Amparos contra el DNU que amplió facultades de Inteligencia: definen si habilitan la feria judicial

En todas las presentaciones judiciales se pidió tratar la cuestión sin demora, de manera urgente durante la feria de verano. Los casos pasaron a la fiscalía para dictamen.

El CELS presentó ayer una acción de amparo colectivo contra el Decreto.

La Justicia definirá si habilita la feria judicial para resolver sobre las presentaciones judiciales contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo reformó aspectos centrales de la Ley de Inteligencia Nacional.

Al menos cuatro presentaciones se hicieron ante el fuero Contencioso Administrativo Federal. Fuentes judiciales confirmaron que las mismas fueron derivadas a la fiscalía del fuero para que dictamine sobre la habilitación de la feria de enero. En todos los planteos se requirió el dictado de una medida cautelar urgente para suspender el decreto.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó ayer una acción de amparo colectivo contra el Decreto. La organización solicitó que se declare la nulidad absoluta e inconstitucionalidad de la norma y reclamó una medida cautelar urgente para suspender parte de sus efectos. También hicieron presentaciones diputados de la oposición, abogados y distintas organizaciones.

En su presentación, el CELS sostuvo que el decreto “amplía de manera imprecisa y genérica las facultades del Estado para desarrollar tareas de inteligencia” y que, como consecuencia, habilita “una intervención directa sobre los derechos y garantías de todas las personas que residen en la Argentina”.

Por ese motivo, la demanda fue planteada como un amparo colectivo, al considerar que el impacto del DNU no es individual sino generalizado.

Según el escrito, el decreto afecta derechos como la privacidad, la autodeterminación informativa, la libertad personal, la participación social y política y la igualdad ante la ley.

En ese sentido, la organización advirtió que la norma “no contiene ninguna consideración sobre los derechos fundamentales en juego” y que sus disposiciones resultan “ilegales, arbitrarias y desproporcionadas”.

Uno de los ejes centrales del planteo es el cuestionamiento al uso del DNU para modificar la ley de inteligencia. El CELS afirmó que el Poder Ejecutivo no acreditó la existencia de una situación de necesidad y urgencia que justificara eludir el debate parlamentario y remarcó que el decreto fue dictado “al día siguiente del vencimiento de las sesiones extraordinarias convocadas por el propio Poder Ejecutivo”. Además, recordó que la Constitución prohíbe el dictado de DNU en materia penal.

Carácter colectivo

En relación con el carácter colectivo de la acción, el escrito subrayó que el decreto constituye una “causa normativa común” cuyos efectos alcanzan a un universo amplio e indeterminado de personas y organizaciones.

La demanda también alertó sobre la ampliación de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, que podrían habilitar la recolección de información personal, la intervención en procesos sociales y la adopción de medidas compulsivas bajo definiciones vagas y ambiguas.

Para el CELS, el decreto “eleva el nivel de sospecha sobre toda la población” y refuerza el carácter secreto de las actividades de inteligencia sin controles adecuados.

Junto con el amparo, la organización pidió la habilitación de la feria judicial, al sostener que se trata de un asunto que “no admite demoras” por la gravedad institucional y la afectación actual o inminente de derechos constitucionales. También dejó planteada la reserva del caso federal, con vistas a una eventual intervención de la Corte Suprema.

También hicieron presentaciones Leopoldo Moreau, Federico Storani, Ricardo Alfonsín, Manuel Garrido y otros exlegisladores, quienes cuestionaron la constitucionalidad del decreto por entender que amplía de forma indebida las facultades de los organismos de inteligencia y vulnera derechos fundamentales de la ciudadanía.

Una de las primeras acciones fue interpuesta por Mónica Edith Frade, Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón, quienes sostienen que el decreto viola el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.