El presidente Néstor Kirchner junto a la vicepresidenta española María Teresa Fernández de la Vega.
El gobierno argentino establecerá "mecanismos de compensación" para las empresas pesqueras españolas que sufrieron destrozos durante protestas gremiales en Puerto Deseado.
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Así lo confirmó este mediodía la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, luego de mantener un encuentro con el presidente Néstor Kirchner.
La funcionaria dijo que el Gobierno nacional "se ha comprometido a establecer mecanismos para compensar los daños en el corto plazo y en el futuro".
Durante una conferencia de ofreció en la Embajada española en esta capital, Fernández de la Vega calificó de "injustificables y vandálicos" los destrozos que se registraron en Puerto Deseado durante una protesta de marineros el 20 de julio último.
Fernández de la Vega explicó que Kirchner le aseguró que existe un "compromiso de llegar hasta el final con la investigación y el castigo" a los responsables de los hechos.
Y que el Gobierno impulsará, a través de los fiscales intervinientes que la causa que se lleva adelante por ese tema siga adelante.
Al respecto, admitió que "en la primera fase", cuando se registraron los hechos, no intervino el Gobierno nacional a través de las fuerzas de seguridad pero que "la misma noche" en que se produjeron los incidentes, la Nación realizó acciones sobre el conflicto.
"El Gobierno condenó el hecho y estableció medidas de seguridad", destacó.
Además, precisó que ahora el Gobierno nacional implementará "mecanismos de compensación" económicos para las pesqueras de origen español afectadas.
Fernández de la Vega confirmó que insistió ante Kirchner en "la necesidad" de que se restituyan medidas de seguridad para "garantizar la seguriad de los bienes y las personas" en Puerto Deseado.
Calificó además de "extraordinaria" y "magnífica" la relación de su país con la administración del presidente Néstor Kirchner.
"Yo calificaría la relación de extraordinariamente positiva", enfatizó Fernández de la Vega, luego de mantener un encuentro con el presidente Kirchner en la Casa Rosada.
Durante una conferencia de prensa que ofreció en la Embajada de su país en Buenos Aires, la funcionaria española dijo que la "sintonía" del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el de Argentina es "magnífica".
En ese contexto, confirmó que el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, visitará la Argentina en noviembre próximo.
La vicepresidenta precisó que el mandatario español visitará el país luego de la cumbre Iberoamericana que se realizará en Chile entre el 8 y el 9 de noviembre.
"La Argentina es un país muy importante. Aquí se produce la mayor inversión española, que acumula 43 mil millones de euros y aquí vive el mayor número de ciudadanos españoles" fuera de su país, enfatizó.
En el terreno económico, Fernández de la Vega ponderó la "recuperación espectacular" de la economía argentina y el "crecimiento sostenido que ya lleva 56 meses y con perspectivas de seguir".
Antecedentes del conflicto
El conflicto pesquero estalló a principios de julio cuando los trabajadores nucleados bajo el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) comenzaron con las medidas de fuerza en reclamo de una mejora salarial de 800 pesos, que rija un solo convenio colectivo de trabajo y la regularización laboral.
Luego de varias jornadas de paro y piquetes en rutas provinciales, y de no llegar a ningún acuerdo con los representantes de la Cámara Argentina Langostinera Patagónica (CALAPA) y de la Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA), decidieron profundizar las medidas y tomar edificios de las empresas.
Los manifestantes atacaron nueve plantas en total, la mayoría de capital español. Causaron destrozos e incendios en varios edificios. Las pesqueras atacadas fueron las españolas Arbumasa, Argenova (del grupo Pescanova), Empesur, Pescargen, Santa Cruz y Vieira; las argentinas Santa Elena y CARSA, y Pezpasa, de capital japonés y suizo. Las seis pesqueras españolas afirmaron que el conflicto le costó entre 80 y 100 millones de euros en pérdidas.
Las empresas pesqueras radicadas en la ciudad santacruceña de Puerto Deseado reclamaron que la Justicia castigue a los responsables de los destrozos. Pero el Gobierno no había dado una respuesta hasta hoy.
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