Argibay no es una jurista y, encima, sus dichos provocan

Hay un tipo de periodismo argentino -demasiado simplista para la profesión, por cierto- que necesita buscarle (o inventarle) males a otro medio de prensa para disimular muchas veces sus propias carencias. La revista «Noticias» suele requerir notas de periodistas de Ambito Financiero, porque sabe que, por ser colegas, no se las negarán. En las últimas notas de este tipo consideran, por caso, que es exagerado este diario en defender la libertad y señalar la ideologización del gobierno o, siendo benignos, «a la que se lo quiere llevar». Siempre existieron los que, sin ser de izquierda, la sirven involuntariamente. Son incapaces de pensar que se podría silenciar a sus propios medios o prohibirles la propiedad privada. Siempre hubo este tipo de ingenuidad en el mundo y así fue pagado el simplismo de no cuidar el valor de la libertad. A quienes sirven a su propia autodestrucción con candidez aquel fallecido político Francisco Manrique -más de una vez lo dijimos- los llamaba «idiotas útiles» en un diario vespertino que se llamaba «Correo de la Tarde». Fijémonos cómo un editorial lógico y preventivo de males de «La Nación» coincide con algo que ya Ambito Financiero había advertido y que a «Noticias» le pareció exagerado, propio de «dinosaurios». El editorial de «La Nación» (titulado «La postulación de Carmen Argibay») es del 25 de enero último y en sus partes salientes expresa:

La decisión del Poder Ejecutivo Nacional de nominar a la doctora Carmen Argibay para la Corte Suprema de Justicia parece confirmar una peligrosa inclinación del primer mandatario a crear en el alto tribunal una mayoría de similar ideología a la suya.

Desde el punto de vista profesional, los antecedentes de la candidata que el gobierno acaba de difundir evidencian que la doctora Argibay no es una jurista que se haya dedicado al estudio del Derecho. Su tarea se ha concentrado en el área del Poder Judicial.

Hay, sin embargo, un aspecto que no debe ser soslayado, referido a la ostensible imprudencia en sus primeras declaraciones periodísticas, efectuadas apenas se conoció su postulación a la Corte.

Por un lado, se pronunció expresamente en contra de la constitucionalidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, un asunto que está pendiente de estudio de la Corte Suprema y en el que, de producirse su designación, debería intervenir. Si bien aclaró que se pronunciaba «como ciudadana», se puede vislumbrar cuál será su voto. Lo ha anticipado. Además, es inadmisible que pretenda desdoblar su personalidad aduciendo que opinaba como ciudadana.

Mucho menos se comprende cuál fue la intención que tuvo al definirse como «atea militante», una expresión que parece implicar una actitud beligerante hacia la mayoría de argentinos que creen en un Dios. Si bien es cierto que está en todo su derecho de manifestar cuál es su posición en materia religiosa, no parece que esto sea central para cubrir un cargo en el máximo tribunal del país, a la vez que -sin lugar a dudas-resulta ofensivo y provocativo para un amplio sector de la población argentina. Igualmente cuestionables resultan sus afirmaciones justificando el aborto.

La prudencia es una virtud cardinal de un juez, y estas declaraciones, como otras que publicó en 2001 en una revista especializada en relación con su actuación en el Tribunal de Tokio 2000, arrojan dudas sobre la candidata. Si se atiende al requisito de la idoneidad que establece la Constitución nacional, parece no ser la doctora Argibay la más calificada que se podía haber nominado.

Hay, en el mundo jurídico nacional, profesionales mucho más idóneos para esta excelsa función que supieron destacarse tanto en la cátedra o en la magistratura como en la profesión.

Más allá de todas estas consideraciones, resulta sumamente preocupante la manifiesta intención del Presidente de completar las «vacantes» que se van produciendo en la Corte con candidatos que son ideológicamente afines con su visión de la sociedad. Es posible que Eugenio Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay no se subordinen al Poder Ejecutivo si éste intenta forzar sus pareceres en temas administrativos o políticos, pero es absolutamente previsible cuáles serán sus opiniones en cuestiones como la nulidad de las leyes de amnistía, por citar sólo un ejemplo.

El primer mandatario debe comprender que de su próxima decisión depende no sólo la suerte y el prestigio de la Corte como institución, sino la percepción que la sociedad tendrá del máximo tribunal y por ende de la Justicia. Por eso, sería prudente que en el futuro piense cómo se puede formar una Corte creíble.