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A pesar de que está pendiente mañana una reunión del bloque PJ para intentar modificar el texto que llegó de Diputados y así salvar a magistrados y embajadores, el grueso de los compañeros de José Luis Gioja no quiere pagar el costo político de aparecer en algunos medios como defensores de las mal llamadas jubilaciones de privilegio.
No hay disensos, salvo excepciones, a la hora de suprimir los regímenes especiales «políticos» de ex funcionarios del gobierno y del Congreso. En cambio, varios legisladores ya advirtieron en el recinto (cuando se aprobó en general, la semana pasada) que, además de declarar la inconstitucionalidad, los tribunales obligarán a pagar al Estado por recortes «arbitrarios», si se afectan los derechos de los magistrados que están protegidos por una cláusula constitucional que habla de la intangibilidad de los salarios. Al igual que los diplomáticos, hacen aportes extraordinarios en actividad y, en consecuencia, merecen quedar afuera del techo de $ 3.100.
Sobre el costo que traería la litigiosidad en caso «de que se afecten los derechos adquiridos de los jueces», el radical mendocino Raúl Baglini presentó una serie de cifras para alertar a sus compañeros de que no aprueben una medida «que tendrán que pagar todos los argentinos».
También los peronistas Cristina de Kirchner y Eduardo Menem mantuvieron amplias diferencias al momento de interpretar la opinión vertida por uno de los abogados impulsores del proyecto, Luis Moreno Ocampo. El día del tratamiento, Ocampo advirtió que los senadores debían tener especial atención al evaluar la derogación de los regímenes de los jueces y de los diplomáticos.
Esta intervención del representante de Poder Ciudadano fue interpretada por Eduardo Menem como «un pedido para dar una solución justa a fin de evitar, a posteriori, más juicios y problemas».
Moreno Ocampo había dicho, además, que «en Diputados sin una discusión clara se preservó el régimen de los maestros, policías, mineros y los científicos, y se derogó el de los jueces y diplomáticos».
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