La ex ministra de Trabajo Graciela Camaño se desligó hoy de las denuncias del Gobierno respecto del cobro indebido de planes sociales por parte de empleados de la dependencia durante su gestión.
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Camaño dijo que le llamó "la atención" el hecho de que lo primero que se informó acerca de la irregularidad fue que varios de los responsables eran del partido bonaerense de San Martín, de donde ella y su marido, Luis Barrionuevo, son oriundos.
El presidente Néstor Kirchner denunció este martes que al menos veinte empleados del Ministerio de Trabajo cobraban planes sociales, un beneficio que alcanza a personas desocupadas, y luego la propia cartera laboral informó en un comunicado de prensa que la mitad de los acusados vive en San Martín.
"Me llamó la atención que, ante una irregularidad, lo primero que se plantea es que viven en San Martín. En San Martín, del Ministerio de Trabajo vive mucha gente, incluso hay una delegación", explicó la ex funcionaria en declaraciones radiales.
En el entorno de Camaño sospechan que la acusación del ministerio que ahora lidera Carlos Tomada es una forma de tapar irregularidades que se originaron en la gestión de Alfredo Atanasof, al frente de la cartera, o en la actual.
En ese sentido, fuentes cercanas a la legisladora informaron que 15 de los casos corresponden a cobros que comenzaron hace seis meses (ya con Tomada como ministro) y que cinco de los contratados que cobraban planes sociales en forma simultánea lo hacían desde abril de 2002, cuando Atanasof encabezaba la cartera y Tomada era viceministro.
"Un grupo de personal contratado del Ministerio de Trabajo, en gestiones anteriores a la mía, se había incorporado al plan en los últimos seis meses", aclaró Camaño en diálogo con una radio porteña.
La actual diputada nacional, no obstante, reconoció que en algunos casos pudo haber "descontrol" en la verificación de aportes del monotributo de algunos de los contratados que terminaron por cobrar los planes Jefes y Jefas de Hogar desocupados.
Camaño estimó que no hubo de parte del Gobierno nacional una voluntad de perjudicarla por la difusión de los casos de San Martín y en cambio dijo suponer "que puede haber por ahí alguna mano traviesa, por abajo de los funcionarios más importantes, que lleve la información".
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