El arranque de 2026 se presentó con asperezas para el gobernador de Córdoba Martín Llaryora debido a que un fallo de la Justicia provincial frenó la aplicación de la Ley de Equidad Jubilatoria, mientras los gremios estatales se organizan para protestar en contra de la ley, que incluiría acciones en los tradicionales festivales que caracterizan a esta provincia. A una semana de una nueva visita del presidente Javier Milei a La Docta, el trascendido encendió las alarmas en las filas libertarias. El frente sindical analiza también la presentación de un recurso judicial conjunto para neutralizar la reforma previsional.
Córdoba: la protesta de estatales contra la ley previsional empañará la presencia de Javier Milei en Jesús María
Dirigentes de gremios estatales se reunieron este jueves para acordar acciones de rechazo a la Ley de Equidad Jubilatoria del gobernador Martín Llaryora. Coordinan una presentación conjunta ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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El Panal, como se conoce a la Casa de Gobierno cordobesa, puso todo para que al borde del cierre de 2025 la Legislatura sancionara, con ajustada mayoría, la Ley de Equidad Jubilatoria que, de acuerdo al argumento oficial, se propone terminar con el déficit de la Caja de Jubilaciones, que para 2026 está previsto en alrededor de $750.000 millones. Este escenario se agrava porque el Gobierno retacea los fondos que debe proveer todos los meses para paliar el déficit por tratarse de una "Caja no transferida a la Nación".
Martín Llaryora firmó en mayo de 2025 un principio de acuerdo con la ANSES por la deuda que mantiene el organismo con la caja previsional de esa jurisdicción, entendimiento que estableció un flujo mensual de $5.000 millones durante un año hasta que se determine el monto final de la deuda a convalidar entre ambas partes. Pero en diciembre último, ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso, el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, afirmó que "no está de acuerdo" con el monto que reclama Córdoba para la caja previsional. Finalmente, el Presupuesto 2026 se sancionó con una cifra menor a la queja cordobesa, por lo que el frente de conflicto permanece abierto.
La sanción de la ley previsional es resistida por los estatales porque supone un incremento en el aporte a la caja -con su consecuente disminución en los sueldos de hasta un 4%- y porque vulnera derechos históricos de los trabajadores, como el descuento en haberes jubilatorios para quienes más perciben, coincidieron dirigentes gremiales de distintas reparticiones. Y entre los más afectados se encuentran los municipales, tanto de la capital provincial como de los municipios, porque son los que perciben los salarios más bajos.
Todos recibieron con beneplácito la decisión de la Cámara Contencioso Administrativa de Tercera Nominación, que ordenó a la Caja de Jubilaciones de Córdoba "abstenerse de aplicar" el artículo 2 de la Resolución 496 del Ministerio de Economía sobre una jubilada provincial, hasta tanto se resuelva el fondo del amparo. En los hechos es una medida de no innovar que puso en guardia al equipo legal del Panal por la neutralización de la ley.
Los gremios estatales se organizan
Sin perder tiempo, este jueves hubo cumbre gremial en la sede del poderoso gremio Unión de Educadores de Córdoba (UEPC), en el centro de la capital, de la que participaron referentes de la docencia, secretarios generales que integran la Federación Sindical de Municipales de Córdoba, los tres sindicatos de Luz y Fuerza (Córdoba, Río Cuarto y la Regional Villa María) y referentes de las delegaciones de la Asociación Bancaria y el sindicato de Judiciales. En rigor, la dirigencia escuchó las opiniones de los abogados y en los próximos días definirán una presentación judicial conjunta en contra de la ley previsional, tanto ante la Corte Suprema provincial, como ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Desde lo sindical, una fuente de la dirigencia de UEPC, consultada por Ámbito, informó que a partir de febrero cada uno de los sindicatos brindará asesoramiento a los afiliados para avanzar en presentaciones judiciales individuales. Pero, además, desde este viernes se iniciará una campaña de visibilización y difusión de las demandas "con la presencia durante la transmisión televisiva del Festival de Doma y Folclore de Jesús María, que se replicarán posteriormente en el Festival de Cosquín y el Festival de Peñas de Villa María".
Esta última decisión encendió las alertas en La Libertad Avanza cordobesa porque, aunque no lo confirmó la Casa Rosada, el presidente Javier Milei visitaría el próximo 16 de enero el Festival de Doma y Folclore de Jesús María, en donde ya estuvo dos veces la vicepresidenta Victoria Villarruel. Por estas horas, la preocupación en las filas libertarias es evitar cualquier acción que pudiera empañar la presencia del jefe de Estado y de la dirigencia cercana, teniendo en cuenta que referentes políticos suelen aprovechar estos encuentros populares para ganar en presencia.




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