantos jóvenes pasaban por la escuela sin adquirir los conocimientos que necesitarían para desenvolverse en la vida.
Por supuesto, PISA no mide todo lo que una escuela enseña, ni permite reducir la educación a un puntaje. Pero resulta difícil sostener que una escuela cumple adecuadamente su función cuando una proporción tan elevada de sus alumnos no alcanza competencias básicas. Comprender un texto y utilizar conocimientos matemáticos son herramientas necesarias para continuar estudiando, aprender un oficio o tomar decisiones en la vida cotidiana. Su ausencia limita las posibilidades de los jóvenes mucho después de haber dejado de ser noticia.
El 30 de mayo de 2011, también en Ámbito, publiqué “Equidad educativa ”. Los resultados de PISA me llevaban a señalar que nuestros gobiernos cumplían sólo formalmente con su obligación de asegurar la educación de los niños y adolescentes. “Es hora de evaluar reformas radicales”, proponía entonces. La nota invitaba a considerar otras formas de organizar y financiar la educación, para que la posibilidad de elegir escuela no dependiera de los ingresos de los padres.
Modificar el sistema educativo implica riesgos, por supuesto. Sin embargo, quienes los señalan deberían explicar qué les permite confiar en que conservar su organización producirá los aprendizajes que durante tanto tiempo no ha logrado asegurar. ¿Por qué el costo de cambiar ocupa tanto espacio en la discusión y el de seguir igual parece requerir tan pocas explicaciones?
Una familia que puede pagar otra escuela dispone de una alternativa cuando considera que sus hijos no están recibiendo la educación adecuada. Quien carece de esos recursos encuentra límites mucho más estrechos. Que ambas tengan reconocido el derecho de elegir no significa que puedan ejercerlo en condiciones semejantes. El financiamiento público debería contribuir a reducir esa diferencia, manteniendo la responsabilidad estatal de garantizar el acceso a la educación. El Proyecto de Ley de Libertad Educativa lo contempla.
La ley, desde luego, necesita una implementación cuidadosa. La persistencia de los malos resultados debería hacernos especialmente exigentes con las reformas propuestas, pero también con los argumentos utilizados para rechazarlas.
En julio de 2010 deseaba equivocarme al anticipar los resultados de la siguiente evaluación. Desde entonces, otra generación ingresó a la escuela y llegó a los 15 años sin que lográramos asegurarle los aprendizajes básicos. ¿Cuántos de los chicos que hoy comienzan la primaria deberán atravesar la misma experiencia antes de que nos atrevamos a cambiar?
*Miembro de la Academia Nacional de Educación y Director del UCEMA Friedman Hayek Center
