"Vialidad": tironeo en el juicio por la declaración de peritos cuestionados

De un total de 183 testigos previstos, hasta el momento sólo declararon unos 60. Discusión electoral se coló en la audiencia. Bona, perito "anti-K" es reclamado por defensas. Sopor AFIP.

Cristina de Kirchner

Senado de la Nación

“Parece que no quieren que los peritos declaren antes de las elecciones”. La interpretación corresponde a uno de los abogados defensores del único juicio en curso contra Cristina de Kirchner. Es que el proceso por el juicio “Vialidad” está lejos de ganar celeridad y el calendario indica que siempre estuvo atado a los tiempos de la política. Se trata del debate que aportó la foto de la actual Vicepresidenta en el banquillo de los acusados, justo antes del inicio de la campaña electoral para las presidenciales de 2019.

Mientras que hace un mes el juicio está empantanado en torno a investigaciones administrativas por facturas apócrifas, el Tribunal mantiene–en general- la dinámica de convocar a un testigo por semana. Incluso, las declaraciones suelen extenderse por varias horas y una sola testimonial puede llegar a ocupar dos audiencias completas. En las últimas cinco audiencias testificaron tres funcionarios de la AFIP y aún restan cuatro declaraciones más con la misma tesitura. El objetivo de la acusación es reeditar la hipótesis sobre un supuesto encubrimiento de la AFIP kirchnerista a Lázaro Báez, lo que ya fue descartado en otra causa penal, cuyos imputados ya están sobreseídos y donde los denunciantes (hoy testigos en este juicio) fueron acusados en sede penal por violación del secreto fiscal.

De un total de 183 testigos previstos, hasta el momento sólo declararon unos 60. La fiscalía desistió de más de cincuenta de ellos y aún están pendientes en la lista varios nombres de peso de la política. Serán de la partida, entre otros, Jaime Mecikovsky y Javier Iguacel, por parte de la acusación. Mientras que las defensas esperan con ansias la presencia de los ex jefes de Gabinete del período investigado. Entre ellos, nada menos que el actual Presidente, Alberto Fernández. También Aníbal Fernández, Sergio Massa y Jorge Capitanich. Es porque la defensa de Cristina busca demostrar que no pudo haber habido direccionamiento de partidas en favor de una empresa en particular, ya que los presupuestos pasan por numerosos controles y firmas, entre ellos, jefatura de gabinete, organismos extra poder y todo el Congreso.

Pero la mayor expectativa está puesta en la declaración bajo juramento de los dos peritos que elaboraron el estudio ordenado por el Tribunal sobre las 51 obras cuestionadas. En el documento de más de 500 páginas, concluyeron que hubo sobreprecios en favor de Austral Construcciones. Pero las defensas aseguran que el peritaje estuvo mal confeccionado. Pablo Eloy Bona y Roberto Panizza usaron valores de referencias publicados en una revista (“El Constructor”) y no los oficiales. Además, compararon los valores de las obras en la Patagonia con los de otras provincias, donde se usa un cemento más económico, la mano de obra es más barata y no hay veda invernal o suspensión de trabajos por nevadas, como sí ocurre en Santa Cruz.

Además, Cristina de Kirchner había recusado por parcialidad manifiesta y prejuzgamiento a Bona, quien había retuiteado mensajes con agravios a la figura de la exmandataria, como por ejemplo: “Procesaron a Cristina y la embargaron por la módica suma de 10 mil millones de pesos. Ya puse a hacer pochoclos para el ataque”; “En unas horas sabremos si la Jefa de la asociación ilícita más chorra de nuestra historia logra fueros parlamentarios para no ir presa. Asco”; “Ya en los considerandos de un procesamiento la tratan de jefa de la banda. Hasta que alguien no ponga `la Kchorra` no hay que aflojar”. Sin embargo, el TOF2, no aceptó la recusación.

Este peritaje, precisamente, fue el que la exmandataria reclamaba que se hiciera antes del inicio del juicio. Fue entonces que la Corte Suprema hizo lugar a uno de los planteos de la ex Presidenta y le pidió el expediente al Tribunal. La presión del entonces gobierno de Mauricio Macri y de algunos medios de comunicación provocó que la causa regresara a Comodoro Py en menos de una semana, aún sin el estudio realizado, y que el edificio de Retiro otorgara la foto del inicio del proceso con la actual vice sentada en el banquillo de los acusados justo antes del inicio de la campaña electoral para las presidenciales de 2019.

Es por eso que ahora, a más de dos años de aquel momento, algunos de los allegados al proceso consideran que Comodoro Py busca dilatar el juicio y evitar que otros testimonios hagan tambalear aún más las bases de la acusación antes de las legislativas.

Como viene consignando Ámbito, hasta el momento no hubo un solo testigo que aporte elementos contundentes a la hipótesis delictiva y hasta los propuestos por la Fiscalía o las querellas terminaron capitalizados por las defensas. Todos señalaron que la mayoría de las obras sí estaban terminadas, que no constataron sobreprecios, que no hubo presiones para beneficiar o perjudicar a una empresa en particular y que los valores de obras en suelo patagónico son siempre más altos que en otros puntos del país.