La Cámara alta no pudo tratar ayer, tal como estaba previsto, la apertura del período de pruebas de 30 días hábiles en el juicio político que se le sigue al ministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Boggiano. Pese a que estaba previsto, un recurso presentado la semana pasada por los patrocinantes de Boggiano, los abogados María Angélica Gelli y Marcelo Sancinetti, hizo que la sesión del juicio político pasara para el 10 de agosto, tal como se informó antes de que comenzara la sesión ordinaria de ayer.
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Los defensores del magistradointrodujeron un recurso extraordinario para evitar que algunos de los testigos presentados por el magistrado en el juicio político que se le sigue sean descartados.
Entre los testigos cuya comparecencia la defensa solicita, figuran los otros ocho miembros de la Corte Suprema; el canciller Rafael Bielsa, en su carácter de ex titular de la Sindicatura General de la Nación; y el ex procurador general de la Nación Nicolás Becerra.
También figuran el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Carlos Manuel Garrido; el ex gerente de Asuntos Legales de ENTel José Rodolfo Eleazar González; el secretario de la Corte Suprema, Rubén Gorría; y el subsecretario legal de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, Osvaldo Siseles.
La intención de los abogados de Boggiano chocaba contra la de los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que pretendían que aquellos testigos que ya habían declarado en el juicio político que destituyó a Eduardo Moliné O'Connor no lo hicieran nuevamente.
Sin embargo, el recurso de la defensa logró que la Comisión que preside Cristina Fernández de Kirchner en su próxima reunión, prevista para el martes 9 de agosto, rehaga la lista de testigos. Si el Senado logra votar la apertura del período de pruebas para la segunda semana del próximo mes, se supone que el juicio podría reanudarse a mediados de setiembre.
Boggiano se encuentra investigado por su fallo en tres causas: Meller, Macri y Dragonetti de Román. En la primera, el juez es cuestionado por haber dado su firma a un fallo que reconoció un resarcimiento del Estado a una empresa que confeccionó guías telefónicas, por 400 millones de pesos.
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