Argentina acusa hoy en La Haya por papeleras

El gobierno iniciará el camino que eligió para solucionar el conflicto con Uruguay sobre las papeleras y calmar los ánimos de los ambientalistas entrerrianos. La denuncia presentada ante la Corte Internacional de La Haya produjo, hasta ahora, un solo efecto: conseguir que los manifestantes levantaran el corte de los puentes que comunican con Uruguay. Desde hoy, se deberá demostrar, además, que la vía de La Haya sirve también para solucionar el conflicto de fondo y lo que es tan importante como eso: frenar la construcción de las plantas de celulosa. Será difícil que eso suceda -lo reconoce la propia delegación que presentará hoy alegatos frente a los 17 jueces y los abogados uruguayos-. Se espera que la Corte Internacional intime a que se realice un nuevo y exhaustivo informe sobre el impacto ambiental «permanente» que pueden producir esas plantas. El resultado se verá con la respuesta al pedido de amparo a fines de julio. El fallo de fondo saldría dentro de cinco años. De no conseguir una suspensión, las plantas continuarán su construcción y en ese plazo comenzarán a funcionar, pero el país podrá exhibir que se comportó según el Tratado de Río Uruguay que prevé esta instancia en La Haya antes de emprender otros mecanismos.

La carátula de la demanda argentina ante el tribunal de La Haya que busca frenar la construcción de plantas papeleras contaminantes en el Uruguay está redactada en francés y la firma el canciller Jorge Taiana.

Se inicia hoy la primera audiencia donde la Argentina y Uruguay dirimirán el conflicto por las papeleras de Fray Bentos ante la Corte Internacional de La Haya. La Argentina deberá fundamentar su denuncia sobre el daño ambiental permanente que producirán las pasteras y explicar la necesidad de una medida cautelar que suspenda la construcción. Esa difícil decisión de la Corte Internacional se conocería, de todas formas, recién a fines de julio, antes de que el tribunal inicie su receso de verano.

La audiencia comenzará hoy con la presentación argentina por ser el denunciante. Durante tres horas, de las 10 a las 13, hora de Holanda, (5 a 8 hora argentina) Susana Ruiz Cerrutti -en francés, el mismo idioma en que se presentó la demanda ante la Corte-, Romina Picolotti -en este caso en inglés- y los abogados extranjeros contratados por el país argumentarán la tesis del daño irreversible y permanente que acarreará la instalación allí de las plantas. En la Argentina, se podrá seguir el proceso mediante un resumen de prensa que darán por «Canal 7» los protagonistas en las dos horas de intervalo posteriores, antes que comience a las 15, de La Haya, la presentación uruguaya.

Después de las ocho de la mañana de hoy «Canal 7» transmitirá imágenes de la audiencia en la Corte, al mismo tiempo que radio «Nederland» emita su cobertura.

El proceso que comienza hoy no es uno más, ni siquiera para la propia Corte Internacional. Se lo considera allí histórico por no haber antecedente de un conflicto de este tipo sometido a ese tribunal. Por eso el refuerzo de los medios de comunicación y la transmisión especial prevista por la propia Corte. Las imágenes de televisión serán provistas únicamente por el organismo y no se podrán tomar fotografías durante el proceso. La prensa podrá seguir las deliberaciones desde una pantalla gigante en la sala de prensa, pero no dentro de la «Grande Salle de Justice du Palais de la Paix», tal el nombre del recinto donde la Corte recibe las audiencias. Mañana las partes debatirán o rebatirán los argumentos del otro, según está estipulado en un plazo de dos horas cada una.

La denuncia de la Argentina contra Uruguay se basa en la violación del Estatuto del Río Uruguay firmado en Salto el 26 de febrero de 1975 y que entró en vigor el 18 de setiembre de 1976 en lo referente al pedido de autorización para la construcción de las dos plantas procesadoras de celulosa.

Argumentación

En ese marco, la Argentina argumentará que no se han efectuado todas las medidas preventivas y precautorias y que, por lo tanto, el daño ambiental a provocarse puede llegar a ser «algo más que presumible». Por eso el énfasis de la Cancillería en la falta de un «estudio de impacto ambiental transfronterizo, acumulativo e independiente» a las partes en litigio.

En ese marco los derechos que la Argentina intentará salvaguardar en su acusación son:

El derecho a que Uruguay respete las obligaciones previstas por el Estatuto de 1975 sobre la realización de cualquier obra que pueda afectar el curso del río o la calidad de sus aguas.

El derecho a que Uruguay no autorice ni impulse la construcción de obras susceptibles de causar perjuicios en el río.

Y el derecho de la Argentina de que la población ribereña del río Uruguay cercana a las plantas a construir, vivan en un entorno sano y no sufran daños a la salud, económicos o cualquier otra naturaleza.

Después vendrá el debate sobre las tecnologías de blanqueo, la utilización de cloro, las dimensiones de las plantas y el hecho de que el río Uruguayes poco caudaloso, dañaránel medioambiente.

El fallo final de la Corte Internacional demorará entre tres y cinco años. Para ese momento el equipo argentino explicará hoy que sin la adopción de las medidas de conservación pedidas, la puesta en servicio de las «usinas» de celulosa -plantas CMB y Orionprovocarán perjuicios graves e irreversibles al medioambiente en el río Uruguay.

Hechos consumados

Pero además se reconoce ante el tribunal que la no suspensión de la construcción alimentaría la decisión unilateral de Uruguay de trabajar sobre una política de hechos consumados: sería imposible frenar todo el proceso con las pasteras funcionando.

Por eso la necesidad de que el tribunal emita una medida cautelar como la pedida por la Argentina para suspender la construcción. En la delegación argentina se cree que la Corte no dictará inicialmente una medida de ese tipo, algunos creen que ese éxito será casi imposible para la Argentina. Pero confían en que primero llamará a las partes a la realización de un nuevo informe ambiental, dictamen que estaría acompañado de una advertencia a Uruguay sobre la posibilidad de ordenar la suspensión de obras si no accede a los estudios. Mientras tanto, seguirán por años analizando la cuestión de fondo.