Juicio Oil giró al análisis de otros 1.648 planes otorgados por AFIP

Política

Fiscalía se interesó en las conclusiones del informe de auditoría que analizó el universo de planes que se otorgaron a otros 1.200 contribuyentes. Testigo ratificó que cuando le encargaron el primer trabajo contra la petrolera, tenía ambos planes vigentes y del primero había pagado 25 cuotas del total de 30.

En lo que ya se ha convertido en la declaración más extensa del juicio –fraccionada en tres audiencias- el funcionario de la AFIP Pedro Ocamica, encargado de confeccionar los informes que dieron origen a la causa penal contra Oil Combustibles buscó esclarecer algunas cuestiones pendientes, pero terminó dejando otras en las sombras. En un turno ocupado completamente por el interrogatorio de la fiscalía, el auditor terminó admitiendo que solamente podría considerarse un informe “verdadero” a la auditoría final y que el “preliminar” era para iniciar una “discusión” sobre las observaciones. Lo que dejó picando es por qué se utilizó la denominada OIP 14 como sustento para disponer los procesamientos de los involucrados y apuntaló prácticamente toda la investigación penal si estaba incompleto.

Gran parte del cuestionario de la fiscalía terminó excediendo el marco del juicio porque se enfocó en la auditoría N°15 que analizó todo el universo de contribuyentes que obtuvieron un plan de facilidades de pago de AFIP por el denominado “Artículo 32”. Oil Combustibles y el Grupo Indalo obtuvieron 2 –que son los que se están debatiendo- pero el total alcanzó los 1648 planes, cuyas condiciones, o bien fueron idénticas a las de la petrolera, o hasta tenían algunas deficiencias operativas. Pero esos casos “nada tenían que ver” con Oil, se aclaró. Ese relevamiento que hizo la auditoría de AFIP comenzó en 2016 demoró casi tres años y se incorporó a la causa cuando ya estaba elevada a juicio oral.

Con ánimo de hacer aclaraciones, Ocamica subrayó que Oil Combustibles –al momento de que fuera ordenado el avance contra la empresa “tenía un primer plan particular de 30 cuotas, con 25 que estaban pagas. Había algunas impagas pero no implicaban su caducidad. Estaba vigente. Y el segundo plan era de 60 cuotas, con una o dos impagas y también estaba vigente”, declaró. La caducidad o no de los planes fue de interés para la fiscalía pero el funcionario detalló que –más allá de estar impagos- debían darse “condiciones de caducidad” para que los planes cayesen que eran más de dos cuotas impagas y transcurridos 60 días del último vencimiento, plazo hasta el cual cualquier contribuyente podría “rehabilitarlo”. Ahora Ocamica se preocupó por responder que ellos no habían sacado conclusiones en sus informes, sino que dieron una descripción del escenario con el que se encontraron cuando analizaron una muestra de 80 planes sobre los 1648 otorgados durante la gestión de Ricardo Echegaray. En la anterior audiencia había revelado que fue Alberto Abad en persona el que se involucró para incluir determinadas empresas en la muestra que se utilizó para la auditoría 15, que para las defensas es contundente en cuanto a que iguala las condiciones de otorgamiento de ese tipo de planes de facilidades. “Nos atrasó todo”, trató de explicar Ocamica la demora en entregar el informe final, aduciendo que otras áreas de AFIP no enviaban a tiempo respuestas a sus consultas. Ya era gestión Abad.

“¿Consultaron todas las resoluciones de todos esos planes?”, preguntó el fiscal Juan García Elorrio que realizó un exhaustivo interrogatorio respecto a cada uno de los puntos que Ocamica había dejado por escrito y le pidió que reconozca su firma en cada documento. “Creo que sí”, afirmó el testigo sobre los 80 casos relevados. En el aire quedó flotando que gran parte de esa documentación fue preparada por áreas imprecisas o “trabajos de campo” sin mucho mayor desarrollo. Cuando la fiscalía pidió saber por “la fuente de información” sobre algunas de las conclusiones vertidas en los análisis, el testigo lanzó un natural y extendido “No me acuerdoooooo”.

Si la audiencia anterior pareció haber sido una autopsia respecto a los pasos que dio el organismo recaudador para avanzar contra Oil, develando hasta el intento de preparación de testigos, ayer la audiencia excedió el caso en debate y se explayó respecto a qué se había detectado a nivel general con los planes otorgados bajo estas condiciones. En cada descripción había condiciones que, siempre con ausencia de una normativa que las regule, ofrecían mayores flancos. Hubo una pregunta de la fiscalía especialmente interesada en marcar el “interés” de Abad en el caso, a partir de su involucramiento.

El testigo se embrolló con las fechas otra vez al intentar aclarar cómo es que la OIP N°14 había sido “cargada” por sistema un día después de que se hubiese generado la N°15. Mencionó una ventana de tiempo anterior para lo que se denominas tareas de campo, unas semanas antes de comenzar formalmente con los trabajos. Quedó como un punto oscuro. La fiscalía prestó especial interés a lo que habían encontrado en el resto de los planes que no eran los de Oil, lo que el testigo calificó de “popurrí” por la variedad de situaciones con las que se encontraron. Ninguna hasta ahora quedó tachada de ilegal, algo que se investiga en otra causa que no ha ofrecido mayores avances dado que no se han constatado irregularidades. Más allá de cierta laxitud en los controles, todas las resoluciones respecto de los planes tuvieron su respectiva “trazabilidad” y asiento en los sistemas informáticos de AFIP, indicó Ocamica.

En un tramo extraño, reveló que prestó declaración testimonial en el marco de una causa conexa que no recordaba, pero al pasar, contó que no le habían dado copia de lo que terminó declarando. Una rareza que pasó desapercibida. Asimismo, dio un nuevo detalle de las reuniones preparatorias con los abogados de la querella, en este caso con Ricardo Gil Lavedra, arquitecto de la acusación durante la instrucción. “Se nos requerían explicaciones del informe preliminar 14, donde el tema más técnicamente complejo era el de las desconfirmaciones”. Abad pidió por mail que lo pusieran al tanto de qué respondía la agencia de AFIP que las había accionado. También relató que hubo otra reunión con Gil Lavedra donde participó el titular de auditoría Néstor Sosa para que le “aclaráramos como quedaba el tema entre el informe preliminar y el de auditoría interna”. Eso dio una pista respecto de la diferencia entre ambos. Mientras el primero apuntaba directamente a Oil Combustibles, el segundo ponía en pie de igualdad el resto de los planes otorgados en sus lineamientos generales y deslindaba la chance de un delito si se habían seguido los mismos pasos para los más de 1.600 casos.

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