14 de julio 2008 - 00:00

Apura Macri sanción de dos leyes para calmar a proveedores

Mauricio Macri
Mauricio Macri
Mauricio Macri espera que, tras la semana dedicada al conflicto entre gobierno y campo, los diputados aceleren la actividad, inquieto por lo que considera alguna mora legislativa en el distrito que gobierna. El jefe de Gobierno requiere de normas que tienen que ver con el financiamiento de la Ciudad que, a mitad de año, no ha recaudado todo lo que esperaba a pesar de la suba que se registró en la caja de Rentas. La semana pasada, tras varias postergaciones, los diputados le otorgaron el permiso para la emisión de bonos por $ 1.600 millones, aunque su colocación sea hoy incierta. Pero ahora ha mirado el calendario y apura por otras tres -de cerca de 30 proyectos que ya envió este año- que quiere tener sancionadas antes de las vacaciones de invierno, con la certeza de que los legisladores abandonarán la actividad durante el receso escolar.

Al bloque PRO le trasmitirá ese pedido, hoy, Horacio Rodríguez Larreta, mientras Macri, en ocasión de dos presentaciones intentará reforzar su postura con respecto al campo. Verá la oportunidad tras la reunión de gabinete, rutina de los lunes, y también cuando anuncie que cambiará la ayuda social de cajas alimentarias por la de los llamados vales ciudad, que cree «eliminan el clientelismo».

  • Objetivo

  • Buscará así, el jefe de Gobierno, compensar los diez días de ausencia por su gira a China para entrometerse en las cuestiones nacionales, como le reclama su entorno. Ni bien llegó, la semana pasada, ya disparó contra la ley votada en Diputados y aventuró una crisis similar a la de 2001 si el Senado no cambiara el miércoles la norma.

    Dejará entonces Rodríguez Larreta pasar esta semana cuyo final nadie quiere pronosticar, pero hoy les comunicará a los legisladores del macrismo que el jefe porteño quiere que apuren, para antes de la última semana de julio la sanción de tres normas.

    Una es la referida a la autonomía del Teatro Colón, que conduce Horacio Sanguinetti, quien la semana pasada logró un acuerdo judicial con un ex profesor del Colegio Nacional Buenos Aires, que le evitó que una causa por supuestas calumnias continúe.

    Los diputados le han prometido que se estaría por llegar a un acuerdo, que por cierto resiste el kirchnerismo, para que el Colón funcione como una empresa estatal.

    Pero hay otras dos normas que, de no aprobarse con cierta celeridad le complican a Macri el desarrollo de obras y reparaciones en la Ciudad. Son las dos leyes referidas al trato con proveedores.

    Uno de esos proyectos, casi un «pagadiós», busca la emisión de documentos para cancelar $ 800 millones de deuda que vienen de la gestión anterior. Es decir, que ya tienen, como poco, siete meses de retraso en la cancelación de las facturas. Son contratistas que actualmente prestan servicios a la Ciudad y que podrían declararse en rebeldía ante la falta de una solución para esas deudas que comenzaron a reclamar ni bien Macri tomó el despacho de Bolívar 1. Pero, para compensar la mora, el macrismo quiere la sanción de otro proyecto, que es el de redeterminación de precios. De esa manera podrá actualizar las deudas y también cree que dará tranquilidad a los proveedores para agilizar la readecuación sin tener que contar con un permiso especial de la Legislatura.

  • Compensación

    En principio, la oposición quiere el detalle de esas cuentas, para analizar cuánto se debe de trabajos y servicios y cuánto de actualización. Desde la oficina de Hacienda, que conduce Néstor Grindetti, se ha convencido a la mayoría de los acreedores acerca de la compensación que representará la ley de redeterminación de precios y a la vez un pagaré a largo plazo para cancelar facturas del año pasado.

    Esa buena voluntad, sin embargo, teme el macrismo que rompa el límite. Por eso el jefe porteño quiere que la Legislatura, la próxima semana vote a favor de esas dos normas, además de la autonomía del Teatro Colón.

    Para el regreso de las vacaciones, la agenda se verá aún más compleja: todavía no se aprobó la ampliación del Presupuesto por unos $ 600 millones para hacer frente al aumento salarial que otorgó el gobierno al plantel de municipales y también a la planta política, incluidos ministros. Antes de setiembre, también tienen que estar aprobados los pliegos para la concesión de un nuevo servicio de recolección de residuos domiciliarios, que cambiará el sistema y ampliará los plazos, pero del que sólo tendrán participación tres empresas. Y en setiembre será el turno de la ley de presupuesto, el primero que se aprobará con Macri en el cargo.
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