Aprobaron polémica reforma educativa

La nueva oposición peronista del Congreso: el santacruceño Eduardo Arnold, Luis Barrionuevo (Catamarca) Marina Cassese, Eduardo Camaño y Aníbal Stelle (Buenos Aires), antes de votar la ley educativa.

El Congreso de la Nación convirtió ayer en ley el proyecto de financiamiento educativo, que prevé aumentar en un plazo de cinco años la inversión para la enseñanza educativa hasta llegar a 6 por ciento del PBI. El proyecto, que había sido debatido la semana pasada por el Senado, fue aprobado ayer por amplia mayoría en la Cámara de Diputados -204 votos contra 37-, lo que permitió la sanción definitiva de la ley con el respaldo de la mayoría de las bancadas, a excepción del radicalismo y otros bloques minoritarios.

El proyecto concentra más poder en el uso de fondos a la Nación, algo que les place a los funcionarios y también a los sindicatos. La marcha atrás en la descentralización, creen los gremios, puede darles un nuevo protagonismo nacional.

El debate se abrió con un discurso de la presidenta de la comisión, Silvia Esteban (FpV-Santa Cruz), quien aseguró que es «una ley fundamental porque estamos tratando una iniciativa que forma parte de la estrategia para fomentar el crecimiento del país». La sesión contó con la presencia del ministro de Educación de la Nación, Daniel Filmus -uno de los principales impulsores de la ley-, que se ubicó en uno de los palcos para escuchar los discursos de los legisladores. Tras la aprobación del proyecto, Filmus destacó la importancia de la sanción de esta ley «para saldar buena parte de la deuda educativa» que tiene el país con el sector, y puso de relieve que se trata del «primer escalón para discutir el año próximo una nueva ley federal de Educación». El proyecto fue defendido por el titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, quien sostuvo que la ley apunta a darle a la Argentina «el perfil social que alguna vez tuvo el país», al destacar el consenso logrado para su elaboración junto con organizaciones gremiales y docentes, quienes presionaron para disminuir la descentralización educativa que les quitaba poder de lucha.

La nueva ley ata los fondos destinados a Educación al crecimiento del producto cuando la lógica más elementalindica que es difícil que el PBI aumente sin que Educación tenga más presupuesto para mejorar su eficiencia.

Desde el radicalismo, en tanto, el titular del bloque de diputados de la UCR, Fernando Chironi, justificó el rechazo de esa bancada a la iniciativa y consideró que el proyecto «no es equitativo porque no contempla la realidad de las provincias y pone la carga más pesada sobre ellas». A través de Martha Maffei, el bloque del ARI sostuvo que esa bancada comparte el proyecto «para una mejor inversión porque el conocimiento no es neutral», aunque consideró que se trata de una ley «insuficiente e injusta que prevé en uno de sus artículos que las provincias no cumplan con la inversión en Educación». También, desde el interbloque macrista de Propuesta Federal, el diputado Esteban Bullrich, se manifestó a favor pero pidió «una mejor distribución del gasto y de la inversión».

El proyecto establece que el gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aumenten la inversión en Educación, en conjunto, entre los años 2006 y 2010 hasta llegar a seis por ciento del Producto Bruto Interno (PBI).