El traslado sorpresivo de un marino detenido con prisión preventiva a un establecimiento naval con mayor seguridad e incomunicado volvió a sembrar sospechas sobre la actitud del gobierno en torno al secuestro del militante kirchnerista Luis Gerez. El cambio en la situación de detención lo ordenó Nilda Garré bajo la hipótesis de una presunta conexión del marino con hombres cercanos al pattismo que amedrentarían a testigos de juicios por derechos humanos. La modificación de la prisión y de las condiciones de encierro se hicieron sin la resolución escrita de la Justicia federal.
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El capitán de fragata retirado Adolfo Miguel Donda Tigel estaba con prisión preventiva en un penal naval de Río Santiago a disposición del juez federal Sergio Torres, quien lo investiga por su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos en la ESMA. Fue removido y trasladado por directivas de la ministra Garré, sin que hubiese una orden del juez de la causa, a una unidad de elite de la Marina que se encarga de la custodia del jefe de Estado Mayor: el Batallón de Seguridad de la Armada.
La detención más rigurosa se vincularía a información de papers de redacción anónima -también los hubo con anterioridad por el caso López y su presunto entierro en cuarteles del Ejército-que sembraron indicios de operaciones de desestabilización política atribuidas a ex policías bonaerenses colaboradores del detenido. Y que éste manejaría a su antojo desde el encierro en Río Santiago. Garré, como Emilio Pérsico, Felipe Solá y otros tantos voceros, cumplió la estrategia del gobierno de detectar huellas (o imaginarlas) para responsabilizar del presunto secuestro de Gerez al ex intendente de Escobar y líder del PAUFE, Luis Patti.
Instrucciones
El viernes 29 de diciembre -antes de que Néstor Kirchner dirigiera el mensaje al país en cadena nacional por la desaparición del albañil Gerez-la ministra Garré se comunicó con el jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, para darle instrucciones precisas sobre el marino Donda. Debía trasladarlo a primera hora del día siguiente -30 de diciembre- a las instalaciones del Batallón de Seguridad ubicado en el edificio Libertad, asiento de la jefatura de la fuerza. Se trata de una unidad de combate de elite, integrada por infantes de Marina, muy entrenados en aspectos de seguridad, pues deben velar por la integridad física de la más alta autoridad de la Armada y la del edificio Libertad, asiento de la cúpula naval-. Garré no denunció ningún hecho nuevo en el expediente de la ESMA como para justificar la modificación del régimen carcelario del represor. Ni acudió a la Justicia con datos sobre las presuntas sospechas que incriminarían a Donda en las operaciones de paramilitarescontra testigos. Al menos, no hay constancia en ningún expediente.
Es cierto que el libro de registro de las visitas que recibía el marino en el penal naval de Río Santiago estaba poblado de nombres próximos a fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Hasta aparecía un homónimo de Luis Patti, quizás el filón observado por Defensa que no es más que pirita y sin embargo motivó la emergencia general.
El subjefe de la Armada, vicealmirante Benito Rótolo, dio órdenes estrictas a los infantes de Marina del batallón acerca de que los únicos autorizados a visitar al represor en el nuevo alojamiento eran sus familiares directos y el letrado defensor. El esmero de los custodios permitió conocer que momentos posteriores a la detención estuvo el secretario de Asuntos Militares, José María Vásquez Ocampo, en visita de inspección guiada por el mínimo ambiente de alojamiento del preso, pidió no verse con el imputado. También estuvieron: Germán Montenegro, subsecretario de Asuntos Técnicos Militares, acompañado de Ileana Arduino, coordinadora de derechos humanos del ministerio. Ambos verificaron in situ las condiciones de detención a raíz de un reclamo del defensor Lucio Somoza. El letrado de Donda se había presentado al tribunal federal Nº 12 del juez Torres el 3 de enero y en un escrito cuestionó las nuevas condiciones de encierro.
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