¿Puede gobernarse la Argentina sin el peronismo?

Peronismo: modernizar no es abandonar principios. En medio de una profunda crisis económica y de una creciente tensión institucional, el debate sobre el rol de la principal fuerza opositora, la necesidad de autocrítica y la defensa del diálogo democrático vuelve a ocupar un lugar central en la discusión política.

El debate sobre el rol del peronismo, la autocrítica y la construcción de consensos vuelve a escena en un escenario de crisis económica y tensión institucional.

A dos años de iniciado el gobierno de Javier Milei, la Argentina no solo atraviesa una crisis económica y social de enorme profundidad. Vive, además, una tensión institucional que ya no puede disimularse ni relativizarse: la decisión deliberada del Poder Ejecutivo de intentar gobernar el país prescindiendo de la principal fuerza opositora y de la representación política de millones de argentinos, excluyéndola del diálogo y deslegitimándola como actor democrático.

La pregunta es directa, incómoda y necesaria: ¿puede gobernarse la Argentina ignorando a una parte sustantiva de su representación política y social? La respuesta es evidente: la exclusión deteriora la convivencia democrática y debilita la gobernabilidad.

Identidad y rol del peronismo

El peronismo no es una fuerza circunstancial ni una anomalía histórica. Es un movimiento político con más de 80 años de historia, profundamente enraizado en la vida social, productiva y territorial del país. Es hoy la principal fuerza opositora y expresa amplios sectores de la sociedad argentina. También es una tradición política que fue perseguida y proscripta, y que —con aciertos y errores— formó parte central de la reconstrucción democrática y de la defensa de los sectores más postergados de nuestra patria.

Ahora bien, ninguna fuerza política puede reclamar centralidad sin ejercer autocrítica. El peronismo tiene deudas, errores y desafíos pendientes. Reconocerlos no lo debilita: lo vuelve más creíble. Esa autocrítica convive con una vocación histórica que hoy vuelve a ponerse sobre la mesa: la predisposición al diálogo, al debate de ideas y a la construcción de consensos amplios.

Lejos de encerrarse en la nostalgia, el peronismo está dispuesto -y obligado- a pensar ideas modernas y a discutir un proyecto de país para el siglo XXI que incluya a trabajadores, industrias, pymes, economía popular, ciencia y jóvenes. Modernizar no es abandonar principios. Es actualizar herramientas sin resignar valores. Justicia social, soberanía política e independencia económica no son consignas del pasado: siguen siendo respuestas vigentes frente a una Argentina desigual y fragmentada.

Frente a esta disposición, el gobierno eligió otro camino. No solo excluyó a la principal fuerza opositora del diálogo político nacional, sino que dejó deliberadamente de lado a gobernadores elegidos democráticamente, representantes legítimos de millones de ciudadanos. El caso más evidente es el del gobernador de la provincia de Buenos Aires, distrito que concentra una porción decisiva de la población, de la industria y de la producción argentina.

Ignorar a la provincia que motoriza buena parte del entramado productivo nacional no es una provocación retórica: es una irresponsabilidad institucional. No se gobierna un país negando sus territorios, su producción ni su diversidad política.

En paralelo, el oficialismo parece ensayar una oposición seleccionada, funcional a su propia estrategia parlamentaria. Una práctica que contradice el discurso republicano que dice defender. La democracia no se fortalece con oposiciones decorativas ni con unanimidades forzadas. Se fortalece con debate real, con contrapesos y con representación efectiva.

Las democracias maduras ofrecen ejemplos claros. En Alemania, gobiernos de distinto signo político han debido acordar sistemáticamente con la socialdemocracia para sostener la gobernabilidad. En España, aun en contextos de fuerte polarización, ningún Ejecutivo ignora deliberadamente a la principal fuerza opositora ni a los gobiernos regionales sin pagar un costo institucional. La convivencia democrática no elimina el conflicto: lo encauza.

En este marco, el ataque frontal a la justicia social no es un dato menor: es una definición ideológica. Reducirla a un privilegio o caricaturizarla como una distorsión implica desconocer su rol histórico como columna vertebral de la cohesión social argentina. Sin justicia social no hay comunidad posible, solo individuos librados a su suerte.

Gobernar es conducir una sociedad plural, aceptar el conflicto democrático y construir acuerdos mínimos que sostengan la institucionalidad. El peronismo no va a desaparecer porque no es una estructura artificial: es una identidad política nacida de las necesidades reales del pueblo argentino. Está dispuesto a discutir, proponer y construir, sin renunciar a los valores que le dieron origen.

La Argentina no necesita menos política. Necesita mejor política. No necesita exclusión. Necesita diálogo. No necesita silencios forzados. Necesita representación. Negar al peronismo no es una estrategia audaz. Es una apuesta peligrosa.

Y la democracia argentina ya aprendió, a un costo demasiado alto, que excluir nunca fue una solución duradera.

Por Víctor José Colombano, dirigente del NEP CABA y congresal Nacional y Metropolitano del PJ.