Advierten que se agravaran conflictos en el interior
El gobierno cometió y sigue cometiendo errores. Uno fue aplicarle el recorte salarial de 13% al ya de por sí bajísimo sueldo de los policías. Entre las faltas de previsiones estuvo no suponer -pese a que se le advirtió- que una crisis como la que hoy vive la Argentina derivaría en hechos dramáticos, como saqueos de supermercados, donde es fundamental tener una fuerza policial no resentida. Porque, además de tener que reprimir a pobres con sus mismos problemas, los policías afrontan 51 muertos este año, cuando la guerra de Afganistán sólo le ha costado a Estados Unidos hasta ahora 4 muertos. Y tres de ellos provocados por sus propios bombardeos en un error. Es menos peligroso hoy pelear contra el terrorismo de Osama bin Laden en Afganistán que ejercer la vigilancia policial en calles de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires. Los saqueos de supermercados son un estigma, con especial significado político, que persigue siempre a los gobiernos radicales. Por caso, los soportó Raúl Alfonsín en 1989, en plena hiperinflación, y eso provocó su decisión de entregar el poder 6 meses antes de finalizar su mandato. Ahora acosan a otro presidente radical, Fernando de la Rúa. Es curioso que los saqueos a supermercados comienzan siempre por provincias radicales o gobernadas por sus socios políticos, como el frepasista intendente de Rosario, Hermes Binner. Pero además en Mendoza y Entre Ríos, donde gobiernan los radicales Roberto Iglesias y Sergio Montiel. El significado político reside en que las provincias gobernadas por justicialistas, aunque sufren también la crisis, son más proclives a ser dique de contención de la población. Coincide esto por la visión politizada de que los gobiernos radicales o aliancistas suenan más "préstamo del poder de gobernar" que, propiamente, alternativa de ejercerlo. Ahora se sumó el Gran Buenos Aires, donde el peronismo se suele caracterizar por votar a quien el partido le pone como candidato debajo del escudo partidario en la boleta, pero sin clara adhesión a quien desempeña el cargo, como sucede en otras provincias. Como votan más al partido que al candidato, también políticamente es comprensible que lo tomen más como distante y no sirva de dique de contención. Aunque la toma de supermercados como hecho de violencia es contagioso pero tiende a pasajero -como el caso de "piqueteros" y cortes de rutas, que ya pasó de su máximo pico de virulencia-, hay que convenir en que si el gobierno sigue sin modificaciones y sólo esperando la sanción de un presupuesto para recibir una ayuda mínima del Fondo Monetario, la ola de saqueos se va a extender también a provincias donde sus gobernadores inspiran todavía confianza a quienes los votaron. El gobierno admite que "existe tensión social" y se comprometió ayer a mantener los planes Trabajar. Sin embargo, los saqueos se repitieron ayer en varias localidades de la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos y en Salta.
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Son 18 los distritos provinciales que utilizan bonos como variantes para cancelar sueldos y pago a proveedores que en algunos casos alcanza a ciento por ciento y en otros, a 40 por ciento.
Que la emisión de bonos provinciales asciende a los 1.500 millones de pesos, mientras que los LECOP remitidos por Nación superan los 1.050 millones, lo que equivale a más de 20 por ciento del circulante total en pesos en todos el país.
Lo que sigue es parte de la radiografía sobre el estado social y económico de algunas de las principales provincias que figuran en el documento.
BUENOS AIRES
En noviembre esa provincia pagó la mayor proporción de los salarios estatales en patacones. El aguinaldo será pagado en enero de 2002.
La Legislatura sancionó una ley que eliminó el piso de 740 pesos para el pago de los salarios con bonos y autorizó al gobierno una segunda serie de hasta 300 millones más. El total de circulantes en patacones alcanza los 600 millones.
Los conflictos considerados de mayor magnitud se localizan en La Matanza, Florencio Varela, Solano, Berisso, La Plata, Mar del Plata, Tigre y San Fernando.
Se puntualiza que éstos son protagonizados por desocupados de la CCC-FTV, CTA y otros sectores sociales que reclaman continuidad de los planes Trabajar, subsidio de desempleo y asignaciones familiares. Reciben el apoyo del Partido Obrero, de la Corriente Nacional Patria Libre y del Movimiento Popular Quebracho entre otros sectores radicalizados.
Otro de los factores de potencial conflicto es la reforma municipal que contempla poner en práctica la mayoría de los jefes comunales de los partidos bonaerense y que prevé el despido de empleados, y la municipalización de la educación.
«De continuar los conflictos, tendrían alta repercusión tanto en el contexto provincial como nacional con efectos no deseados, por tratarse de la provincia con mayor peso político y económico del país», sostiene el informe confidencial.
CORDOBA
Desde la segunda quincena de noviembre circulan los bonos locales Lecor. Fueron utilizados para abonar los haberes de octubre a los pensionados y jubilados de la administración pública. Sueldos superiores a $ 500 percibieron 40% en Lecor y 60% restante en efectivo.
Hay estado de convulsión a partir de la intención del Poder Ejecutivo de anticipar las jubilaciones de 10.500 empleados estatales a partir de diciembre. La medida alcanzaría a hombres mayores de 62 años y a mujeres de 58. La provincia abonaría 65% de sus sueldos en actividad hasta que se cumplimenten los trámites en la caja de jubilaciones. Se estima que unas 3.000 personas están en condiciones de plegarse a este plan, mientras otras 3.500, con una edad mínima de 50 años, podrían acceder a un sistema de jubilaciones extraordinarias.
