La implementación de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) en la gestión de Estados es uno de los ejes actuales de discusión global, en donde se cruzan debates de soberanía digital y privacidad de datos. El anuncio del programa “Gemelo Digital Social”, en la órbita del Ministerio de Capital Humano, pareció saltearse todas las etapas de consenso. Aunque no invalidan la iniciativa, la oposición en Diputados ya reaccionó como medidas de advertencia, en lo que representa otro antecedente en sus intentos por preservar de información ciudadana.
La oposición desconfía del programa "Gemelo Digital Social" y avanza con medidas en el Congreso
Ya existen pedidos de informes y una presentación de hábeas datas. “Me vienen copiando las iniciativas”, reclama otra diputada.
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La ministra Sandra Pettovello sería la encargada de implementar sistema de IA para políticas públicas.
El lanzamiento de “Gemelo Digital Social” se presentó de manera inoportuna, antes de la visita de la ministra Sandra Pettovello al Vaticano, en medio de las gestiones para que visite la Argentina el papa León XIV, quien la pasada semana emitió una extensa encíclica estableciendo la necesidad de una posición civilizatoria ante el avance de la IA. Su ministerio parece haber reconocido la necesidad de aclarar los alcances del programa, dado que emitió un comunicado en donde plantean que "se realizará íntegramente bajo su conducción estratégica, con recursos humanos y equipos técnicos especializados propios, sin recurrir a contrataciones integrales de empresas".
La adopción de sistemas nacionales y soberanos que utilicen IA para "describir la realidad social actual, explicar las causas de las problemáticas detectadas, predecir escenarios futuros ante posibles cambios y, finalmente, prescribir las acciones necesarias para optimizar los resultados de la gestión", según precisa el comunicado, es un objetivo deseable consensuado por los especialistas del sector. Sin embargo, el cronograma de reuniones previas de Javier Milei con CEOs de compañías extranjeras que comercializan esquemas de gestión de IA, que para su funcionamiento alojan los datos de la ciudadanía en sus países de origen, despertó el escepticismo y la reacción opositora.
Así fue que avanzó un pedido de cinco diputados del bloque Provincias Unidas (Juliano, Scaglia, Paulón, Basualdo y Torres) avanzaron un pedido de información ante el Ministerio de Capital Humano para que determine cómo será el acceso a los datos de los ciudadanos, qué partida presupuestaria tiene asignada, si el sistema prevé mecanismos de perfilamiento automatizado de la ciudadanía y qué medidas se adoptarán para prevenir discriminación algorítmica. El diputado Agustín Rossi (Unión por la Patria) recurrió a la órbita judicial: solicitó un hábeas data colectivo, litigio que quedó radicado en el Juzgado Federal Nº 2 de Rosario, para que el mismo organismo ofrezca información sobre qué organismos públicos y empresas participan del desarrollo del sistema.
En el Congreso existe un antecedente de marzo de este año, cuando la diputada Marcela Pagano (del unibloque Coherencia) presentó una propuesta para crear un "Régimen Nacional de Gemelos Digitales para Infraestructura Pública", con el objetivo de "establecer el régimen jurídico para la creación, implementación, mantenimiento y gobernanza" de estos sistemas de automatización. "Ellos vienen copiando todas mis iniciativas", le dijo la diputada a Ámbito, y aseguró que "ya copiaron mi desregulación del mercado inmobiliario". Sobre la propuesta, apuntó haberlo "charlado con otros diputados pero parecía que no era el momento, dadas las emergencias que deberíamos priorizar en el Congreso. Yo voy a sostener mi iniciativa".
Antecedentes en el Congreso
En lo que va del año, se presentaron 23 proyectos de ley vinculados a la reforma de la legislación de Protección de los Datos Personales, que fue sancionada en el 2000 y por lo tanto no contiene herramientas para alcanzar a las nuevas plataformas digitales ni a los sistemas de IA. De forma previa, miembros del Congreso volvieron a expresar la urgencia del debate luego de que se publique el DNU 941/2025, que reformó la Ley de Inteligencia y permitió a la SIDE concentrar información del RENAPER, Migraciones y Aduana.
Por otro lado, un informe de Amnistía Internacional evaluó el alcance de programas similares en países de Europa. En el caso de Países Bajos, "las autoridades fiscales adoptaron un sistema de toma de decisiones algorítmica para anticiparse a solicitudes potencialmente fraudulentas. Su aplicación, en cambio, derivó en xenofobia contra niños y niñas que dependían de ayuda social".
Lo ocurrido en Serbia fue similar, dado que a la hora de implementar un sistema de automatización para el registro de la "tarjeta social" de ese país. "En lugar de hacer que los pagos de prestaciones fueran más justos, discriminó y afectó desproporcionadamente a personas con discapacidad y a comunidades que viven en la extrema pobreza".
En la Argentina, se conoció un ejemplo reciente de filtración de datos que no derivó en mecanismos sancionatorios. La semana pasada, el PAMI compartió información de sus afiliados (entre los que se incluía historia clínica, diagnósticos, prácticas realizadas e intervenciones de insumos médicos) de forma abierta y sin restricciones. Aunque resultó una anomalía y el organismo inició sumarios internos, aún no avanzó un proceso judicial en el marco de la vulneración de la actual ley de protección de datos.