El gabinete de hoy empezará a librar la gran batalla de todos los años: el proyecto de presupuesto de gastos para el año que viene, que debe cumplir el imperativo del déficit cero. Los ministros ya no tienen que manifestar su necesidad de gastos sino directamente decir si aceptan o no un preproyecto que, bajo el disfraz de «pautas», les hizo llegar Domingo Cavallo. Esa previsión de gastos hace desaparecer, por ejemplo, los fondos ATN a los que echan mano las provincias en crisis financiera. Como esa caja se alimenta de 1% de la masa de impuestos coparticipables, las provincias están dispuestas a defender en la Justicia que les pertenece y que la Nación no puede, por las suyas, apropiársela. El juicio está a estudio de un organismo poco conocido, salvo por los técnicos: la Comisión Federal de Impuestos. Es la distribuidora de la coparticipación y del reparto según el llamado Convenio Multilateral de Ingresos Brutos. Los economistas que integran esa comisión dicen que es plausible ganarle a la Nación esta pelea que, de darse, se librará en la Corte Suprema de Justicia.
La cita de hoy de los ministros con el Presidente promete animación por el tema principal de la agenda: comenzar a discutir el proyecto de presupuesto 2002 bajo el frío del déficit cero. Algunos funcionarios esperan les escuchen la opinión sobre el plebiscito político de noviembre (ver nota vinculada), pero Chrystian Colombo y Domingo Cavallo quieren oírlos sobre cómo van a recortar sus gastos en el nuevo cálculo del presupuesto que tiene que estar en el Congreso.
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Pese a que son los legisladores los responsables de hacer el presupuesto de cada año, la preparación la asume el Ministerio de Economía escuchando las necesidades de cada cartera. Con Cavallo en ese ministerio las cosas son más simples: ya les mandó un proyecto de presupuesto con el cálculo de lo que tienen que gastar el año que viene disfrazado bajo el rótulo de «Pautas para la confección del presupuesto».
El examen que desde hoy rinden los ministros es con qué ánimo defienden o aceptan la propuesta del ministro y del secretario de Hacienda. Fernando de la Rúa se dedicará a observar rostros y gestos no verbales en otro examen, el que terminará con la zaranda poselectoral del elenco de ministros.
La atención del debate estará concentrada en dos áreas del gobierno: Interior y el PAMI. El ministerio de Ramón Mestre tiene que atender la asonada de las provincias, con quien el gobierno tiene pendiente la discusión del reparto actual y futuro de los impuestos en baja de una economía en recesión. La obra social de los jubilados, la soñada «caja de cristal» donde depositó todas sus ilusiones el gobierno de la Alianza cuando asumió, promete ser el «leading case» de una administración de déficit cero, el modelo con que Héctor Lombardo quiere mostrarle a De la Rúa que los radicales pueden administrar bien un ente del Estado, el más caro y el único que le falta apoderarse a Cavallo.
• Pleitos
Mestre llega con una herida abierta pero de la que nadie había advertido al gobierno: las provincias están a punto de iniciarle un juicio a la Nación por los recortes que hizo en lo que va del año de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional). Lo promoverán desde el Consejo Federal de Impuestos, un ente interprovincial de índole técnica que se dedica a administrar los envíos de coparticipación, los numerosos y contradictorios pactos federales y convenio multilateral que reparte el aporte de Ingresos Brutos entre los estados. Ese organismo se expresa mediante una «resolución interpretativa», una de las cuales ha recordado que los ATN son un fondo de propiedad de las provincias que se creó con la ley de coparticipación de 1987 para compensarla a La Rioja de un mal cálculo del porcentaje que le corresponde en el reparto de impuestos. Con el tiempo se amplió su finalidad de asistir a provincias con tribulaciones financieras, para lo cual se alimenta con 1 por ciento del total de la masa de impuestos coparticipables.
En lo que va del año el fondo para los ATN (base de lo que en broma los gobernadores llaman la democracia ateniense) llega al 13 de agosto a los $ 260 millones. En ese lapso el gobierno ha reducido por ATN primero a $ 150 millones, después a $ 80 millones que rebanó con 13%. Quedan en el ejercicio para gastar sólo $ 69,6 millones.
Para peor en el proyecto de presupuesto que les envió Economía como pautas para 2002 la partida de los ATN directamente desaparece, no existe, pasa toda a fondos generales, con lo cual la Nación -dirá la demanda que aprobarán mañana en Buenos Aires un grupo de gobernadores- se apropia de un punto más en el reparto primario de los impuestos con las provincias.
Los ATN han sido históricamente materia por lo menos de descrédito, si no de presunción de corrupción. Una causa que investiga el juez Jorge Urso y, en paralelo, la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia le ha puesto el reflector al reparto de esos fondos en el anterior gobierno (cuando los llegó a recibir una murga de Entre Ríos) y también del actual, sobre el cual ya hay algunos sumarios iniciados.
Para el caso PAMI, el ministro Lombardo tiene una carpeta para refregarle a Cavallo en la cara: se titula PAMI Déficit Cero y la encabeza el lema «Como está el país es una vergüenza pedir plata para el PAMI».
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