El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, acusó este sábado a la UBA de intentar monopolizar los fondos destinados a hospitales universitarios de todo el país y aseguró que el Gobierno nacional cumplió con todas las transferencias correspondientes. Según afirmó, el conflicto responde a una "extorsión política" impulsada por el vicerrector Emiliano Yacobitti para presionar por mayores recursos. La acusación llegó a tres días de la cuarta Marcha Federal Universitaria.
Álvarez cuestionó el reclamo presentado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y sostuvo que pretende quedarse con $75.000 millones, equivalentes al 95% del fondo total destinado a hospitales universitarios. "Para todos los hospitales universitarios del país pretende dejar apenas $4.000 millones", aseguró, y señaló que universidades como la de Cuyo ya solicitaron por sí solas partidas cercanas a los $2.400 millones para sus centros de salud. El funcionario también apuntó directamente contra Yacobitti: "Sacan a los médicos a la calle, hablan de pacientes oncológicos sin atención y generan pánico para extorsionar al Gobierno".
La respuesta del vicerrector de la UBA no se hizo esperar. Yacobitti aseguró que el Gobierno busca "confundir a la gente para deslegitimar un reclamo" y desmontó el argumento oficial punto por punto: "El comunicado del Ministerio de Capital Humano lo deja claro: la partida de $80.000 millones que tiene aprobada para hospitales universitarios es una partida que el Gobierno propuso en un presupuesto que se votó y reconoce que no cumplió. No giró ni un peso a ninguna universidad con hospitales". El dirigente radical añadió que "el Gobierno no cree en el sistema público de educación" y que los 80.000 millones en disputa representan menos de lo que el Ejecutivo gastará por la reducción del impuesto a los autos de lujo.
La UBA convocó a marchar el 12 de mayo y el Gobierno insiste en pedir "transparencia radical"
La UBA convocó a una nueva Marcha Federal Universitaria para el martes 12 de mayo a partir de las 17 en Plaza de Mayo, con el objetivo de exigir la ejecución de la ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial. Al mismo tiempo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también llamó a participar de la concentración bajo el lema "Marcha federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional". La confluencia de la UBA y el CIN en una misma convocatoria amplía el alcance de la protesta y pone presión sobre un Ejecutivo que ya enfrenta turbulencias internas por otros frentes.
En paralelo, el subsecretario Álvarez insistió en la necesidad de avanzar con auditorías técnicas de la SIGEN para transparentar el manejo de fondos públicos, y cuestionó que la UBA mantenga una disputa judicial para impedir esos controles: "La ley es clarísima: la auditoría interna corresponde a la SIGEN y la externa a la AGN. Si están manejando bien las cuentas públicas, ¿por qué se niegan a ser auditados?". El cruce entre Álvarez y Yacobitti traza así el mapa de un conflicto que excede la disputa técnica por partidas presupuestarias: es también una batalla política en la que el Gobierno apuesta a instalar la narrativa del despilfarro universitario antes de que la marcha del martes le devuelva a las universidades la centralidad del debate público.
