En la resolución que lleva el número 2021, el gobierno garantizó el ejercicio de los derechos constitucionales de reunión y peticionar ante las autoridades, pero les recomendó a los jefes de las fuerzas de seguridad que instruyan a su personal para denunciar los episodios donde resultan víctimas de agresiones. La resolución está dirigida a la Policía Federal, la Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
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