Juntos por el Cambio decidió denunciar penalmente a Alberto Fernández luego de que anunciara que no acatará el fallo de la Corte Suprema que dispone que el 2,95 por ciento del fondo de coparticipación corresponde a la Ciudad de Buenos Aires. Desde la oposición consideraron que el Presidente está cometiendo los delitos de "alzamiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia".
Coparticipación: JxC demandará penalmente a Alberto Fernández
Juntos por el Cambio decidió demandar al Presidente luego de que anunciara que no respetará el fallo de la Corte Suprema que indica que a la Ciudad de Buenos Aires le corresponde un 2,95% del fondo de coparticipación.
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La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, y otros dirigentes del partido hicieron una presentación ante la Justicia Federal y legisladores nacionales de la Unión Cívica Radical iban a hacer lo propio. La denuncia, además del Presidente, incluyó al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y a los ministros Eduardo "Wado" De Pedro (Interior) y Sergio Massa (Economía).
"Hay distintos actores: el Presidente, que se niega a cumplir una resolución de la Corte, pero también los ministros, que fueron notificados; los gobernadores que suscriben en la comunicación y que no sólo incumplen sino que desconocen el valor de la resolución de la Corte", señaló la diputada nacional de la UCR Mariana Stilman.
En la denuncia también advirtieron que los funcionarios del Gobierno "quieren chocar las instituciones, pero van a perder, no lo van a lograr", aseguraron en la denuncia y agregaron: "Resulta absurdo y contradictorio que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional manifiesten que van a desconocer un fallo dictado por el Tribunal a cuya jurisdicción se sometieron, aceptando así su competencia e integración", señaló el texto.
"Entonces, resulta inexplicable que el Estado Nacional desconozca, desobedezca, impida, rehúse, omita o retarde el cumplimiento de un fallo, por el solo hecho de resultar adverso a sus pretensiones", concluyeron los dirigentes de Juntos por el Cambio.
Por otro lado apuntaron que el comportamiento de los funcionarios que acusan "no sólo significan una afrenta al sistema republicano de gobierno" sino que también señalaron que "debilitan las instituciones republicanas y aparecen como constitutivas de delitos de acción pública".




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