Un aumento beneficiaría a pocos

Después de muchos años, vuelve a discutirse sobre la necesidad de estimular el consumo, actuando sobre la política salarial. La situación ocupacional es muy diferente de la realidad de los setenta, cuando la mayoría de los trabajadores tenía trabajo formal, estaba representada por una única central gremial, las organizaciones empresariales también estaban concentradas, de manera que un acuerdo entre entidades gremiales de trabajadores y patronales permitía que una decisión salarial tuviera efectos en todo el territorio nacional. También eran corrientes los aumentos salariales por decreto como herramienta para mejorar la distribución del ingreso, con resultados más o menos eficaces, porque no siempre los aumentos nominales terminaban siendo incrementos reales.

Treinta años después, la estructura ocupacional de nuestro país muestra una realidad totalmente distinta: de cada cien trabajadores, 14 trabajan en el Estado, 23 tienen trabajo formal en el sector privado, 39 trabajan en el sector informal y 24 están desocupados o subocupados, o reciben algún plan del gobierno.

Los efectos de la desindustrialización llevada a cabo en el Proceso militar, las políticas de apertura irrestricta y los cambios tecnológicos muestran su peor rostro en las condiciones laborales de millones de argentinos.

No hay ninguna duda de la necesidad de mejorar el ingreso de los trabajadores y de sus condiciones de trabajo, máxime cuando la brecha de desigualdad entre ricos y pobres sigue profundizándose; la dificultad aparece con la necesidad de contar con el instrumento adecuado para hacerlo efectivo.

Con los números de la organización ocupacional, el uso de un solo instrumento aparece como insuficiente, porque si el Estado nacional y todas las provincias decidieran aumentar a sus trabajadores, sólo 1,4 de cada diez recibiría aumentos; si lo hiciera el sector formal de la actividad privada, 2,3 de cada diez se verían beneficiados; el sector de la economía informal está sujeto a las leyes del mercado y no existe ninguna forma compulsiva para provocar aumentos salariales.

La suba en las remuneraciones de los planes de Jefas y Jefes de Hogar, que en algunas metodologías de medición de la ocupación se los considera como trabajadores ocupados, tendría el comportamiento de un empleo público, con igual impacto fiscal.

Además de la política salarial para mejorar los ingresos y hacer más equitativa su distribución, es necesario apelar también a otras herramientas, como la política fiscal y la implementación de planes de crédito.

El sistema tributario de la convertibilidad está vigente casi en su totalidad, pero se han ido agregando nuevas imposiciones que objetivamente son el soporte de la mayor recaudación,tales como: retenciones a las exportaciones, impuesto al cheque, reducción de la tasa del IVA a productos agropecuarios, que permite devolver menos impuestos a los exportadores, la nominalidad de los resultados en el Impuesto a las Ganancias, la corrección de la ley de procedimientos, con la creación de nuevas presunciones, el aumento de algunas tasas del régimen de seguridad social y algo de impuesto inflacionario.

• Impacto

La combinación de las altas tasas del IVA con el impuesto inflacionario impacta fuertemente en los sectores de ingresos bajos y fijos, como asalariados y jubilados. De manera que si se decide aumentar el nivel de ingreso de los sectores más postergados, es inevitable discutir la política fiscal, ya sea por un mayor gasto público, a través de la política salarial, que como se señaló alcanza sólo a una parte de la población o por una nueva definición de los impuestos al consumo. En este campo, las alternativas van desde una masiva reducción de tasas, hasta la devolución de impuestos por el uso del dinero plástico.

También es una herramienta útil el otorgamiento de préstamos personales para consumo, a baja tasa de interés, lo que implica un subsidio del Estado.

Toda medida que permita mejorar el ingreso de la población tendrá inicialmente algún costo fiscal, ya sea por el lado de los recursos o por el lado del gasto. El adecuado equilibrio en las decisiones puede hacer que el esfuerzo fiscal opere como un efecto palanca, que mejore el ingreso, motorice el consumo y finalmente el Estado recupere su aporte con más recaudación derivada de la mayor actividad.