Mientras la agenda sigue copada por la captura de Nicolás Maduro, un sector de la oposición trabaja para dejar sin efecto el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reestructuró –una vez más– la SIDE. A las intenciones de voltear el decreto en el Congreso, se le sumó una nueva vía: la judicial.
El Gobierno busca blindar el DNU de la SIDE en el Congreso ante el avance opositor
Legisladores del interbloque Unidos se presentaron ante la justicia para que el decreto quede sin efecto. Temen que el oficialismo reúna los votos en el recinto. Mientras tanto, se achica la pecera para salir a buscar sufragios en contra.
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DNU de la SIDE: diputados reclaman la conformación de comisiones para debatir el decreto en el Congreso
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Constitucionalistas cuestionaron el DNU del Gobierno que modifica el sistema de Inteligencia
Gabriel Bornoroni, de La Libertad Avanza, y Cristian Ritondo, del PRO.
La semana pasada, el oficialismo sorprendió con la firma del DNU que reestructura la Secretaría de Inteligencia del Estado. El texto encendió las alarmas entre distintos bloques opositores, tanto en Diputados como en el Senado, porque, entre otros ítems, habilita a agentes de la SIDE a aprehender personas. De manera casi inmediata, referentes del Peronismo, Unidos y el FIT expresaron su rechazo en torno a la letra chica del texto.
Lo primero que hicieron fue tomar cartas en el asunto y enviarles notas a los presidentes de ambas Cámaras, Martín Menem y Victoria Villarruel, para que avanzaran en la conformación de dos comisiones bicamerales. Por un lado, la que monitorea los servicios de inteligencia. Por otro, la de Trámite Legislativo, que es la que debe pronunciarse sobre la validez –o no– de los DNU.
Por ahora, esa jugada no surtió efecto. “Nada, ni respuesta”, dijeron fuentes de Diputados a este medio. De todas maneras, esta parálisis no es lo que más le preocupa a los detractores del DNU. Es que la Ley 26.122, que regula este tipo de decretos, establece que, pasados los 10 días hábiles de su comunicación al Congreso, si la bicameral no se pronunció al respecto, ambos recintos quedan habilitados a tratarlo.
El asunto es que, para voltearlo, la oposición deberá reunir quorum en ambas Cámaras. Es decir, sumar 129 voluntades en Diputados y 37 en Senado. Saldada esa instancia, alcanza con una mayoría simple para rechazarlo. Vale recordar que, para que un DNU pierda fuerza de ley, debe ser rechazado por ambas Cámaras. En cambio, alcanza con que una lo avale para que quede blindado. La misión no es para nada sencilla.
Ahora bien, la oposición tiene dos preocupaciones. La primera es no construir la mayoría necesaria para voltear el decreto. La segunda es que el oficialismo inicie una carrera en sentido contrario. Es decir, que reúna los números para ratificarlo en una de los Cámaras y, así, la vigencia del texto quedaría garantizado.
"Van a ir a eso", especularon en la oposición. "No hablamos de eso aun", dijo una alta fuente de LLA de Diputados a este medio.
Hasta hace unos días, uno de los diputados que impulsa el rechazo al DNU estaba “esperanzado” con reunir los votos para rechazar la reforma de la SIDE. Pero confiesa que, con la irrupción de la crisis de Venezuela en la agenda, el asunto se “enfrió”.
De todas maneras, por los plazos que se deben respetar (Jefatura de Gabinete tiene 10 días hábiles para comunicar el DNU y los recintos deben esperar otros 10 días hábiles si la comisión no se pronuncia), la sesión recién se podría concretar en febrero.
Menos votos para salir a pescar
Con el correr de los días, se achicó el margen para salir a pescar votos. Además de que el oficialismo tiene bloques mucho más robusto en ambas Cámaras desde el 10 de diciembre, el PRO ya dio a entender que acompaña el decreto. O, al menos, no rechazó el texto de plano. Ni mucho menos que la reforma sea vía DNU.
Cuando el Congreso volteó el DNU que ampliaba los fondos reservados de la SIDE, el PRO acompañó el rechazo. De allí que un sector opositor se ilusionaba con sumar esos votos. Pero, en la tarde del viernes, se conoció que la bancada del PRO se encuentra analizando el Decreto 941/2025.
“Nuestra postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria, antes de fijar una posición definitiva”, aseguraron desde la bancada amarilla.
Al mismo tiempo, desde el PRO señalaron que “es importante señalar que la modificación de la ley de inteligencia a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) es una herramienta utilizada en el pasado por gobiernos de distintos signos políticos. En ese sentido, entendemos que no se trata de un mecanismo inédito dentro del funcionamiento del Estado argentino”.
Precisamente, haber apelado a un DNU para reconfigurar la SIDE fue uno de los principales cuestionamientos de la oposición. Señalando que, una vez más, el Ejecutivo se desentiende de uno de los poderes el Estado para avanzar con un tema que, consideraron “no es urgente” sino que merece ser tratado y debatido por todas las fuerzas políticas. Y que, para colmo, avanza sobre materia "vedada" por la Constitución.
La vía judicial, el plan B
Los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, junto con el socialista Esteban Paulón intentan mantener el tema activo, mientras las miradas están puestas en Venezuela.
En concreto, este lunes presentaron una acción de amparo contra el DNU en el que solicitaron que “se declare su inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable”.
Asimismo, según difundieron en sus redes sociales, solicitaron la suspensión de los efectos y la vigencia del decreto, junto con “toda normativa o acto dictado en su cumplimiento”.
La postura de los legisladores, que conviven en el interbloque Unidos, es que “no hubo ni hay necesidad ni urgencia”. Al mismo tiempo, denunciaron que el decreto incumple con los requisitos del artículo 99, inciso 3°, de la Constitución Nacional. Es que allí se establecen las materias vedadas, entre ellas, la penal. Y, precisamente, el DNU avanza en este sentido, al otorgar atribuciones al personal de inteligencia que son propias de la Policía Judicial y de las fuerzas de Seguridad, modificando el Código Procesal Penal de la Nación en su artículo 184.
Un antecedente inmediato es el DNU 70/23, impulsado cuando Javier Milei apenas asumía como presidente. Ese texto modificaba cerca de 300 leyes. Precisamente, una parte de ese decreto quedó paralizado mediante una medida cautelar. Puntualmente, la Cámara Nacional del Trabajo suspendió los capítulos laborales argumentando falta de necesidad y urgencia en la materia. Los diputados esperan que algo similar ocurra, pero con la reestructuración de la SIDE.
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