Aprobaron dos leyes que pidió Washington

Alicia Castro, Guillermo Cantini, Ariel Basteiro y María Elena Barbagelata, presenciando ayer la votación en la Cámara de Diputados de la ratificación de los dos tratados internacionales para combatir el terrorismo. Fue minutos antes que comenzara el conflictivo informe del jefe de Gabinete.

La Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley ayer dos proyectos que ratifican convenios internacionales y que apuntan a agravar las penas para delitos vinculados con actos terroristas, dos normas que habían sido solicitadas por el gobierno nacional.

Se trata de dos iniciativas que habían sido tratadas la semana pasada por los diputados, pero cuya aprobación pasó a cuarto intermedio por falta de quórum luego de que se agotara la lista de oradores anotados para exponer, y cuya aprobación era de particular interés para el gobierno de Estados Unidos luego de los atentados del 11 de setiembre de 2001.

Tras retomar la sesión, los diputados aprobaron las iniciativas por amplia mayoría con el respaldo del justicialismo y del radicalismo, y el rechazo de un amplio sector de la izquierda que cuestionó fuertemente ambos convenios. El oficialista diputado Miguel Bonasso pidió expresamente que se consignase su voto negativo sobre las dos iniciativas.

La ratificación de los convenios internacionales -que cuentan con sanción del Senado había sido solicitada semanas atrás en el Congreso por el canciller Rafael Bielsa.

Entre los aspectos más polémicos de los convenios, los diputados hicieron referencia a la falta de definición precisa del hecho terrorista, ya que para algunos sectores ese punto podría permitir aplicaciones arbitrarias extensivas de las normas planteadas.

El primero de los convenios, aprobado en diciembre de 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), particulariza el aspecto de la represión de la financiación del terrorismo. Uno de los rasgos salientes de este convenio es el que habilita el principio de extraterritorialidad, contra la antigua tradición que tiene la Argentina sobre las jurisdicciones soberanas.

Por otra parte, el tratado solicita a los estados que adhieren la instauración de un amplio régimen interno normativo para bancos e instituciones financieras, en especial sobre la identificación de los clientes.

Ese texto asume además la obligación de establecer un régimen jurídico y administrativo para prevenir, combatir y erradicar las distintas formas de aporte de fondos de las actividades que se consideren terroristas.

El otro de los tratados aborda el fenómeno en sus aspectos más generales, fue suscripto en Bridgestown, en la convención de la OEA, en junio de 2002 y establece sanciones contra el delito en aviones y aeropuertos, acompañadas de penas más duras para el financiamiento del terrorismo en la región.

El convenio de la OEA pone fin a la figura de «delito político» como una razón para denegar un pedido de extradición de algún sospechoso de terrorismo. Dispone además la denegación de condición de refugiado, una tradición internacional para la protección de perseguidos políticos en sus países de origen y contempla también el traslado de personas bajo custodia de un país a otro.

La semana pasada, la defensa de ambos proyectos estuvo a cargo del titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, el justicialista Jorge Argüello, quien destacó que los convenios buscan « reforzar los mecanismos de prevención» en la lucha contra el terrorismo.

«La inacción es el suicidio. Ratificando estas convenciones estamos ratificando el involucramiento de nuestro país en este debate, lo contrario es quedar afuera de las cosas que el mundo debate hoy», aseveró Argüello en su exposición.

Entre los discursos más críticos estuvo el del diputado nacional de Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora, que habló durante más de una hora, y consideró que los proyectos «no pretenden terminar con el terrorismo», a la vez que atribuyó el debate de la iniciativa al «interés» de Estados Unidos. Desde el radicalismo, el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Federico Storani, señaló que « existe un nexo muy fuerte entre terrorismo y narcotráfico» y dijo que «llama la atención que el gobierno nacional traiga estos proyectos cuando acaba de ocurrir el peor escándalo de narcotráfico». El tratamiento de estos convenios -que habían obtenido sanción el año pasado en el Senadofue varias veces postergado en la Cámara de Diputados, donde finalmente lograron convertirlo en ley antes de la presencia del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para brindar su informe mensual.