Aborto: Alberto envía proyecto al Congreso y empieza poroteo

Política

"La legalización del aborto no implica una carga extra para el sistema de salud", explicó Fernández al señalar que "las mujeres más vulnerables y en situación de pobreza son las mayores víctimas de nuestro sistema legal".

En medio de la movilización al Congreso por el Día de la Militancia, Alberto Fernández anunció ayer el envío al Congreso de los proyectos de la interrupción voluntaria del embarazo a partir de la semana 14 de gestación y del Plan de los 1.000 días al considerar que “la legalización del aborto salva vidas de mujeres y preserva su capacidad productiva, muchas a veces afectada por abortos inseguros”.

El proyecto establece que se deberá informar el consentimiento de la persona gestante por escrito y también reconoce el derecho a la objeción de conciencia para los profesionales de la salud que se nieguen a realizar las intervenciones siempre que les garanticen los medios necesarios para realizar el aborto y la deriven con otro médico dispuesto a realizar la interrupción del embarazo. El artículo 4 del proyecto dispone que “las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana CATORCE (14) inclusive, del proceso gestacional”. Y agrega que más allá del plazo de 14 semanas de gestación, la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones:

Si el embarazo fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente.

En los casos de niñas menores de TRECE (13) años de edad, la declaración jurada no será requerida.

Si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante. Caso contrario, deberán presentar consentimiento informado y estar acompañadas por sus progenitores y/o representantes legales.

El Presidente confirmó así el anuncio que había hecho Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica y una de las principales impulsoras de la iniciativa dentro del gabinete nacional. El jefe de Estado aseguró que “el Estado no debe desentenderse” y pidió un “diálogo franco” y de “respeto” en el Congreso de la Nación, en un mensaje que difundió por las redes sociales. “El debate no es decirle sí o no al aborto. Los abortos ocurren en forma clandestina y ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres que a ellos se someten”, afirmó.

El mandatario agregó que “las mujeres más vulnerables y en situación de pobreza son las mayores víctimas de nuestro sistema legal” y señaló que “ellas deben someterse a prácticas inseguras por no poder costear lo que un aborto implica”. “Muchas de ellas mueren en el intento o quedan afectadas en su salud por siempre”, argumentó. En ese sentido, dijo que el “dilema a superar es si los abortos se practican en la clandestinidad o en el sistema de salud argentino”. “La legalización del aborto no implica una carga extra para el sistema de salud. Los procedimientos validados y que se utilizan con estándares de la OMS son en su mayoría ambulatorios, no quirúrgicos y farmacológicos”, añadió. Sobre el programa de los 1.000 días, sostuvo que busca “bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud integral de las personas gestantes y de sus hijos hasta tres años de vida”.

En medio de los festejos por el Día de la Militancia, Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, expresó “que el proyecto por la ley de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo haya sido enviado al Congreso por el Presidente de la Nación en el Día de las Militancias es un reconocimiento a la militancia y a la lucha colectiva por el aborto legal. Ahora trabajamos para conseguir el número necesario porque entendemos que tiene que ser ley. Es un proyecto que sabemos que tiene dificultades, para muchos es un tema complejo. No hay que tratar este tema con anteojeras ni religiosas ni morales, y construir ese número como hicimos en 2018 hasta que sea ley”.Tras el anuncio del Gobierno sobre el envío al Congreso, el Senado vuelve a ser el centro de todas las miradas porque sigue teniendo una leve mayoría en contra y diferencias dentro del propio oficialismo.

En 2018 el proyecto de legalización del aborto logró ser aprobado por la Cámara de Diputados, pero el Senado impidió el avance de la ley, con 38 votos en contra, 31 a favor y dos abstenciones. Este año, tras el recambio legislativo de 2019, la diferencia entre “verdes” y “celestes” se achicó y la pelea se muestra más pareja, pero el “no” todavía mantiene ventaja numérica: habría 35 senadores en contra, 32 a favor y cuatro que no tomaron postura pública frente al tema. La cuenta se hizo sobre la base de los senadores que participaron de la sesión de 2018 y a los legisladores nuevos que tienen una posición públicamente conocida sobre el tema, mientras que no se contempla al tucumano José Alperovich (Frente de Todos), que está en contra pero se encuentra de licencia hasta enero.

La bancada oficialista tiene a 17 de sus 40 senadores activos en contra de la legalización, incluyendo al presidente del bloque, el formoseño José Mayans, que en los últimos días se convirtió en el primero en marcar las diferencias internas que, como en 2018, surgirán al calor del debate. Mayans planteó que “es absolutamente inoportuno” tratar el proyecto en este momento y subrayó que “el Estado tiene otras prioridades”, al tiempo que remarcó que “la Constitución es provida”. Con ese pronunciamiento del jefe del bloque, en el Frente de Todos ya empezaron a buscar la forma de reducir el número de votos negativos en su propia tropa aunque primero se enfocarán en que la iniciativa pase la Cámara de Diputados.

Entre los cuatro indefinidos, que podrían torcer la votación para un lado u otro, se encuentra la neuquina Lucila Crexell (Interbloque Federal), que se abstuvo en la votación de 2018; otro es el santafesino Roberto Mirabella, que ingresó el año pasado en reemplazo de Omar Perotti, y fue la segunda abstención de aquella sesión. Mirabella presentó en el verano pasado un proyecto de ley sobre despenalización del aborto con las causas actualmente contempladas en el protocolo de interrupción legal del embarazo (ILE) para los casos en los que la mujer fue víctima de violación o existe riesgo de vida.

Los otros dos indefinidos son los entrerrianos Edgardo Kueider (Frente de Todos) y Stella Maris Olalla (Juntos por el Cambio), quien solo se ha expresado en declaraciones a la prensa local sobre la importancia de la educación sexual desde su mirada de docente al ser consultada sobre el aborto. Para el oficialismo, la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, será una pieza fundamental para la construcción de una mayoría que le allane el camino a la legalización del aborto y, en caso de un empate, será la que defina con su voto. Mayans había advertido que el proyecto sobre interrupción voluntaria del embarazo “no es un tema para tratarlo ahora”, porque “hay provincias que directamente ya están colapsadas en su sistema” de salud ante la pandemia. “No es un tema para tratarlo ahora por el tema de la emergencia que estamos teniendo, hay provincias que tienen problemas realmente serios. Tengo la información de los senadores de que hay provincias que directamente ya están colapsadas en su sistema”, resaltó Mayans. Respecto a las tendencias de votación en el Senado sobre el proyecto de legalización del aborto, precisó que “está bastante parejo”, pero aclaró que “si un solo grupo no ingresa no hay quorum, sea el provida o pro-interrupción del embarazo”.

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