Los conflictos están localizados en el sector metalúrgico, producto del éxodo a Brasil de las empresas que decidieron despedir a gran parte de los trabajadores, pagándole sólo 50% de sus sueldos.
«La reducción de 23.600 empleados de la administración pública de los 84 mil que hay actualmente y que eroga a las arcas del Estado una cifra de 1.200 millones de pesos anualmente, o el recorte de 20 por ciento en los haberes del sector público provocarían un profundo malestar en todos los sectores gremiales», concluye el informe.
CHACO
El gobierno emitió los bonos provinciales Quebracho por un monto de 50 millones. Son utilizados para pagar deudas con los proveedores y sueldos de los municipios. Actualmente, se abona 40 por ciento de los sueldos.
Los conflictos sociales son encabezados por desocupados, empleados públicos, municipales y productores agropecuarios. Las demandas son capitalizadas por grupos radicalizados como Quebracho, Patria Libre y Cabildo Abierto, que realizan cortes de rutas sorpresivos y medidas de fuerzas bajo la amenaza de incentivar un estallido social en esa provincia.
ENTRE RIOS
La provincia emitió los bonos Federal por 180 millones de pesos. Empezaron a circular en noviembre sólo en billetes de 5 pesos. Los sueldos menores de 350 pesos se pagan en efectivo y los superiores a ese monto, en un porcentaje escalonado en bonos hasta llegar a 50%.
Las medidas de fuerza están protagonizadas por empleados públicos que reclaman el pago de tres meses de sueldos y rechazan el pago con bonos; por los desocupados que piden la continuidad de los planes de trabajo; y por los productores citrícolas y transportistas de Concordia, Chajarí y Federación que impulsan la eliminación de impuestos y una norma que regule el transporte internacional de cargas en el país.
JUJUY
La situación en la provincia es delicada. El gobierno aún no pagó los sueldos de octubre a los empleados públicos y adeuda el medio aguinaldo de julio.
Las protestas sociales están encabezadas por gremios municipales, estatales y desocupados enrolados en la Corriente Clasista Combativa.
«La disminución de los planes Trabajar, que afecta a los desocupados de localidades del interior, y el reclamo de empleados de algunos municipios del pago de sus salarios continuarán profundizando las medidas de fuerza que podrían derivar en hechos de alteración del orden público con posibilidades de sobrepasar la capacidad de la Policía», dice el documento.
MISIONES
Circulan títulos por 130 millones desde 1996 para pagar deudas a proveedores y otras obligaciones del Estado. Desde el 15 de noviembre circulan los LECOP, que fueron utilizados por el gobierno para cancelar los sueldos de octubre. Los comercios aceptan estos bonos 1 a 1 de su valor nominal.
El conflicto social está centrado en los productores agrícolas (yerbateros, tabacaleros, tealeros, madereros), que atraviesan una crítica situación desde 1989 debido a las malas cosechas, bajas exportaciones y las condiciones climáticas adversas. También ocupan un rol importante las protestas de desocupados, docentes y empleados públicos. Sectores que son influenciados por la actividad permanente de las agrupaciones políticas de izquierda (PC, Quebracho y CNPL entre otros).
NEUQUEN
En esa provincia ya circulan bonos LECOP por un monto de 47 millones de pesos.
Los conflictos son motorizados por desocupados, empleados estatales, aborígenes y organizaciones políticas de izquierda que rechazan recortes de salarios, la política económica, los acuerdos de la provincia con Repsol-YPF y el pago de haberes con LECOP.
«A la difícil situación social que atraviesa la provincia se le agregaría una drástica reducción del presupuesto de 160 millones de pesos en 2002, lo cual implicaría despidos de empleados, reducción de salarios y retiros anticipados.»
SALTA
Los salarios de octubre se abonaron 60% en LECOP y el resto, en partes iguales entre tickets canasta y pesos. El gobierno firmó un decreto para garantizar la recepción de los LECOP a 100% con una paridad 1 a 1. El decreto también contempla sanciones de entre $ 100 mil y $ 200 mil a quienes no acepten esa paridad. Los bonos circulan en billetes de 5 y de 2 pesos.
Los conflictos están localizados en el departamento General San Martín (Mosconi, Aguaray, Salvador Mazza y Tartagal) debido a la gran cantidad de desocupados, producto de la privatización de YPF.
«La mayoría de los reclamos es influenciada por agrupaciones políticas de izquierda que pretenden obtener rédito político del conflicto. Los reclamos sociales se tornan más severos, llegando a incluir en los petitorios la libertad de dirigentes detenidos o la suspensión de las medidas judiciales por ilícitos cometidos precisamente en cortes de rutas anteriores.»
SANTA FE
En el proyecto del presupuesto 2002 elaborado por el gobierno se contempla que 40 por ciento de los fondos coparticipables que reciban de la Nación será en bonos LECOP.
Los conflictos considerados de mayor magnitud se concentran en Rosario y su cordón industrial (Capitán Bermúdez, San Lorenzo, Puerto San Martín y Granadero Baigorria). En esa zona reside más de 50% del total de los habitantes de la provincia con un alto índice de desempleo.
Existen protestas originadas por los docentes y estudiantes universitarios con fuerte influencia en los distintos niveles de la educación tanto pública como privada, que de manera constante realizan medidas en rechazo a las medidas económicas aplicadas por el gobierno nacional.
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