El juez federal Daniel Rafecas amplió el procesamiento al detenido exsecretario de Obras Públicas, José López, a su esposa Amalia Díaz, como partícipe necesario y a dos empresarios, Eduardo Gutiérrez y Andrés Galera, como testaferros, en la causa por enriquecimiento ilícito a raíz de la propiedad de una casa en Dique Luján, informaron fuentes judiciales.
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En una resolución de casi 700 páginas, el juez Rafecas amplió el procesamiento por el delito de enriquecimiento ilícito y elevó su embargo a $ 220 millones, al atribuirle como propio el terreno y la casa de Dique Luján, valuada en unos u$s 700.000, en la que vivía junto con su esposa.
Asimismo, dictó el procesamiento de la esposa de López, María Amalia Díaz, como "partícipe necesaria" en el delito de su marido, al tenerse por probado que participó activamente en la incorporación del inmueble al patrimonio de López, desde un comienzo y hasta su finalización, a sabiendas de que los recursos destinados al efecto eran injustificables a partir del salario de su esposo y del patrimonio familiar previo.
También el magistrado procesó como "partícipes necesarios" en la maniobra, a los empresarios Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez, al aparecer como sucesivos titulares del dominio de la citada propiedad, Galera entre 2008 y 2010, y Gutiérrez desde 2010 hasta la actualidad, cuando el Juez dio por probado en la causa, que el verdadero dueño de la misma sería desde un comienzo José Francisco López, quien dio innumerables muestras de actuar siempre como "propietario" y no como "inquilino" de Gutiérrez, por ejemplo, al encargar y mandar a construir un nuevo cuarto para destinarlo a gimnasio, a un costado de la vivienda.
Por ejemplo, se probó que el matrimonio López controló el progreso de toda la obra, desde la demolición del casco anterior hasta la terminación final de la casa, que se hizo según sus indicaciones. De hecho, según la decisión de Rafecas, "su fachada de contrafrente resultó ser a imagen y semejanza de la vivienda que los López poseen en Río Gallegos".
"En tal sentido, las titularidades de dominio tanto de Galera como Gutiérrez se reputaron como ficticias y aparentes, así como también el contrato de locación extendido por Gutiérrez en favor de López a partir de 2011, el cual además, tenía un precio que estaba muy por debajo del valor locativo real fijado por la tasación oficial dispuesta oportunamente por el juez", indicó el Centro de Información Judicial (CIJ).
En la resolución, Rafecas dispuso mantener la prohibición de innovar respecto de la citada finca, con vistas a su eventual futuro decomiso, remate y reintegro de los recursos al Estado Nacional, a partir de una eventual condena por estos hechos en un juicio oral y público.
Por otra parte, el juez dispuso la falta de mérito de Inés Aparcio, uno de las religiosas del monasterio de General Rodríguez, por entender que no hay pruebas suficientes para considerar que encubrió al detenido exsecretario de Obras Públicas, la madrugada del 14 de junio pasado, cuando éste intentó esconder casi 9 millones de dólares en ese lugar.
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